La mayoría de fallecidos por la dana murieron antes de la alerta de la Generalitat

La mayoría de los 224 fallecidos y tres desaparecidos que dejó la dana en Valencia eran ancianos con escasa movilidad que perdieron la vida o quedaron atrapados antes de recibir la alerta masiva que la Generalitat mandó a los teléfonos de la población, según el sumario del caso al que ha tenido acceso EL PAÍS. El aviso llegó a los móviles a las 20.11 horas de la fatídica jornada, cuando ya se había desbordado el valenciano barranco del Poyo; decenas de municipios estaban inundados; y el 112 se encontraba colapsado.

Francisco R., de 74 años, vecino de Catarroja (Valencia, 29.316 habitantes), bajó al garaje a las 19.00 horas a sacar su coche y ya no regresó. Nicasio C., de Massanassa (Valencia, 10.345), hizo lo mismo. “A las 18.15 se fue con su esposa a recoger el vehículo al parking”, señala su atestado. Eugenio T., policía de Benetússer (Valencia, 16.322), 47 años, se enfundó su uniforme y trató de ayudar a unos vecinos a las 20.00 horas. Corrió la misma suerte que el resto, según las diligencias.

Una joven de 27 años llama a su madre tras desaparecer a las 19.30 en el barrio de La Torre de Valencia. Le dice que está muy asustada, que hay agua “por todos los lados” y que está preocupada por el coche. La progenitora le insiste en que se olvide del vehículo. El cuerpo de la chica es hallado un día después. A las 19.45 horas, una mujer denuncia la desaparición de su marido en las inmediaciones del supermercado Lidl de Benetússer. Y en Catarroja, donde la inundación dejó 25 muertos, un hombre baja a las 18.52 para poner las compuertas en el garaje del edificio. Y ya no sube.

Un anciano con movilidad reducida recibe varias llamadas de familiares y amigos en su casa de Picanya -diez fallecidos- a las 19.00 horas, cuando el agua ya entraba en esta población de 11.622 habitantes. No contesta. El cuerpo aparece seis días después en Catarroja, a cinco kilómetros de su domicilio.

Son las 19.45. Una viuda y su hijo se encuentran en una floristería de Catarroja. El agua sepulta las calles. Pasa una furgoneta flotando y se suben al techo como pueden. La madre no sabe nadar. Se agarran a la rejilla de una tienda, pero el vehículo se mueve. La anciana pierde la vida, según el sumario.

La planta baja se convirtió en una ratonera para otra mujer de Catarroja dependiente de segundo grado. A partir de las 19.00 horas, su casa se inunda. Su hija le llama, dice que va a recogerla, pero no puede. “Me voy a morir ahogada”, confiesa la anciana por teléfono.

Otro testimonio -según los atestados- relata que su madre, de 62 años, le llamó a las 19.00 horas del día de la dana para informarle de que se encontraba atrapada en su coche a la altura de Sedaví -donde la inundación dejó 11 muertos- y que el agua estaba entrando en el vehículo.

Una mujer denuncia la desaparición de sus hijos, de cinco y tres años en Torrent (Valencia, 89.401 habitantes), donde la dana dejó ocho muertos. Asegura que sus familiares estaban en casa a las 18.30 horas cuando la pared se desplomó. El agua penetró como un alud en el inmueble y expulsó a sus familiares. El padre consigue salvar la vida tras agarrarse durante dos horas a un árbol. Cuando baja el nivel del agua, no encuentra a sus hijos, según las diligencias.

Los testimonios de 60 familiares han llevado a la jueza de Catarroja (Valencia) que dirige la investigación a concluir que la “palmaria ausencia de avisos a la población” pudo causar “el abrumador número de muertos”. Y, por eso, la clave de sus pesquisas pasa por conocer a qué respondió la alerta tardía a móviles que llegó a los ciudadanos a través de Es Alert, un sistema del que la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas –que fue cesada por Carlos Mazón cuatro semanas después de la tragedia- reconoció que no sabía ni que existía.

Los familiares revelan dramáticas secuencias de muertos y desparecidos. Coinciden en denunciar ante la magistrada que nadie avisó de la dimensión de la tragedia. El Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado), órgano de emergencias reunido en L’Eliana (Valencia), envió la alarma tras una discusión de dos horas sobre el contenido y la forma de la misiva.

Las pesquisas chocan con las tesis de defensa del Ejecutivo de Mazón. El presidente ha endosado esta semana de nuevo la responsabilidad de la catástrofe al Gobierno de Pedro Sánchez y, tras cuatro meses de evasivas, ha confesado que llegó al Cecopi a las 20.28 de aquel martes, 17 minutos después, de que se lanzara la alerta masiva a los móviles. La Generalitat ya respondió a la instructora que la responsabilidad de enviar los SMS masivos fue del Cecopi dirigido por la dimitida consejera Pradas y en él figuraba también como miembro del comité la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé.

Casas y garajes se convirtieron en las principales trampas para las víctimas de la dana. Un total de 103 cuerpos sin vida fueron hallados en las plantas bajas de las viviendas y en los aparcamientos y sótanos (35), según el Centro de Integración de Datos (CID). La violenta tromba de agua azotó localidades con casas tradicionales de pueblo en las que plantas bajas se usan como vivienda. El mayor porcentaje de muertos (24%) tenían entre 80 a 89 años, que suele corresponder a personas con problemas de movilidad, una de las razones por las que vivían a pie de calle. Casi la mitad de las víctimas tenían más de 70 años.

La causa de la dana ya acumula una decena de acusaciones particulares, que ejercen familiares de fallecidos, y populares (Vox, CGT y Podemos). La instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha aceptado este miércoles la personación como acusación particular de la Asociación de Damnificados Horta Sud, la primera entidad de víctimas en constituirse tras acreditar que, entre sus 380 miembros, hay familiares de cinco fallecidos. La asociación presentó una querella contra cinco altos cargos de Mazón y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

La magistrada también ha dado luz verde a la personación como acusación popular del PSPV, que deberá desembolsar 6.000 euros de fianza. Y ha rechazado una querella del sindicato CGT contra Mazón por su condición de aforado.