Competencia sanciona a una productora del hermano de Ximo Puig por concertar precios en un concurso público

La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana ha sancionado por infracción muy grave a una productora —Comunicacions dels Ports— de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a otras tres empresas por concertar los precios en un concurso público convocado para la televisión pública valenciana À Punt. La multa, que pone fin al procedimiento sancionador y contra la que no cabe recurso por la vía administrativa, asciende a 42.000 euros.

El expediente se incoó contra Kriol Produccions S.L. y Canal Maestrat S.L., de los hermanos Adell Bover; Comunicacions dels Ports S.A., a la que está ligado Francis Puig, y Visualiza por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). La resolución constata que estas cuatro sociedades “utilizaron cuatro tipos o de modelos de ofertas, con precios idénticos en los cuatro conceptos, que se repiten de manera coordinada en los diferentes lotes a los que concurrieron” en un concurso, dividido en doce lotes, que salió con un presupuesto de licitación de 390.000 euros.

La resolución cita como prueba de la coordinación de ofertas una conversación por Whatsapp, que tuvo lugar los días 10 y 11 de febrero de 2019, dos días antes de que se cerrase el plazo de presentación de las plicas. “De su contenido resulta incuestionable que los representantes de todas las empresas incoadas intercambiaron información sobre los precios que debían presentar y otras circunstancias de presentación de los sobres de la licitación y que sus ofertas iban a estar coordinadas”, recoge el documento.

La Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a la que está adscrita la Comisión de la Competencia, abrió a finales de 2019 un expediente a las cuatro mercantiles, entre ellas empresas de comunicación ligadas a Francis Puig, al observar “indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia” en el concurso público.

Las actuaciones que han dado lugar a este procedimiento administrativo se iniciaron a raíz del análisis de la documentación remitida por la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (À Punt) y de la información obtenida en la fase de información reservada. La consejería observó “indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia” y abrió la investigación.

La normativa prohíbe acuerdos o prácticas concertadas para impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado mediante la fijación de precios u otras condiciones comerciales; la limitación o control de la producción o el reparto del mercado o la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes en las relaciones comerciales.

El Juzgado de Instrucción número 4 de València investiga además las ayudas al valenciano recibidas por dos empresas vinculadas a Francis Puig. El proceso, en el que también se investiga al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, fue abierta por un posible delito de malversación en mayo de 2019 y parte de una querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a mercantiles que habrían recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 “sin ningún tipo de control”.