El Supremo reconoce al PP el derecho a que Antifraude le informe de su investigación en curso sobre un hermano de Ximo Puig

La secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, informó este martes de que el Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la Agencia Antifraude contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que se obliga a entregar documentación al PP sobre su investigación a las empresas relacionadas con Francis Puig, hermano del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, relativas a las ayuda al valenciano concedidas por la Generalitat. La sala entendió que la negativa de Antifraude vulneraba el derecho a la participación política y entendía que era de aplicación preferente frente a otras normas autonómicas el Reglamento de Les Corts. El Supremo ratifica esta decisión y condena a Antifraude al pago de las costas, que fija en 2.000 euros.

Así consta en una providencia de 4 de febrero, en la que el alto tribunal explica esta inadmisión en que se han incumplido las exigencias de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por falta de justificación de que las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución recurrida. Francis Puig y sus socios están investigados por un presunto fraude en la subvenciones al valenciano que recibieron en varios años por un montante de medio millón de euros, según cifró Antifraude.

“No entendemos por qué el presidente de la Generalitat no responde a cuestiones que tienen ver directamente con sus hermanos, su padre, su hijo y los socios de su hermano. No entiendo la cobardía del presidente de no contestar y no salir a explicar lo que tenga que explicar cuando se le pregunta en las Cortes. Puig no hace frente a nada de lo que tiene que ver con su hermano. Si a mí me dijeran lo que dijo la testigo en una entrevista y no fuera cierto, habría demandado y no tenemos ninguna noticia al respecto”, apuntó Ortiz, que centra su labor en la oposición en el caso de Francis Puig.

“En total el PP ha presentado 130 recursos por denegación de documentación que se han agrupado en 70. Todos los procedimientos han resultado hasta ahora favorables al PP. En algunos se han dictado condenas contra el Consell por negarse a entregarlas por ser un derecho constitucional. En el resto, el Consell ha reconocido el derecho después de que el TSJCV les hubiera requerido que den esa documentación y evitar así una condena”, agregó.

Le respondió el portavoz socialista en las Cortes, Manolo Mata. La decisión del Supremo supone un “rejón de muerte” para esta institución, porque ya no podrá desarrollar su trabajo con discreción y podrá ver “reventadas” todas sus investigaciones, en su opinión. “Si [a la Agencia Valenciana Antifraude] se le considera como un órgano administrativo más, y todos los diputados podemos pedir información, la agencia pierde su sentido, es como si la Policía tuviese la obligación de informar sobre lo que investiga”.

La Agencia Antifraude es “un experimento de mucho calado, bueno en la lucha contra la corrupción y el fraude, y alguien lo ha reventado”, añadió. Recordó que la creación de este organismo se aprobó “con el voto en contra del PP”, y que el entonces diputado autonómico Luis Santamaría dijo de él que “era la gestapo”, cuando “ha recibido menciones internacionales por su labor y su trabajo siempre ha pasado por la discreción”.

Antifraude responde

Por su parte, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) aseguró que seguirá defendiendo la “independencia” e “imparcialidad” de sus investigaciones contra la corrupción. Su director, Joan Llinares, ha afirmado que “nunca” se han opuesto a la entrega de documentación sobre su trabajo “pero otra cuestión muy diferente son los expedientes de hechos que están siendo investigados”. En esta línea, ha advertido que “si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos, se quebraría el procedimiento en sí mismo”.

Así lo ha indicado en un comunicado en el que Antifraude subraya que se trata de la petición de un grupo político de Les Corts de acceder a la documentación “de un expediente de investigación abierto y en curso relativo a presuntas conductas de corrupción que podrían afectar al ámbito de otro grupo político distinto”.

Según detalla, el TS ha señalado que, a su entender, “no hay normas estatales infringidas por lo que deriva la decisión a la Sala Especial de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”, lo que supone que la sentencia no sea “firme todavía” porque habrá que esperar el dictamen de esta instancia judicial.

“La Sala Especial deberá entrar a analizar si ha existido o no infracción de la normativa autonómica e incluso de la jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia el cual ya se ha pronunciado determinando que los parlamentarios de Les Corts no tenían derecho de acceso cuando requirieron de la Consejería de Hacienda el plan de control tributario que, de acuerdo con la Ley General Tributaria, tiene carácter reservado”, subraya la entidad dirigida por Llinares.