El PP vuelve al poder en Valdemoro, la capital del ‘caso Púnica’

La trama corrupta del caso Púnica sigue pendiente de juicio, pero el electorado ya ha absuelto al PP. Ocurre en Valdemoro (80.000 habitantes), el municipio madrileño que está en el corazón de esta madeja de mordidas a cambio de contratos públicos que ha llevado a investigar a tres exalcaldes conservadores, entre los que se encuentra el también exsenador, exconsejero regional y exsecretario general del PP autonómico Francisco Granados. El estallido de la polémica, en 2015, provocó un terremoto político y judicial que acabó con 15 años seguidos de gobiernos del PP. Por aquel entonces aún seguían muy presentes en las decisiones de los electores las andaduras de Granados y el constructor David Marjaliza, amigos desde niños, cuando correteaban por las calles de Valdemoro respondiendo a los apodos de Chirrín y Mortimer. Pero ya no. El 28-M, nueve años después de que la Guardia Civil irrumpiera en el Ayuntamiento igual que lo hace en las películas, y tras gobernar la ciudad CS y el PSOE entre 2015 y 2023, el PP ha recuperado el poder.

“Se ha olvidado la corrupción, la corrupción ya no penaliza a nadie”, se lamenta Serafín Faraldos (PSOE), alcalde entre 2017 y 2019. “La prueba es que CS y PSOE nos hemos comido toda la podredumbre, como la deuda que dejaron los del PP en el Ayuntamiento; que hemos pagado la fiesta de Granados en el Ayuntamiento; que el pueblo está hundido... y que la gente les ha devuelto el poder”, sigue. “Les da igual la ruina de un pueblo, quieren soluciones rápidas”, añade. “Y así da igual que Valdemoro tuviera que estar en una jaula de oro”, sigue en referencia a un agujero económico que llegó a los 100 millones de deuda, que está en unos 29 ahora mismo, y que tendrá que seguirse pagando hasta enero de 2029, según el plan de pagos municipal.

El fantasma del exalcalde sobrevuela la campaña electoral del 28-M, pero no la decide. Da igual que ya haya sido condenado a dos años de prisión por el chivatazo con el que un guardia civil le avisó de que estaba siendo investigado. O que a día de hoy esté procesado en otras tres piezas pendientes de juicio, entre ellas la de la financiación ilegal del PP de Madrid. Su partido se ha impuesto en las elecciones de 2023 con una oferta electoral canónica para un alcaldable (limpieza, seguridad e infraestructuras) a la que añade un poco de ETA, un bastante de Sánchez, y un mucho de Isabel Díaz Ayuso.

Durante semanas, David Conde, el candidato del PP, se arremanga para contarle su proyecto a los vecinos. Promete un nuevo contrato de limpieza. Identificar a través del ADN las heces caninas que ensucian la ciudad. Aumentar la plantilla de policía. O asfaltar las calles. El pasado, la deuda, las concesiones que siguen vivas de la época de la Púnica, se soslayan y diluyen en el mar del efecto Ayuso. Porque Conde tiene ayuda. Mucha ayuda. Hasta Valdemoro se desplazan para apoyarle la consejera Paloma Martín; el portavoz del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines; el vicepresidente de la Cámara, Jorge Rodrigo; además de una de las diputadas de moda entre los conservadores, Elisa Vigil. También Díaz Ayuso, por supuesto. El esfuerzo del PP es máximo, porque recuperar Valdemoro es poner una pica en el sur de la región, y abrir, según esperan en el partido, un tiempo nuevo.

“[La corrupción] es un tema que ha sucedido, no podemos obviarlo, lo tendrán que juzgar los jueces, pero la gente ya está mirando al futuro, independientemente de las responsabilidades de cada uno, que se deben asumir, por supuesto”, analiza Conde, tras imponerse en las elecciones con 11 ediles, por siete del PSOE, cuatro de Vox y dos de Más Madrid. “La gente ha preferido pasar página”, diagnostica. “Esto lo ha sufrido todo el mundo, pero quienes estamos en el partido somos de los principales perjudicados. No es una situación fácil, pero se asume, y sabemos que tenemos los mimbres y equipos necesarios para sacar adelante la ciudad”.

Conde sabe de lo que habla, porque ya fue alcalde de Valdemoro. Al cargo llegó en noviembre de 2014 como consecuencia de las detenciones de la Púnica, que incluyeron la del regidor de entonces, José Carlos Boza. “Quiero pedir perdón públicamente, tanto en mi nombre como en el de mis compañeros de grupo político”, dijo entonces, con el salón de plenos ocupado únicamente por el PP, pues el resto de partidos lo habían abandonado en señal de rechazo a la corrupción.

Todo aquello empieza con un aviso procedente de Suiza. L’Operación Parcelle, abierta en 2012 por la fiscalía federal helvética, investiga a Marjaliza bajo la acusación de “blanqueo de dinero agravado”. De él saben los investigadores que es un “promotor inmobiliario en España, representante, único accionista y administrador colectivo de 67 empresas”, que, además, está relacionado con el ”hombre político español” Francisco Granados. Un dirigente, además, que ha acumulado 1,5 millones de euros entre 1999 (año en el que se convierte en alcalde de Valdemoro) y 2013 en una cuenta abierta en Suiza.

¿De dónde ha salido ese dinero? El político, que había sido comisionista de bolsa, defiende que nada tienen que ver con su actividad política. Sin embargo, el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, y la Fiscalía Anticorrupción, sospechan que tiene un origen ilícito, y que es fruto de comisiones recibidas de constructores por recalificaciones fraudulentas de terrenos y adjudicaciones de obras en la época en que fue primer edil de Valdemoro. Todo estalla el 27 de octubre de 2014, cuando son detenidos 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar presuntamente implicados en una trama corrupta que adjudicaba contratos públicos millonarios a cambio de mordidas. Una red de intereses cruzados que se concentra fundamentalmente en Madrid, pero con ramificaciones en Castilla y León, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Porque en 1999, Granados llega a la Alcaldía de Valdemoro “dispuesto a enriquecerse”, según un escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Y para ello, se afirma en un documento del sumario, la mano derecha de Esperanza Aguirre presuntamente “habría abusado del poder que tenía” para impulsar diversas actuaciones urbanísticas “como mecanismo de enriquecimiento personal, dejando de lado el interés general”. Entre ellas, presuntamente, la venta de parcelas públicas por debajo de su valor real, recalificaciones de terrenos rústicos adquiridos por otros implicados y la manipulación del plan general de ordenación del municipio. Todo ello, supuestamente, a cambio de “ingentes comisiones [...] en severo detrimento de las arcas públicas del Ayuntamiento”.

En estos supuestos amaños, Anticorrupción considera que Granados contó presuntamente con el apoyo tanto de su mano derecha en el Consistorio, el concejal del PP José Miguel Moreno Torres ―que luego le sustituiría como alcalde y sería grabado pidiendo dinero para irse de vacaciones― como de los constructores Ramiro Cid y David Marjaliza, así como “con el respaldo y asesoramiento de técnicos municipales”. La trama, presuntamente, permite construir a unos y a otros un fabuloso patrimonio. Y a Marjaliza, en concreto, hasta una envidiable colección de obras de arte valorada en 15,6 millones y compuesta por piezas de Eduardo Chillida, Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Manolo Valdés, el Equipo Crónica, Juan Uslé y Torres García.

Casi una década después, los investigadores siguen deshaciendo esa intrincada madeja que sirvió para esquilmar los recursos municipales, dificultando la gestión de la ciudad. Pero los electores ya han absuelto al PP, que ha recuperado el poder en Valdemoro.

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