La justicia mantiene que el PP tiene derecho a acceder a los datos de las subvenciones al hermano de Ximo Puig

La sala especial de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado el recurso presentado por la Agencia Antifraude y ratifica la sentencia, dictada en 2020, que reconoce el derecho del PP a acceder a la documentación sobre las subvenciones otorgadas por la administración valenciana a las empresas de Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig. De esta manera, la justicia da la razón, por tercera vez, a los populares, que esgrimen la vulneración del derecho a la participación política por la negativa a entregar dicha documentación.

Las subvenciones a las empresas de Francis Puig están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que dirige las pesquisas ante un presunto fraude de subvenciones. La petición de información se remonta a 2019 cuando, tras una denuncia a las empresas de comunicación del imputado, el PP solicitó a la Agencia Antifraude la documentación sobre las ayudas investigadas. La Agencia, una entidad adscrita a las Cortes valencianas y creada para impulsar la ética política y prevenir la corrupción, se negó a aportar la documentación a los populares alegando que podía comprometer las actuaciones para esclarecer los hechos. El PP acudió entonces a los tribunales. El TSJ le dio la razón en una primera ocasión, en una sentencia que dictó que la negativa de Antifraude vulneraba el derecho a la participación política. La Agencia recurrió entonces ante el Supremo y ante la sala especial del TSJ. El Supremo, en febrero de este año, rechazó el recurso e incluso le condenó a pagar las costas, al igual que ha hecho ahora el Tribunal Superior de Justicia.

La investigación judicial se centra en las subvenciones otorgadas, entre 2015 y 2018, por la Generalitat valenciana y la de Cataluña a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, de las que Puig es consejero Delegado y administrador. Según el propio director de la Agencia Valencia Antifraude, Joan Llinares, la cifra total de la suma de los expedientes de contrataciones de la Generalitat Valenciana adjudicados a Francis Puig que están bajo investigación judicial, asciende a “entre 520.000 y 530.000 euros”.

Ambas empresas han obtenido desde 2015 ayudas económicas para el fomento del valenciano. Según señaló el PP en la denuncia presentada a la consejería de Educación, con el fin de que se devolvieran las ayudas, los datos aportados por Francis Puig en la solicitud de las subvenciones, que se concedían en consonancia a la audiencia de los medios, no son creíbles. Además apuntan a que en la documentación se aprecian otros indicios de irregularidad: “personas cuyo salario se utiliza como gasto duplicadamente en distintas partidas, medios de comunicación que comparten contenidos pero reciben subvención separadamente”, por lo que apuntan a la duplicidad de las facturas. “También llama la atención la relación de gastos de que disponen las mercantiles para la obtención de las subvenciones pues la mayoría de los gastos se encuentran duplicados e, incluso, triplicados”, sostienen.