El Gobierno de Baleares expropia 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social

La Consejería de Movilidad y Territorio del Gobierno de Baleares ha dictado la primera resolución para expropiar de forma temporal 56 viviendas vacías que pertenecen a grandes corporaciones para destinarlas a alquiler social durante siete años. La cesión de uso temporal está recogida en la Ley de Vivienda de las Islas Baleares aprobada en 2018 y permite rescatar pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de los residentes del archipiélago, que pagarán un alquiler adaptado a su capacidad económica que nunca superará el 30% de sus ingresos. La resolución firmada este martes permite iniciar los trámites para la expropiación de un primer paquete de pisos vacíos que figuran en el catálogo de entidades bancarias, grandes fondos de inversión o empresas promotoras y por el que el Ejecutivo balear abonará 1,8 millones de euros.

La ley autonómica de vivienda define como gran tenedor a las personas físicas o jurídicas que disponen de diez o más viviendas y establece que los inmuebles se consideran desocupados cuando llevan dos años o más sin ser habitados sin una causa que lo justifique. La norma obliga a estos propietarios a inscribir en un registro los inmuebles que llevan más de dos años desocupados y permite a la Administración disponer de ellos justificando una “necesidad real” de vivienda que no se ha podido satisfacer con otras medidas. Hasta el momento, los servicios de inspección autonómicos han detectado alrededor de 6.000 inmuebles propiedad de grandes fondos en las islas.

Según el registro de Grandes Tenedores de la Consejería de Movilidad y Vivienda, en el que las corporaciones tenían la obligación de inscribir sus pisos vacíos, a finales de 2019 había registrados alrededor de un millar de inmuebles desocupados, una cifra que se ha reducido hasta los 700 actuales después de que estos grandes propietarios hayan forzado la venta de los activos a particulares para no tener que cederlos al Gobierno regional. La ley también establece que la Administración debe pagar de forma íntegra y por adelantado por todo el periodo de cesión, que es de un máximo de siete años, aunque es el propietario el que se tiene que hacer cargo de las obras de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda para cederla en condiciones de habitabilidad.

“Es una medida pionera en todo el Estado. En estos momentos, a pesar de que hay algunas comunidades que tienen figuras asimilables, la mayoría están en la fase de detectar los pisos vacíos y no se ha producido ninguna medida de cesión obligada de viviendas de este alcance” ha subrayado el consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí. Al tratarse de un procedimiento expropiatorio la Administración tendrá que pagar un justiprecio a los propietarios para poder utilizar las viviendas durante estos siete años, que en el caso de este primer paquete tendrá un coste total de 1,8 millones de euros para las arcas autonómicas.

El precio de compensación que abonará el Ejecutivo balear es “considerablemente inferior” a los precios del alquiler que tiene registrados para la comunidad autónoma el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lo establece en 624 euros frente a los 391 euros mensuales que pagará de media el Gobierno regional. Por los 27 inmuebles de Mallorca el Gobierno de las islas desembolsará 408 euros al mes a los propietarios, con una compensación total de 926.000 euros en esta isla. En Menorca el precio a pagar será de 336 euros mensuales por 13 viviendas con un desembolso de 649.000 euros mientras que en la isla de Ibiza es donde más se pagará por la cesión de los inmuebles, con una media de 520 euros y 266.000 euros de indemnización total por las 6 viviendas cedidas.

“Los inmuebles se cederán a las personas que más lo necesiten, teniendo en cuenta que no podemos cobrar más del 30% de los ingresos de los propietarios. El Gobierno balear asume con recursos públicos la diferencia que pagará el arrendador de la compensación que se paga al tenedor” ha señalado Marí, que también ha recordado que el Ejecutivo balear continúa explorando la fórmula que permite adquirir viviendas mediante el derecho de tanteo y retracto en transacciones entre grandes tenedores y que ha permitido incorporar ocho viviendas al parque público con el objetivo de adquirir otras 40 durante este año.

A partir de ahora los propietarios tienen 20 días para presentar alegaciones y después se dictará la resolución para confirmar o revocar el procedimiento. El director general de Vivienda, Eduardo Robsy, ha admitido que existe la posibilidad de que los grandes tenedores interpongan un recurso contencioso administrativo contra el procedimiento, pero ha insistido en que la impugnación del expediente expropiatorio “no bloquea la posesión de las viviendas porque está recogida la ley autonómica”. “Se podrían acordar unas medidas cautelares, pero en principio todo está desarrollado para que las dificultades judiciales no afecten de forma negativa a los términos de tramitación del expediente” ha destacado.