Radiografía electoral | Islas Baleares: equilibrios en la España que se llena

En las Islas Baleares ya es verano. O lo parece. Las calles rebosan de visitantes, la planta hotelera está abierta casi al completo y la maquinaria turística aspira a una temporada de récord. Sin embargo, el revés de esa moneda muestra las dificultades de acceso a la vivienda para los residentes y la saturación de unas infraestructuras que colapsan ante ese incremento repentino de población. En este contexto, la izquierda balear aspira a revalidar en las elecciones del 28 de mayo el éxito de las dos últimas citas electorales, para encadenar una tercera legislatura de Gobierno progresista tripartito. Las encuestas dan la victoria al PP, pero dibujan a la vez un panorama muy ajustado, con un práctico empate entre los bloques de izquierda y derecha. La búsqueda del equilibrio para que una industria turística que lo condiciona todo en el archipiélago no termine pasando por encima de sus residentes —y del entorno natural— aparece como una de las principales claves del futuro y también de la batalla electoral.

La cara de la moneda habla de una comunidad cuyo PIB creció un 14,2% el año pasado —casi nueve puntos más que la media española— y que cerró 2022 con una tasa de paro del 10,9%, por debajo de la media nacional (aunque en el primer trimestre de este año está muy por encima: 18% frente al 13,2%, lo que da una idea del alto componente de estacionalidad del empleo en Baleares). Una comunidad en la que viven 1,2 millones de personas y que, por ejemplo, el 5 de agosto —el día de mayor afluencia de 2022— llegó a casi duplicar esa cifra de población, según el índice de presión humana del Instituto Balear de Estadística. El año pasado visitaron las islas 16,4 millones de personas, que dejaron en el territorio más dinero que nunca: unos 17.000 millones de euros, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El turismo, principal motor económico de la región, parece totalmente recuperado después de la estocada que supuso la pandemia. Y sobre esa recuperación los partidos plantean un funambulismo: la necesidad de gestionar los flujos turísticos protegiendo, al mismo tiempo, el medio ambiente.

La preservación del entorno natural

El Gobierno de coalición (formado por PSOE, Més per Mallorca y Podemos) ha impulsado leyes de calado en ese sentido en estos cuatro años: la reforma de la Ley Turística —que impone un techo de plazas hoteleras y una moratoria para la creación de nuevos alojamientos—, el decreto ley para espaciar la entrada de los grandes cruceros en los puertos o la ley contra el turismo de excesos, uno de los caballos de batalla históricos en el sector. También los tres gobiernos insulares que están en manos progresistas —Mallorca, Menorca y Formentera— han promovido iniciativas, como la imposición de un número máximo de vehículos que pueden entrar en esta última, una medida que se quiere exportar al resto de islas. “Los retos de la Administración comienzan por valorar la importancia de la contribución del turismo al bienestar, directo e indirecto, de la sociedad”, dice la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, María Frontera, quien también señala asignaturas pendientes: mejorar la formación y la productividad del capital humano, modernizar los destinos con criterios de sostenibilidad y caminar hacia la simplificación administrativa y el alivio de la carga fiscal.

Pero la llamada desestacionalización, el reparto de los visitantes durante todo el año, sigue siendo un objetivo que no termina de hacerse realidad, a pesar del compromiso de los distintos gobiernos que han tomado la vara de mando en las islas. “Aquí padecemos las consecuencias del turismo masivo en todo su esplendor. El encarecimiento de los precios y el problema de vivienda es una deriva de ese modelo superturístico”, apunta Amadeu Corbera, presidente del grupo ecologista GOB. Los ecologistas sostienen que el balance de aprobación de leyes en defensa del territorio “es pobre”, aunque reconocen avances “importantes” como la ley balear de cambio climático, que pone freno a los coches de combustión, o el decreto de Posidonia, que protege uno de los principales tesoros naturales del Mediterráneo.

Viviendas por las nubes

La cruz de las Islas Baleares pasa ahora, sin duda, por unos precios de la vivienda completamente disparados que en este momento superan los 3.700 euros el metro cuadrado (casi un 12% más que hace un año), según datos del portal inmobiliario Idealista. La oferta de alojamiento, tanto de compra asequible como de alquiler, es mucho menor que la demanda que tiene que asumir una comunidad que no ha dejado de crecer en población en los últimos años, hasta alcanzar 1.232.000 habitantes al cierre de 2022 y con unas proyecciones que, según el INE, la llevarán a crecer un 25% de aquí a 2037.

La infraestructura habitacional se va quedando corta para atender la demanda, a pesar de que en los últimos cuatro años se ha pisado el acelerador para ampliar el parque de vivienda pública, que ha crecido un 73% en esta legislatura con 1.300 viviendas (en la última legislatura del PP no se hizo ninguna). A los problemas del mercado inmobiliario se suma el imparable proceso de gentrificación (el desplazamiento de población residente por el aumento de los precios y la conversión masiva de inmuebles en pisos turísticos) de buena parte de los barrios de Palma e Ibiza, colonizados por propietarios millonarios del norte de Europa y por franquicias con las que no pueden rivalizar los pequeños comerciantes o los residentes de toda la vida.

“La gentrificación nos preocupa mucho, la manera en que se expulsa a través de los alquileres turísticos” dice Gloria Olmos, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Baleares. A pesar de que el primer Gobierno de la socialista Francina Armengol impuso fuertes restricciones al alquiler vacacional —que está prohibido en todos los pisos y apartamentos de la capital balear con el respaldo del Tribunal Supremo—, la plataforma cree que es necesario “un mayor control y una mejor inspección”, labores que dependen de las administraciones de cada una de las islas, los consejos insulares.

Un Parlamento fragmentado

El Gobierno tripartito ha avanzado en otras cuestiones olvidadas por Ejecutivos anteriores, como la memoria democrática, con la apertura de decenas de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo o la eliminación de simbología franquista de las calles. Un despliegue de la ley autonómica que las entidades especializadas ven peligrar si la derecha y la extrema derecha ganan las elecciones. “Esperemos que no se produzca este cambio y avancemos para que la memoria democrática sea una cuestión de Estado”, afirma Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación Memoria Democrática de Mallorca.

“Un Gobierno de la derecha es una vuelta al pasado, una destrucción de todo lo que se ha avanzado. Volver a hablar del impuesto de sucesiones, de la segregación en las aulas y del catalán”, dice uno de los principales colaboradores de Armengol. La lengua ha sido una de las armas esgrimidas por la oposición durante la legislatura, en la que el Gobierno de coalición ha aprobado una Ley de Educación que solo reconoce al catalán —no al castellano— como lengua vehicular en la enseñanza y blinda el modelo por el cual el 50% de las horas lectivas deben ser en catalán, dando autonomía a los centros educativos para decidir sobre el resto. Vox ha centrado también sus ataques contra el decreto que, desde 2018, exigía al personal sanitario de la comunidad que acreditara un conocimiento del catalán para poder ascender laboralmente o cobrar complementos salariales. Después de que los tribunales anularan ese decreto, están exentos de acreditar el nivel de catalán los profesionales sanitarios que concurren a plazas consideradas deficitarias, las que tienen falta de personal.

“El PP no hará de la lengua una batalla política, pero eran los propios profesionales quienes advertían de que, si al coste de la vida le sumaban el requisito del catalán, eso tendría un efecto disuasorio a la hora de fidelizar médicos en Baleares”, señalaba poco antes de la campaña la candidata del PP, Marga Prohens. Los populares centran sus propuestas en una reforma fiscal, incentivos a los propietarios para aumentar la oferta de viviendas en alquiler y la derogación del techo de plazas turísticas. Lo que ya no defienden, a pesar de que durante años fueron partidarios de ello, es suprimir el impuesto de turismo sostenible, la conocida como ecotasa, que grava las estancias de los turistas que llegan a las islas.

La secretaria general de los socialistas baleares, Francina Armengol, se presenta a la reelección para seguir presidiendo el Gobierno que comparte con Més per Mallorca y Podemos, cuyos candidatos no repiten. Las tres formaciones han convivido en los últimos cuatro años sin apenas sobresaltos, salvo algún amago de abandono de los econacionalistas que finalmente quedó diluido. Enfrente han tenido a un PP que ha tratado de recomponerse de los añicos en los que José Ramón Bauzá —ahora eurodiputado por Ciudadanos— convirtió el partido hace ocho años. Tras el abandono del líder que siguió a Bauzá, Biel Company, el partido proclamó a su actual presidenta y candidata, Marga Prohens, que ha pasado los últimos cuatro años como diputada en Madrid y apenas ha confrontado con Armengol en un Parlamento muy fragmentado, con representación de ocho formaciones políticas. En todo caso, nada es seguro para ninguna de ellas el 28-M, pues la historia demuestra que en Baleares, en ocasiones, las mayorías se deciden por muy poco.