El hermano de Ximo Puig contrató a su sobrino, el hijo del presidente valenciano, y pidió subvenciones a la Generalitat

La Guardia Civil ha remitido al juzgado de instrucción número 4 de Valencia el informe completo de la investigación por el supuesto fraude de subvenciones por el que está imputado Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. En él constata que una de las actividades investigadas fue la contratación de un hijo del jefe del Gobierno valenciano en una de las empresas de su tío, Mas Mut, dedicada a la comunicación. La Guardia Civil dedica varias de las 400 páginas a explicar los pormenores de esta contratación porque, tras la misma, se solicitó una subvención de la propia Generalitat para el fomento de la contratación de personas jóvenes cualificadas.

El informe no señala la cuantía total de las subvenciones investigadas ni indica que se produjera ninguna ilegalidad, pero sí expone que la contratación del hijo de Puig por una de las empresas de su tío se realizó dos días antes de que finalizara el plazo para solicitar la subvención. También refleja que la contratación cumplía con los requisitos exigidos por la Administración regional aunque destaca que se produjo un cambio en el concepto del contrato presentado telemáticamente y el que se ratificó posteriormente. Mientras que en el primero se indicaba que “el trabajador prestará sus servicios como profesionales de la Publicidad y la comercialización, incluido en el grupo profesional de redactor”, posteriormente se añadió como “redactor de Turismo”, dado que la formación del hijo de Ximo Puig es, precisamente, en Turismo.

La Guardia Civil también detalla que la baja de este contrato duró tan solo cuatro meses, cuando se procedió a emplear a otra persona. En ningún momento, los agentes del equipo de delitos económicos señalan la existencia de ilegalidades, pero sí utilizan términos como “llama la atención” o hacen referencia “a modo de comparación” a que, en octubre 2018, cuando se realizó esta operación y según un informe de la asociación de agencias de empleo “solo uno de cada diez jóvenes parados sin experiencia laboral previa encontró un empleo durante este trimestre”.

Tanto el PP como Vox han hecho referencia este jueves al informe de la Guardia Civil y a la contratación del hijo de Puig por parte de la empresa familiar de su tío.

“El presente no va a ser un informe tipo, con conclusiones”, advierten los agentes que lo firman en su exposición inicial y argumentan su afirmación en que “existen datos y documentos que, debido a las discrepancias que se observan (…) se ha procedido a hacer referencia a los datos que resultan controvertidos”. Y señalan: “A modo de resumen, se han encontrado varias irregularidades que pueden deberse a errores humanos o informáticos de mecanización y otro pudieran tratarse de mala fe”, aunque no dirimen cuáles pueden encuadrarse en cada una de las tipologías que alegan.

Aun así, la Policía Judicial de la Guardia Civil señala la existencia de cuatro tipos de irregularidades: facturas cruzadas; facturas sobre gastos que no están suficientemente justificados; el uso de los mismos gastos para justificar subvenciones de ambas administraciones y la omisión en las solicitudes de la referencia a haber recibido otras subvenciones. Además, hace referencia a los supuestos delitos en los que se podría haber incurrido: falsedad y fraude de subvenciones.

La investigación judicial comenzó con una querella presentada por el PP por las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente valenciano y concedidas por la Generalitat valenciana y la Generalitat catalana entre los años 2015 y 2018.

Se investigaron ayudas para el fomento del valenciano, del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local y que provienen de fondos europeos. Sin embargo, en su último escrito, la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido que se le tome declaración al hermano del presidente de la Generalitat, se limita pedir aclaraciones sobre las ayudas para el fomento del valenciano y solicita a la Intervención tanto de la Generalitat valenciana como a la de Cataluña que cuantifiquen qué cantidades pueden haber sido “obtenidas indebidamente” con el fin de determinar si hubo un fraude que supere los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se considera un delito de subvenciones.

El PP sostiene que las mercantiles investigadas, Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions presentaron los mismos justificantes de gastos en ambas administraciones con el fin de obtener distintas subvenciones, gastos que, de estar sufragados al 100% sí incumplirían la ley, puesto que la ayuda total recibida no puede ser mayor que el gasto realizado. Sin embargo, la defensa de Puig ya indicó que, tal como recoge también la Guardia Civil, la acusación confunde la doble imputación del gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat Catalana con el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración, pero en ninguno de los dos casos se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto.

En su declaración fijada para el próximo 23 de mayo, Francis Puig sí deberá aclarar por qué el domicilio social que aparece en alguna de las empresas que recibieron subvenciones está fijado en Teruel cuando las ayudas solo se podían otorgar a empresas de la Comunidad Valenciana.

El propio PP presentó una denuncia ante la consejería de Educación, con el fin de que se devolvieran las ayudas, en la que la portavoz popular en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz, sí cuantificaba las subvenciones otorgadas a las empresas del hermano de Puig. Según ese escrito, en 2015 las ayudas por parte de la Generalitat Valenciana fueron de 56.826 euros. Las mismas empresas recibieron en 2016 un total 83.13961 euros, mientras que al año siguiente fueron 86.045 euros y en 2018 ascendió a 54.118 euros.