Procesismo cañí

La semana pasada, en el pleno de la asamblea regional y a raíz de la polémica por el registro de médicos objetores a practicar abortos, Isabel Díaz Ayuso lo volvió a hacer. Lanzó lo que podría parecer un exabrupto y que no es sino un eslogan, uno más de la larguísima lista de frases contundentes que la lideresa lanza con el objetivo que no dejen de rebotar en los días sucesivos. “¡Váyanse a otro lado a abortar!”, proclamó la presidenta madrileña. A otro lado no es a otra comunidad autónoma, como podría parecer de lo expuesto por Ayuso. A otro lado es a la clínica privada de al lado, donde posiblemente los mismos médicos que se niegan a practicar interrupciones de embarazos en la sanidad pública no tienen ningún problema en hacerlo. Cobrando, claro está.

Lo de Ayuso es cinismo descarado disfrazado de guerra cultural. Pero es algo más. De la misma manera que sus exabruptos están más pensados y medidos de lo que parecen, sus propuestas van más allá de una vía rápida de mantener a su parroquia en estado de permanente excitación contra la “dictadura progre”. Ayuso se proclama objetora y lo hace públicamente, en sede parlamentaria, delante de todos. Su idea es que una institución estatal (los gobiernos autonómicos son Estado) puede seleccionar qué leyes cumple y cuáles no. A la carta. Eso fue, en el fondo, lo que proclamó la semana pasada. El Gobierno de la Comunidad de Madrid sólo cumplirá aquellas leyes que le gusten. El resto, no. El registro de profesionales que se niegan a practicar abortos, no. La ley de la vivienda, tampoco. De ahora en adelante, la Comunidad de Madrid se abstiene de cumplir las leyes que no le gustan. Ese es el mensaje de Ayuso. Un torpedo en la línea de flotación del Estado de derecho, eso que tanto les gusta a los “liberales” como ella y que proclama que todas las instituciones están sometidas a las leyes, y tienen el deber de cumplirlas y hacerlas cumplir. Todas, las que gustan y las que no. Aquí no hay objeción posible, las instituciones no tienen conciencia. Aceptar que en el Congreso hay unas mayorías que hacen leyes es el abc de la democracia.

Ayuso parece estar recorriendo el mismo camino que siguió la mayoría independentista en el Parlament en los años del procés, que en septiembre de 2017 derogó a la brava la Constitución y el Estatut porque no era de su agrado, al no contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria. Esa mayoría también decidió que podía desobedecer al Tribunal Constitucional porque no le reconocía la “legitimidad” (Ayuso no lo ha hecho aún, pero sí el Tribunal Supremo, ahí es nada). El atajo legislativo de la mayoría parlamentaria en Cataluña dio lugar a una instrucción judicial por rebelión y a una sentencia de varios años de prisión para los instigadores. Seguro que el juez Llarena ya se ha puesto a redactar la acusación contra Ayuso por rebelión. Seguro.