Más allá del cálculo electoral

En los últimos días se ha explicado con precisión la lógica que atraviesa la posición del Partido Socialista en la política española. Se ha señalado, con buenos argumentos, que existe una tensión estructural entre su capacidad para gobernar España y su rendimiento electoral en algunos territorios. El PSOE estaría situado en la mejor posición en el eje izquierda derecha, en el que es el partido que más se parece a España. Por el contrario, estaría en la peor situación en el eje territorial: demasiado centralista en la periferia, poco centralista en el centro. De ahí, se dice, sus dificultades electorales. Pero conviene añadir algo más. El precio que paga el Partido Socialista por mantenerse en el Gobierno quizá sea el precio que necesariamente deba pagarse para que España pueda ser gobernada.

España es un país relativamente homogéneo en sus preferencias sociales. Existe un amplio consenso en torno a muchas políticas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos: el empleo, los servicios públicos, los derechos civiles. En ese terreno, no resulta difícil encontrar puntos de encuentro ni construir mayorías. Pero hay otro plano en el que España no es homogénea, sino constitutivamente plural: el territorial.

Esa pluralidad no es una anomalía ni un problema a resolver, sino un hecho que debe ser gobernado. Y gobernarla no consiste en elegir entre identidades que se excluyen, sino en hacer posible su convivencia dentro de un marco compartido. Ese es, en última instancia, el sentido de la política en sociedades complejas.

Sin embargo, el debate territorial tiende a formularse en términos más simples y, por ello, más movilizadores. Para unos, cualquier reconocimiento de la pluralidad se presenta como una cesión. Para otros, cualquier límite compartido aparece como una negación. En ambos casos, la política se reduce a una lógica de suma cero en la que el otro deja de ser un interlocutor legítimo para convertirse en un obstáculo.

Conviene ser conscientes del marco desde el que se analiza este problema. Si se parte del supuesto de que el eje territorial funciona como un mercado de incentivos —donde unos venden apoyo y otros compran tiempo de gobierno—, la pluralidad territorial deja de aparecer como una realidad constitutiva de España y pasa a leerse como una fuente de peajes, cesiones y costes.

Pero no todos los costes políticos son del mismo tipo. Hay costes electorales ordinarios, ligados a la competencia entre partidos. Y hay otros, menos visibles, que tienen que ver con sostener el marco mismo de la convivencia. Gobernar una pluralidad difícil sin reducirla a uniformidad ni entregarla a la lógica de bloques nacionales irreconciliables puede tener un precio. Pero ese precio no equivale a “comprar tiempo en el poder”. Puede ser, precisamente, el coste de evitar que el conflicto territorial se formule como un enfrentamiento entre legitimidades incompatibles.

La experiencia reciente de España debería bastar para recordarlo. Cuando las tensiones territoriales se han planteado en esos términos, el resultado no ha sido una mayor claridad democrática, sino un deterioro del espacio común. Recuperarlo siempre ha sido más difícil que perderlo.

Pero el sentido de estas decisiones no siempre se explica. Y cuando no se explica, otros lo hacen por uno, generalmente en términos más simples y más eficaces desde el punto de vista electoral. Decir que el Partido Socialista pacta con los nacionalistas periféricos por su propio interés partidario tiene exactamente el mismo valor que decir que los centralistas y los nacionalistas se enfrentan entre ellos por sus intereses partidarios. Podemos despejar el interés particular de la ecuación, pues está en ambos términos, para que quede lo que quizá es lo verdaderamente importante: a dónde nos lleva el pacto y a dónde nos lleva el enfrentamiento.