Un arranque mucho mejor de lo esperado
La investidura aún está muy lejos, costará muchísimo y puede no salir, pero el Gobierno está eufórico por la imagen de una mayoría progresista clara frente a la soledad del PP
En una sesión parlamentaria sin intervenciones de los líderes, algo muy inusual, el lenguaje gestual cobra una importancia especial. Y la euforia del jueves durante la sesión constitutiva de las Cortes mostrada por el Gobierno, con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz aplaudiéndose, sonriendo, abrazándose, y la satisfacción de los principales negociadores del PSOE —Félix Bolaños, Santos Cerdán, María Jesús Montero— contrastaba mucho con un PP que se quedó mucho más solo de lo esperado.
El estreno del escaño de diputado de Alberto Núñez Feijóo no pudo ser más deslucido. El Congreso no reflejó en absoluto la victoria electoral que él viene reclamando, sino una realidad muy clara: solo hay una mayoría posible, y es la que gira alrededor de la coalición y un gran acuerdo con nacionalistas e independentistas. O esa mayoría se consolida para la investidura de Sánchez o habrá repetición electoral. No hay más opciones. La primera sesión dejó más en evidencia que nunca lo que ya veían los dirigentes del PP desolados la noche electoral: que Feijóo no puede gobernar y solo puede confiar en una segunda oportunidad en forma de nuevas elecciones.
El Gobierno transmite mucha cautela, porque la investidura aún está muy lejos. Costará muchísimo y puede no salir, dadas las dificultades de la negociación que viene ahora y las peticiones maximalistas de los independentistas —amnistía y referéndum de autodeterminación—, pero la euforia es indisimulable ante un arranque de legislatura mucho mejor de lo esperado para el Ejecutivo.
La fotografía de los votos es rotunda, y en el Gobierno están sorprendidos de que la estrategia del PP dejando a Vox fuera de la Mesa haya permitido esa imagen: frente a una mayoría progresista muy cómoda de 178 escaños —Francina Armengol salió elegida con muchos más votos que Meritxell Batet, que no tuvo mayoría absoluta y necesitó una segunda votación porque no contaba con el apoyo de los independentistas—, un PP casi en soledad con solo 139. En el Ejecutivo, en el PSOE y en Sumar no entienden que Feijóo haya aceptado meter a Vox en el Gobierno de cuatro autonomías y 140 ayuntamientos, entre ellos varias capitales de provincia, y ahora rechace darle un puesto en la Mesa del Congreso justo cuando está presumiendo de que tiene 172 escaños y por eso merece intentar la investidura.
Lo que ahora es euforia, pocas horas antes era angustia porque la negociación no se cerró hasta la noche del miércoles. Por momentos, Junts y ERC amenazaron con tumbar la Mesa y abrir paso a una presidenta del PP, Cuca Gamarra. En el PSOE y en Sumar tenían muy claro que eso implicaba ir a repetición electoral, porque era inviable gobernar con el Senado y la Mesa del Congreso en manos del PP. Costó muchísimo convencer tanto a Junts como a ERC de que debían sacar las posiciones más extremas, especialmente la amnistía, de la ecuación de un pacto que solo era para la presidencia de la Mesa. Llevó muchas horas de negociación discreta, por teléfono, por videoconferencia, y en la última semana ya en persona. Pero finalmente se logró, y eso quiere decir muchas cosas desde el punto de vista político.
Para empezar, que es posible lograr algo muy difícil: meter en la misma ecuación y con distintas negociaciones —no hubo unidad de acción— a Junts y ERC, rivales eternos del independentismo, que vienen de una dramática fractura que implicó romper el Gobierno de coalición en Cataluña.
Pero sobre todo, la gran novedad que deja esta negociación, como todas las de la coalición hasta el último minuto y sin certezas, pero de nuevo con resultado exitoso —hasta tres Presupuestos y 200 leyes se hicieron así en la pasada legislatura—, es que Junts está dispuesta a jugar políticamente. Esta era una de las grandes preguntas de las últimas semanas. ¿Querrá abrir el juego negociando o apostará por romperlo todo? La respuesta ha sido muy evidente. El Gobierno y Junts han negociado muy intensamente, como lo ha hecho ERC, y de ahí han salido acuerdos claros sobre el uso de las lenguas, sobre comisiones de investigación de Pegasus y de los atentados en Barcelona y Cambrils. Y en el caso de ERC además sobre la “desjudicialización” del procés, en línea con lo que ya se hizo en la anterior legislatura, cuando se cambió el Código Penal para reducir las posibles condenas de los independentistas. ERC insiste en que eso implica una amnistía, pero eso está aún muy lejos.
Y ese será precisamente uno de los puntos más delicados de la negociación que empezará la próxima semana, la de la investidura. El referéndum de autodeterminación es inviable. Si la cosa se enroca ahí, el riesgo de repetición electoral es muy alto. Pero sí está encima de la mesa la posibilidad de explorar vías para intentar buscar soluciones jurídicas, algo que el Gobierno ya hizo en 2022 con la polémica reforma del Código Penal para derogar la sedición y modificar la tipificación del delito de malversación, que luego fue infructuosa porque el Tribunal Supremo la convirtió casi en papel mojado.
La negociación que viene, centrada en este tipo de cuestiones y otras muchas de fondo —financiación, inversiones, o una gran revisión del modelo autonómico como pide el PNV para resolver el problema para muchos años— será mucho más complicada que la actual. Nadie sabe si lo lograrán o habrá nuevas elecciones. Pero esta primera sesión ha dejado una cosa muy clara: todos los actores de la mayoría progresista quieren jugar, saben negociar y pueden llegar a acuerdos. La investidura de Sánchez no es pues una quimera. Pero queda muchísimo para lograrla, y todo puede fallar al final. En las dos últimas ocasiones —2015 y 2019— España necesitó dos elecciones para tener un Gobierno. Ahora hay que ver si a la tercera va la vencida o se repite la historia.
