Anticorrupción pide al juez que cuantifique el posible fraude de las subvenciones al hermano de Puig para determinar si hay delito

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en el que solicita que reclame a la Generalitat valenciana y a la Generalitat de Cataluña sendos informes sobre las ayudas otorgadas a Francis Puig, hermano del presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, a través de tres sociedades. Anticorrupción investiga si existieron irregularidades en la concesión estas ayudas, entre 2015 y 2018, y si se dio un fraude que supere los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se considera un delito de subvenciones.

En el escrito, la fiscal explica que la Policía Judicial ha señalado la existencia de cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos tras el análisis de la documentación que forma parte de la causa: facturas cruzadas; facturas sobre gastos que no están suficientemente justificados; el uso de los mismos gastos para justificar subvenciones de ambas administraciones y la omisión en las solicitudes de la referencia a haber recibido otras subvenciones. Además, hace referencia a los supuestos delitos en los que, según la Guardia Civil, podría haber incurrido, que se centran en falsedad y fraude de subvenciones.

Además de la petición de los informes, la Fiscalía ha pedido que se llame a declarar tanto a Francis Puig, como administrador de Comunicacions dels Ports y Mas Mut, y solicitante de las ayudas, como al administrador solidario de otra de las empresas implicadas, Canal Maestrat, Juan Enrique Adell Bover. El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ya ha señalado los días 23 y 25 de mayo como fechas para las comparecencias.

La investigación judicial, que nace de una querella presentada por el PP por la que el hermano de Puig lleva imputado más de dos años, que ejerce la acusación popular, consta también como investigado el director general de Política Lingüística del Gobierno valenciano, Rubén Trenzano. En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.

Francis Puig fue imputado en octubre de 2019 tras la querella inicial presentada por el PP, que ha sido ampliada en cuatro ocasiones. En principio, fue llamado a declarar pero la citación se aplazó hasta que se ampliase la investigación. La productora ha señalado que durante más de dos años se ha mantenido un “respetuoso silencio” para no interferir en la investigación y ha aclarado que las “dudas” de la Guardia Civil sobre un número “muy limitado” de facturas aportadas para justificar las subvenciones concedidas “serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial, que se solicitará en breve”. Y ha agregado: “En ningún caso tales dudas derivan en la comisión de ningún ilícito penal”.