Granados cobró en bienes inmuebles por dar contratos a la trama Púnica

Francisco Granados Lerena, de 50 años, secretario general del PP de Madrid hasta 2011, salió este viernes a las 17.30 en un furgón de la Guardia Civil con rumbo a la prisión de Soto del Real. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó su encarcelamiento sin fianza como pieza clave de la red de tráfico de influencias y cobro de comisiones investigada en la Operación Púnica. En el mismo vehículo policial también era conducido a prisión el constructor David Marjaliza Villaseñor, de 46 años, amigo de juventud de Granados y supuesto cerebro de la red de amaño de contratos públicos a cambio de mordidas.

La semana más larga de Granados y Marjaliza, detenidos el pasado lunes por la Guardia Civil en una macro-operación con 51 arrestados, terminó este viernes, tras más de 100 horas de detención, de la peor manera para ellos: con un auto de prisión incondicional bajo el brazo. El magistrado, que mantiene la causa bajo secreto, apenas dedicó en su resolución, de nueve folios, un sucinto párrafo a cada uno.

En el caso de Granados, Velasco le acusa de beneficiar a su amigo Marjaliza y a otros empresarios en materia de contratos públicos y urbanismo. El político no reservó su influencia para favorecer a otros sino que también trabajó para sí mismo: por sus gestiones, los empresarios supuestamente le pagaron con “diversas operaciones inmobiliarias”, que el auto no especifica.

El magistrado afirma que la participación de Granados en la “red de tráfico de influencias” se desarrolló “a lo largo de su carrera pública”. El ex número dos del PP madrileño —apartado del cargo orgánico por Esperanza Aguirre en 2011- ha ocupado diversos puestos de responsabilidad: alcalde de Valdemoro (1999-2003), consejero de Transportes (2003-2008) y consejero de Presidencia, Justicia e Interior (2008-2011). Tras una destitución que arrojó más dudas que certezas en 2011, Granados permaneció como diputado en la Asamblea de Madrid y senador. Y abandonó ambos escaños el 21 de febrero pasado tras conocerse que tenía una cuenta en Suiza con 1,6 millones de euros.

Esta cuenta corriente es el origen de la investigación de la Unidad Central Operativa que ha acabado con Granados, Marjaliza y otras cinco personas en prisión incondicional. Pese a que la operación se bautizó como Púnica por derivación de Punica Granatum,nombre científico del árbol granado, el auténtico “núcleo de la organización criminal”, según el juez, es el empresario Marjaliza.

Este promotor inmobiliario, que presidió Nuevas Generaciones en Valdemoro y fue concejal junto a Granados en ese municipio entre 1995 y 1999, está al frente de un “amplio entramado empresarial” absolutamente dependiente de las decisiones políticas. Tener a su amigo Granados al lado le permitió hacerse con contratos públicos de obras y servicios, concesiones administrativas y promociones y recalificaciones urbanísticas. Según el magistrado, Marjaliza lograba “adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros, recibiendo una comisión por su actuación”.

El conseguidor de contratos Marjaliza creó, según Velasco, un “complejo entramado empresarial” para “ocultar los beneficios de su actividad, tanto la lícita, como la delictiva”. El magistrado cree que el constructor es “el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas” e insiste en que hizo del delito un “modus vivendi [modo de vida]”. Velasco le imputa la lista más nutrida de delitos de toda la red: blanqueo, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, utilización de información confidencial, malversación, prevaricación, falsificación documental y fraude.

Un furgón celular trasladó este viernes a Soto del Real a los dos amigos. O a los que, al menos hasta ahora se tenían por tal. Las distintas estrategias de defensa probablemente agrieten una amistad de años. Mientras que Marjaliza optó por acogerse a su derecho a no declarar ante el juez —en coherencia con la denuncia de detención ilegal (habeas corpus) presentada por su abogado en la noche del jueves y que fue desestimada por la juez de guardia— Granados sí respondió a las preguntas del magistrado y la fiscalía.

Durante dos horas y media, el político trató de descargar toda la responsabilidad de las cuentas en Suiza en su amigo el empresario. Según fuentes de su propia defensa, Granados negó ante el magistrado el cobro de comisiones ilegales a cambio de mediar en la adjudicación de contratos públicos y aseguró que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad de Marjaliza.

Granados explicó, según las mismas fuentes, que abrió una cuenta en Suiza en 1996 porque el agente bancario con el que operaba hasta entonces se cambió de entidad. Y aseguró que en el año 2000, un año después de su elección como alcalde de Valdemoro, la cedió a Marjaliza y recuperó los 320.000 euros que tenía en este depósito.

El exdirigente del PP madrileño rechazó también que fuera socio en negocios con su amigo constructor. Respecto a la transferencia de 1,6 millones de euros en 2013 que dio pie a que Suiza notificara a la fiscalía española la existencia de la cuenta de Granados, este explicó que en realidad se trata de un traspaso de fondos entre dos depósitos de Marjaliza, y que la cuenta de destino del dinero ya no era suya pese a figurar como titular.

Según su versión, el banco no le dejó cerrar la cuenta, como era su intención, y le exigió que llevara a otro titular, para lo que eligió a Marjaliza, de quien es amigo desde el colegio.

Granados también negó haber firmado un contrato de compra-venta con la constructora Dico, que operaba en Valdemoro, para adquirir un chalé con un precio superior a los 300.000 euros. Según fuentes de su defensa, al dirigente popular le ofrecieron el inmueble aunque lo rechazó por entender que no le convenía adquirir una vivienda tan lujosa en el municipio.

La vinculación del exdirigente popular con este inmueble fue desvelada por el director financiero de Dico, David Merino, en 2008 en una declaración realizada ante un notario. En ella sugería que el inmueble nunca fue pagado por el exalcalde.

Por otra parte, ocho de los encarcelados el miércoles y el jueves bajo la fórmula de prisión eludible bajo fianza han depositado ya la garantía y saldrán de la cárcel este viernes. Se trata de los tres directivos de Cofely, Didier Maurice, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández, que han prestado 100.000 euros cada uno. En el grupo del Ayuntamiento de Valdemoro figuran Alfredo Ovejero, jefe de gabinete, que ha puesto 25.000 euros; José Javier Hernández, concejal de Hacienda (60.000 euros) y José Luis Navarro Soto, arquitecto municipal (100.000 euros). Antonio Serrano (100.000 euros) y Eduardo de la Peña (50.000 euros), supuestos testaferros de Marjaliza también han prestado la fianza.