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Baleares dejará sin pluses a los médicos que no aprendan catalán

El Gobierno de Armengol da luz verde al decreto que regula el conocimiento del catalán para los trabajadores de la sanidad

El Consejo de Gobierno de Baleares ha dado luz verde este viernes al decreto que regula el conocimiento del catalán para los trabajadores de la sanidad pública de las islas. El título de la lengua cooficial no será necesario para presentarse a las oposiciones y obtener una plaza pública, aunque los profesionales que no acrediten el conocimiento del catalán en un plazo de dos años tras obtener el puesto tendrán vetado el cobro de los pluses de carrera profesional y el acceso a los concursos de traslado.

La presidenta de Baleares, Francina Armengol.
La presidenta de Baleares, Francina Armengol. EFE

Los médicos y enfermeros tendrán que acreditar tras dos años la titulación B1 de catalán (elemental), mientras que los auxiliares de enfermería y celadores tendrán que obtener el A2 (básico). Si en el periodo de dos años no obtienen las titulaciones tendrán restringido el acceso a los traslados dentro de la comunidad y los pluses de carrera profesional. La exigencia de catalán es igual para los trabajadores temporales, aunque si no acreditan el título en el periodo de dos años no habrá penalizaciones de ningún tipo.

Con la aprobación de este decreto el ejecutivo de la socialista Francina Armengol, que gobierna en coalición con los econacionalistas de Més y el apoyo externo de Podemos, pretende poner fin a una polémica que se inició tras el rechazo frontal por parte del Sindicato Médico a la normativa, que partía de la exigencia de unos niveles más elevados de catalán a médicos y enfermeros y que según advertían, ahuyentaría a profesionales que podrían decantarse por otros territorios sin exigencias lingüísticas.

La oposición en bloque de todos los sindicatos provocó que el gobierno balear descafeinara el decreto y accediera a rebajar las exigencias de catalán. Finalmente el pasado nueve de febrero la mesa sectorial de sanidad respaldó por mayoría el decreto modificado con la oposición del Sindicato Médico y el CSI-CSIF, que anunció que recurriría la norma en los tribunales al entender que vulnera las normas del Sistema Nacional de Salud.

"Se aprueba con el aval del Consejo Consultivo. Ha sido fruto del consenso y con el apoyo del 65% de la representación sindical" ha señalado la consejera de Salud, Patricia Gómez, que ha insistido en que la acreditación del conocimiento del catalán no será una barrera porque todos los profesionales "tienen interés en ser excelentes y cumplir una serie de requisitos tanto en el ámbito asistencial, como el docente y el investigador". Para la consejera, las exigencias de conocimiento y comprensión del idioma que se reflejan en el decreto "son mínimas" y ha insistido en la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos "además de los del profesional sanitario".

El gobierno regional celebrará este año un concurso de oposiciones para contratar a 5.000 profesionales sanitarios, que tendrán esos dos años de plazo para estudiar el idioma si no cuentan con un título. "Para ser un excelente profesional la comunicación es fundamental" ha subrayado la consejera Gómez, que rechaza las críticas al decreto y los anuncios de recursos judiciales e insiste en que la iniciativa ha sido aprobada "con todas las garantías jurídicas".

El polémico decreto lleva meses levantando polvareda y dividiendo a los profesionales sanitarios, que el pasado 18 de febrero salieron a la calle para manifestarse en contra de la normativa impulsados por la plataforma ciudadana "Mos Movem". Alrededor de 2.500 personas marcharon por las calles de Palma para protestar por el decreto del catalán y exigir "una sanidad pública sin fronteras lingüísticas" apoyados también por el Sindicato Médico de las Islas. Algunos de los asistentes censuraban que el ejecutivo de Armengol vinculara el conocimiento del idioma a la obtención de pluses económicos para los facultativos.

Este viernes una quincena de miembros de esta plataforma ciudadana, recientemente transformada en Sociedad Civil Balear, ha protestado frente a la sede del gobierno regional. Su presidente, Cosme Bernat Rull, ha avanzado que enviará una carta al presidente del Gobierno para exigirle que el ejecutivo presente un recurso judicial contra el decreto. "Nos parece totalmente inadmisible, pero aún se puede dar marcha atrás" ha lamentado.

El Gobierno abre la puerta a un recurso ante el Constitucional

El Gobierno central está analizando el contenido del decreto aprobado por el Gobierno de Baleares y ha avanzado que si está en los mismos términos anunciados inicialmente lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional, según informa la agencia EFE. El PP de las islas se ha opuesto a la norma desde su inicio. El presidente regional de la formación, Biel Company, tacha de "equivocación tremenda" el decreto y apoya un previsible recurso judicial al advertir de que el texto presenta aspectos "de posible inconstitucionalidad". "No se debe mermar la calidad sanitaria en beneficio de, supuestamente, defender nuestra lengua" dice Company, que vaticina una fuga de profesionales con plaza en las islas a otros centros sanitarios de la península.