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La tardanza en la publicación de la amnistía pone en jaque el plan de Puigdemont de regresar para la investidura

El plazo del primer trámite de la ley dificulta que el ‘expresident’ aclare su situación antes del 25 de junio, fecha tope para que el Parlament proponga un candidato

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, durante un acto de la campaña de las elecciones europeas. Detrás, el cabeza de lista de Junts, Toni Comín.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, durante un acto de la campaña de las elecciones europeas. Detrás, el cabeza de lista de Junts, Toni Comín.David Borrat (EFE)
Marc Rovira

Si el calendario de regreso a Cataluña sin riesgo de ser detenido que anunció Carles Puigdemont durante la campaña electoral ya jugaba con unos plazos ajustados, ahora la tardanza en la publicación de la ley de amnistía se ha encargado de meter más apremio. La convocatoria, este lunes, del pleno para elegir la Mesa del Parlament activa la cuenta atrás para nombrar a un presidente de la Generalitat. “Con el calendario electoral en la mano podré estar presente en el debate de investidura”, declaró antes de las elecciones catalanas Puigdemont. Al desvincular su retorno de las posibilidades que pudiera tener de salir o no escogido, quedó subrayado en rojo el 25 de junio, fecha tope para que el Parlament proponga un candidato a president.

Los cálculos de Junts per Catalunya (JxCat) hacían prever que, para esa fecha, inmediatamente posterior a la verbena de Sant Joan, fiesta grande en Cataluña, la amnistía ya desplegaría sus efectos. La ley fue aprobada el pasado 30 de mayo, pero el texto sigue sin aparecer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), requisito indispensable para su validación. Las previsiones que baraja el Gobierno contemplan oficializar la publicación el martes.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y uno de los encargados de diseñar las demandas de JxCat para el articulado de la ley, ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha retenido la publicación para que el PSOE no saliera perjudicado durante la campaña de las europeas, y también porque tenía “miedo al empuje electoral” del expresident. Boye ha llegado a acusar al Gobierno de hacer “muchas cosas que son rayanas con la ilegalidad”.

Las dudas sobre el retorno del expresident contagian de incertidumbre las negociaciones que llevan a cabo los partidos en Cataluña para definir quién se hace, este lunes, con la presidencia del Parlament. Una decisión que le pondrá cara a la segunda autoridad de Cataluña, un cargo con una remuneración anual de 140.000 euros, pero que sobre todo mostrará quién cobra ventaja en la carrera por gobernar la Generalitat.

La aplicación de la ley a Puigdemont

La ley de amnistía apareció publicada este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y solo falta que aparezca en el BOE para que entre en vigor. Ha pasado más de una semana en el congelador tras su aprobación en el Congreso y la demora desbarata las previsiones y complica los planes de regreso de Puigdemont, que se marchó de España en 2017 para evitar ser juzgado por su participación en la organización del referéndum del 1-O. “Estamos a las puertas del retorno”, proclamó este viernes el candidato de JxCat a las europeas, Toni Comín.

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Junts defiende que su intervención en el redactado de la amnistía fue determinante para hacer “una ley robusta” y para evitar recovecos procesales que permitan demorar el carpetazo judicial a las causas del procés. Se ha alimentado la idea de que la publicación de la amnistía implica, automáticamente, levantar las medidas cautelares, como órdenes de arresto, y abrir así las puertas de par en par a Puigdemont y a aquellos que se marcharon de España para no rendir cuentas ante la justicia. En la práctica, no todo se anuncia tan mecánico.

Los magistrados del Tribunal Supremo dudan de que se pueda levantar una medida cautelar antes de aclarar si un imputado se puede beneficiar o no de la ley. En caso de que se publique el martes, el Supremo abrirá un periodo para que las partes personadas en la causa de Puigdemont hagan sus consideraciones sobre cuál debe ser el camino procesal. La duración de ese trámite no está fijada pero acostumbra a ser de diez días hábiles. Los tiempos que exige la tramitación complican que Puigdemont pueda llegar al 25 de junio con una idea rotunda acerca de cuál es su situación judicial. En ese caso, el regreso lo dejaría expuesto a la posibilidad de ser detenido.

Comín se marchó de España en 2017 junto a Puigdemont y ambos han compartido escaño de eurodiputado los últimos cinco años. El ahora eurocandidato ha proclamado que el regreso será conjunto y ha insistido en la necesidad de que Junts batalle para hacerse con la presidencia de la Generalitat. Los números no ayudan. Puigdemont sacó 35 escaños, siete menos que el PSC, y para hacerse con el mando del Palau de la Generalitat precisaría, además del imprescindible apoyo de ERC y de la CUP, que Salvador Illa y los suyos se abstuvieran para hacerlo president.

ERC en la encrucijada

La campaña de las europeas ha condicionado las negociaciones en Cataluña. Los partidos han puesto el volumen a tope en sus mítines para tratar de movilizar a una población saturada de dar paseos hasta el colegio electoral. Han sido dos elecciones en un mes, cuatro en el último año. Al mismo tiempo, los partidos han evitado que trascendieran los acuerdos que tantean con fuerzas rivales.

Tras el batacazo que sufrió Pere Aragonès el 12 de mayo, ERC conserva en su mano un valioso comodín: si apoya la investidura de Illa, el camino hacia la Generalitat del candidato del PSC será cuesta abajo; si, por el contrario, opta por dar alas a las pretensiones de Junts y ayuda a tejer un acuerdo con la CUP, aumentan las posibilidades de que el Parlament entre en un bloqueo y se encasquille la designación de un president. Un eventual acuerdo tripartito de socialistas, comunes y republicanos cuadra la mayoría absoluta. El bloque independentista, en cambio, queda lejos de esa mayoría, incluso en el caso de que la ultraderecha identitaria de Aliança Catalana decidiera apostar por Puigdemont. En el horizonte aparece una posible repetición electoral en otoño.

ERC afronta la encrucijada con sus líderes haciendo las maletas. Aragonès ha comunicado que lo deja, lo mismo que la secretaria general del partido, Marta Rovira. El presidente, Oriol Junqueras, anunciará este lunes a la permanente del partido que abandona temporalmente sus tareas de mando, a la espera de poder ser rehabilitado por la militancia en un congreso en noviembre.

Antes de abordar las intrigas sobre quién se queda con la Generalitat, los partidos tienen este lunes una primera refriega. Hay que votar la composición de la Mesa del Parlament y elegir al presidente que la comanda. Su posición de bisagra convierte a Esquerra en favorita para tomar el relevo de la presidenta saliente, Anna Erra (Junts). Los republicanos han hecho sonar varios nombres para asumir el encargo, desde Joan Ignasi Elena a Ester Capella, pero una de las últimas órdenes de Junqueras antes de marcharse ha sido avalar a Laura Vilagrà, vicepresidenta del Govern de Aragonès. La votación se prevé tensa tras la decisión del Tribunal Constitucional de invalidar el posible voto telemático de Puigdemont y Lluís Puig, diputado de Junts que también se marchó a Bélgica. Junts y ERC ya han avanzado su intención de desobedecer.

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