Baleares incorpora al parque público 22 viviendas expropiadas a grandes propietarios

El Gobierno de Baleares ha culminado el proceso que inició el pasado mes de marzo para expropiar de forma temporal 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios y destinarlas a alquiler social durante los próximos siete años. De las 56 viviendas incluidas en el expediente inicial, un total de 22 pasarán a formar parte temporal o definitivamente del parque público del Gobierno regional, 21 han sido vendidas o puestas en alquiler directamente por los grandes propietarios y 13 no han entrado en liza porque no llevaban más de dos años vacías. Baleares es la primera comunidad autónoma en ejecutar un procedimiento de estas características a nivel nacional.

El proceso para la expropiación temporal de las viviendas, propiedad de bancos y de sociedades inmobiliarias vinculadas a estas entidades, arrancó hace nueve meses con el doble objetivo de conseguir viviendas que se pudieran destinar al alquiler social por parte de la Administración y de incentivar la rehabilitación y salida al mercado de los inmuebles de grandes tenedores que permanecían cerrados. La Ley de Vivienda de las Islas Baleares aprobada en 2018 define como grandes tenedores a las personas físicas o jurídicas que disponen de diez o más viviendas y establece que los inmuebles se consideran desocupados cuando llevan dos años o más sin ser habitados sin una causa que lo justifique. La norma obliga a estos propietarios a inscribir en un registro los inmuebles que llevan más de dos años desocupados y permite a la Administración disponer de ellos justificando una “necesidad real” de vivienda que no se ha podido satisfacer con otras medidas.

El procedimiento se ha realizado bajo el amparo de la cesión de uso temporal de viviendas, una herramienta recogida en la ley autonómica que permite rescatar pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de los residentes del archipiélago, que pagarán un alquiler adaptado a su capacidad económica que nunca superará el 30% de sus ingresos. “Los grandes tenedores han entendido que no pueden dejar pisos desocupados de una forma indefinida en el tiempo y negando su función social. Esta medida ha sido un revulsivo y se está notando una reactivación por parte de los grandes tenedores en cuanto a ofertas y operaciones inmobiliarias”, ha explicado este jueves el director general de Vivienda, Eduardo Robsy, en una comparecencia ante los medios.

Seis casas compradas

Del total de 56 viviendas incluidas en el expediente, 16 han sido expropiadas y seis han sido compradas por la Consejería de Vivienda. Estos 22 pisos se integrarán directamente en el parque público que gestiona el Instituto Balear de Vivienda. Sobre el resto, hay 21 inmuebles que han pasado a manos de particulares mediante operaciones de venta o contratos de alquiler por parte de los grandes propietarios. De hecho, según ha detallado el director general de Vivienda, algunas de las ventas se han realizado justo antes de que el Ejecutivo regional obtuviera la posesión de los inmuebles, como uno que finalmente se vendió en Inca (Mallorca) por 60.000 euros. Las 13 viviendas restantes no cumplían el requisito de llevar más de dos años vacías porque, o bien se encontraban ocupadas irregularmente o tenían una licencia de primera ocupación con menos de dos años de antigüedad.

El Gobierno regional tendrá que compensar a los grandes propietarios afectados por la operación con 371.448 euros, el equivalente a unos 276 euros mensuales por vivienda. En este importe no se incluyen las obras de rehabilitación que tendrá que ejecutar la Administración autonómica y que se calcula en 23.215 euros por vivienda. La expropiación tiene una duración temporal de siete años, la duración legal de los contratos de alquiler cuando el casero es una empresa u organismo, aunque mediante un acuerdo con los propietarios de los inmuebles se podría prorrogar.

El director general de Vivienda ha admitido que hay procedimientos judiciales abiertos porque los grandes tenedores presentaron demandas contra la orden de inicio y contra la resolución de la Consejeria mediante la cual se iniciaba la ejecución material del procedimiento. “Hasta el momento los pronunciamientos judiciales, respecto a medidas cautelares y cautelarísimas, han sido denegadas. Pero es cierto que no ha habido un pronunciamiento judicial en cuanto al fondo de la cuestión”, ha señalado Robsy. Según ha descrito, el proceso no ha sido fácil y se han dado situaciones de incumplimiento, irregularidades, deficiencias e incluso “falta de colaboración abiertamente” con grandes propietarios que no se han presentado a las citas o se han negado a abrir los pisos. Como consecuencia, se han abierto 26 expedientes sancionadores con resoluciones de multa por valor de 50.000 euros.