La aplastante victoria del temido proxeneta

En la acera, las chicas hacen la calle mientras sus chulos beben y juegan, día y noche, en el bar de enfrente, con las ganancias que ellas están obligadas a entregarles al terminar la jornada. Los policías hacen la vista gorda a cambio del dinero que los proxenetas les meten en la gorra, y este ecosistema en el que todos los varones (clientes, agentes, “protectores”) quedan satisfechos fluye con normalidad hasta que irrumpe en el barrio un policía nuevo con la mirada limpia y sin corromper. El primer día, el tabernero le da un consejo: “Ser honesto en un mundo deshonesto es como desplumar una gallina contra el viento. Se te llena la boca de plumas”. La cita de Irma la dulce (Billy Wilder, 1963) resume el desenlace de unas cuantas investigaciones judiciales y parece escrita para el que pasará a la historia como el mayor sumario contra el proxenetismo en España, el caso Carioca de Lugo.

Trece años transcurridos, 275 tomos, 370 testigos y unos 90 imputados. Tanto titular de prensa y tanto ruido para tan pobre desenlace. Después de quedar casi impunes la mayoría de los delitos investigados, la pieza principal por la que se juzgaba al dueño de los burdeles en el epicentro de la trama, el Queen’s y La Colina, se saldó a finales de 2021 con un acuerdo de conformidad entre la fiscalía y los acusados: José Manuel García Adán y su mano izquierda, José Manuel Pulleiro, además de la exnovia del segundo. Lo que se desplumaba aquí pasó de orondo capón de Vilalba a caldo limpio de pollo para un enfermo: los más de 520 años que reclamaba al principio como castigo el ministerio público se redujeron a una docena entre los tres condenados, que prácticamente compensan con el tiempo que pasaron en prisión provisional.

En el reparto, al cabecilla de la red, actualmente entre rejas por maltratar a la madre de su hija, le correspondieron unos siete años de cárcel, cuando al principio eran casi 269. Así se saldan 54 delitos de prostitución coactiva, 27 contra los derechos de los trabajadores y otros de amenazas, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública por la venta de droga en sus locales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. A principios de este mes de marzo, Adán volvió a sentarse en el banquillo por videoconferencia desde la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas, esta vez por una pieza sobre falsedad documental. El fiscal defendió que los delitos habían prescrito, y de nuevo el cabecilla de la Carioca, con el viento a su favor, avanzó varias casillas más para pisar la calle. Así se va allanando la senda de los permisos penitenciarios para uno de los presos de España con más órdenes de alejamiento (casi 60) respecto de mujeres que fueron sus víctimas. Aunque no todas las que cayeron en la red lo temen: alguna brasileña de trágica historia se ha hecho tatuar en un brazo el nombre de Adán, rodeado de flores.

La voluminosa causa instruida por la jueza Pilar de Lara —hoy apartada de Lugo por el Consejo General del Poder Judicial tras culparla de “retrasos injustificados”— se dividió en 2013, por decisión de la fiscalía de la ciudad gallega, en 49 piezas. Y en eso que el fiscal jefe del momento denominaba “desguace” muchas se estancaron años y se redujeron a chatarra. Porque los graves episodios relatados (que salpicaban también a influyentes empresarios y políticos) se consideraron caducados; o porque los (y las) fiscales llamados a asumir la acusación en cada pieza no alcanzaron a ver los delitos, fraguados en un clima de extrema violencia contra la mujer. Esto sucedió sobre todo, para estupor de los colectivos gallegos contra la trata, con aquellos capítulos que involucraban a policías nacionales, municipales y guardias civiles en el mismo tuétano de la trama investigada. Con el fin de proteger a las testigos, la jueza llegó a desterrar de Galicia a varios de ellos.

En el juicio de finales de 2021, uno de los abogados de los acusados que lograban ese ventajoso acuerdo de conformidad con la fiscalía era aquel que una vez profetizó —palabra usada en una queja al Defensor del Pueblo de los colectivos antitrata— a la magistrada anticorrupción lo que luego le pasó. Según trascendió en diciembre de 2015, el célebre Cándido Conde-Pumpido Varela (más tarde letrado de José Manuel Pulleiro, encargado de los burdeles de Adán) aconsejaba por correo electrónico a De Lara, que entonces investigaba a políticos, no revolver con tanto ahínco en el fango. El abogado le advertía de un supuesto plan para apartarla: “Ya sabe cómo empieza esto. Primero la prensa se vuelve en contra, empiezan con ataques gratuitos, escarban en la vida privada, las conferencias dadas, anteriores resoluciones y luego va subiendo de intensidad. La fiscalía empieza a pedir cosas raras, la audiencia revoca y adopta resoluciones poco entendibles. Se empiezan a sufrir visitas de la inspección y de la noche a la mañana te encuentras sumido en un infierno mediático y judicial en contra. Mi consejo es que intente apartarse y vaya con pies de plomo, pues cualquier traspié será utilizado para ridiculizarla y acusarla de realizar investigaciones prospectivas”. Parece, con otras palabras, el aviso del tabernero sobre el peligro de desplumar gallinas contra el viento.

Las historias pavorosas que recogen decenas de miles de folios con membrete del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo engrosan ya la crónica negra de la ciudad, pero se han quedado apenas sin castigo. Los proxenetas, los agentes de todos los cuerpos del orden que han acabado desimputados y todos los engranajes de esta bien engrasada maquinaria de “esclavismo”, como la definía la jueza instructora, salen airosos si se les compara con las mujeres extranjeras, sobre todo brasileñas, que el entramado captaba en zonas pobres, donde muchas de ellas dejaban familias a su cargo. Las que han llegado al final de esta causa como víctimas del clima de terror y explotación en el que trabajaban, la sentencia de la pieza principal dictamina que deberán recibir como compensación por “daños morales” una cantidad variable que va de los 1.000 o 2.000 euros a unos 4.000 en los mejores casos. “Se han dictado fallos por mordedura de perro en Lugo con indemnizaciones más altas”, reprocha uno de los abogados que dieron amparo a las víctimas de Adán en la Carioca.

El club sin condón

En nada quedó la pieza que rastreó el patrocinio del jefe del Queen’s a un equipo de fútbol de policías. O la que destapó la prostitución de una menor colombiana que tenía la fecha de nacimiento cambiada a boli en el pasaporte. En aquel club, el Liverpool, no había ni agua caliente para lavarse después de cada “pase” y el dueño invitaba a las chicas a hacerlo sin condón porque total, los clientes eran “viejos” de “aldea” que, como es sabido, “están limpios”. Entre otras resoluciones de la fiscalía que levantaron ampollas en la Rede Galega contra a Trata y el colectivo Impunidade Carioca por su “pátina machista” estuvo la decisión de librar del banquillo a un policía nacional investigado por hacer la vista gorda en Barajas o al agente municipal que, según la jueza, era socio empresarial del Queen’s, donde se paseaba con uniforme y consumía sexo y copas gratis, transportaba mujeres y hasta les vendía lencería y ropa falsificada.

En otra polémica decisión, la fiscalía exculpó en bloque a más agentes investigados por omisión del deber de perseguir delitos. En el sumario aparecían llegando al club en los coches patrulla, asistiendo a fiestas de Adán, disfrutando sin pagar. “Mira ahí tenéis a mis vacas, solo saben beber y pacer, así están de gordas”, les decía el proxeneta hablando de sus víctimas, introducidas de forma ilegal en España, según recoge la causa. “Entraban en el club como si de la comisaría se tratase, por la puerta de los empleados, y comían y cenaban con Adán en la cocina, vino y jamón”, rememoraba en su carta al Defensor la Rede contra a Trata. Mientras tanto, el dueño de otro de los burdeles fundamentales de la trama, el Eros, vio reducida la pena de 26 años a solo tres y medio. Un año antes, en 2019, quedaron desimputados un ex subdelegado del Gobierno y un excomisario de la policía nacional. “Tenemos una extraordinaria justicia, pero siempre hay alguna manzana podrida”, declaraba uno de ellos en alusión a la instructora.

El aborto sin anestesia

Hay tantos relatos sórdidos, en boca de las testigos, con los que se construyó el sumario Carioca que darían para una saga novelesca. Ahí quedaron, por ejemplo, para alimentar ya nada más que la leyenda, las investigaciones del juzgado acerca de una supuesta chica desaparecida por la que preguntaban las pintadas con las que un día amaneció la ciudad: “¿Dónde está Ana?”. El infalible olfato de Elton, uno de los mejores sabuesos especializados en detectar el rastro de cadáveres que tuvo la Guardia Civil, marcó la tierra de un agujero que un día, cuando el Queen´s ya estaba precintado, apareció abierto bajo el suelo de cemento de la trastienda del club. Los análisis de las muestras tomadas no dieron resultado. Pero distintos testigos describieron desde diversos ángulos escenas de suma violencia, palizas, tiroteos, insultos y amenazas. S.F.O., una de las mujeres de origen latinoamericano, declaró que el jefe del Queen’s las incentivaba así para trabajar: “¿Quiénes sois? Nadie, nada. Si os pasa algo, ¿quién va a preguntar por vosotras? Nadie. Yo os pego un tiro, os llevo a enterrar a una gruta y nadie pregunta”.

A finales de 2020 otro acuerdo entre fiscalía y letrados reducía a la mínima expresión la condena por el aborto a la fuerza de una chica colombiana de 18 años, Angie Palencia, en una clínica ilegal, con la maquinaria averiada y sin anestesia. El supuesto padre de la criatura no llegó al banquillo, Adán fue condenado a un año y el médico se haría cargo del grueso de la indemnización de 4.000 euros a la víctima. Pero la muchacha, que había logrado rehacer su vida y trabajaba en Media Markt, murió de cáncer antes de ver llegar, a paso lento, la justicia.