Baleares congela por decreto la creación de nuevas plazas turísticas durante cuatro años

Baleares mantendrá congelada la creación de plazas turísticas, tanto hoteleras como vacacionales, durante los próximos cuatro años con el objetivo de iniciar un decrecimiento real del número de las plazas de alojamiento que hay ahora mismo en el archipiélago. El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes por decreto ley la nueva normativa que regirá el principal sector económico de las islas, que se tramitará como proyecto de ley y estará abierto a las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios. La iniciativa también incluye medidas sobre la sostenibilidad medioambiental de los alojamientos o los derechos laborales de los trabajadores con la previsión de reconvertir las camas de los establecimientos para que en un máximo de seis años sean elevables.

Una de las medidas más relevantes contempladas en el texto es la congelación de nuevas plazas turísticas —el número de camas fijas de los establecimientos— durante los próximos cuatro años. En los años noventa, las islas pusieron en marcha las llamadas bolsas de plazas para controlar el crecimiento de las ocupaciones en los establecimientos hoteleros. Estas bolsas, que se distribuían y diferenciaban por islas, se nutrían de las plazas que se daban de baja y para impulsar un nuevo hotel, el empresario tenía que recurrir a ellas comprando las plazas de alojamiento, aunque durante años algunos casos fueron contemplados como excepción, como la vivienda turística vacacional, los hoteles de ciudad e interior o los de turismo rural. La ley aprobada por el pacto de izquierdas en 2017 fijó el techo de plazas turísticas en Baleares en 623.624 y ya marcó un decrecimiento de 120.000 para los próximos años.

Ahora el Ejecutivo balear formado por PSOE, Més y Podemos, ha decidido incluir en el decreto ley un veto a la compra de nuevas plazas en las bolsas turísticas de Mallorca, Ibiza y Formentera durante cuatro años. Menorca no tiene bolsa porque controla los crecimientos a través de su Plan Territorial, aunque allí también se aplicará la congelación para la nueva oferta. Esta moratoria de facto afecta a las plazas tanto para los hoteles como para el alquiler turístico, que en el caso de Mallorca, Ibiza y Formentera suman 18.718 plazas (8.486 en Mallorca, 7.000 en Ibiza y 3.232 en Formentera). Durante estos cuatro años serán los Consejos Insulares, que cuentan con las competencias sobre los planes territoriales, los que decidan si esas plazas se recuperan de nuevo o se extinguen para siempre.

“Todos somos conscientes del debate social que existe sobre esta cuestión y somos conscientes de que si queremos seguir siendo líderes turísticos lo tenemos que seguir siendo a través de parámetros de calidad y equilibrio entre el número de plazas y la capacidad de nuestra comunidad autónoma”, ha explicado la presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, que ha insistido en que Baleares tiene que apostar “por la calidad frente a la cantidad”. La aprobación por decreto ley de la medida ha provocado que entre en vigor de forma inmediata, por lo que los empresarios tienen vetada desde este viernes la compra de nuevas plazas de las bolsas y la presentación de solicitudes para la creación de nuevos establecimientos.

La búsqueda del equilibrio turístico ha llevado al Gobierno de las islas a incluir también en el texto medidas para poner freno a la expansión de la superficie de los establecimientos turísticos. Contempla un condicionante a las reformas de los hoteles o las viviendas vacacionales, que solo podrán realizar ampliaciones de edificabilidad —nunca en altura— de un máximo de un 15% y con la condición previa de reducir sus camas un 5%. “Nunca se podrá crecer en altura y tampoco en capacidad. Se pueden mejorar los servicios o reordenar las habitaciones, pero reduciendo las plazas que tiene el establecimiento”, ha aclarado Iago Negueruela, consejero de Trabajo, Turismo y Modelo Económico.

Protección a trabajadores

Otro de los aspectos destacados de la normativa es el aumento de la protección al colectivo de las camareras de piso, afectado especialmente por la siniestralidad laboral en los últimos años. Desde el año 2023 los establecimientos turísticos tendrán que instalar camas elevables para facilitar el trabajo de estas empleadas, una medida que implicará la renovación de 300.000 camas en un plazo máximo de seis años. El coste del cambio de una cama tradicional a de estas ronda una media de 300 euros.

La normativa también es ambiciosa en cuanto a las medidas que afectan al medio ambiente y obliga a todas las empresas a contar con un plan de circularidad y a llevar a cabo cada año una evaluación de la gestión de los recursos y residuos generados. Ahí es donde se incluyen aspectos destinados a controlar el uso del agua, a fomentar las energías limpias o a cambiar las calderas de fueloil por las de eléctricas o de gas natural. Las clasificaciones hoteleras también sufrirán cambios y se ajustarán a la nueva realidad, eliminando criterios que han quedado obsoletos como el de contar con un teléfono supletorio o un taburete en el baño.

Para poner en marcha las medidas el Gobierno de Baleares prevé una inversión pública de 60 millones de euros en ayudas al sector. Las sanciones contempladas en el texto van de los 500 euros por no instalar las camas elevables en el tiempo previsto o de hasta 100.000 euros por no disponer de la documentación acreditativa del Plan de Circularidad. El decreto ley comenzará ahora su tramitación parlamentaria para ser aprobado, con las aportaciones de los grupos políticos, como ley en los próximos meses.