La plataforma de profesores alza la voz contra los desahucios con menores: “Las familias no deben tener vergüenza, sino aquellos que expulsan a un niño de su casa”

La plataforma Docents 080 es ya una realidad en Barcelona después de que maestros de otros rincones de Cataluña se hayan organizado las últimas semanas para denunciar los desahucios que afectan a menores y a sus familias. La entidad ha hecho oficial su constitución este martes con la lectura de su manifiesto, en el que han alertado de que la crisis de la vivienda dificulta el proceso de aprendizaje de los alumnos. Los profesores alertan de que se trata de un problema estructural y que limita gravemente el desempeño de la docencia. “No podemos seguir trabajando si nuestros alumnos no tienen las mínimas garantías, como es una vivienda digna o una buena salud mental”, ha subrayado Joan Artigal, ex director y ahora maestro del Instituto Escuela Trinitat Nova de Nou Barris.

“Para tener igualdad de oportunidades en las aulas, nuestros alumnos deben partir desde el mismo punto en materia de vivienda”, ha situado Artigal. La plataforma ha enfatizado que la mayoría de familias desahuciadas son alojadas temporalmente en hoteles, albergues o pensiones lejos de las escuelas. En ocasiones, hasta en otro municipio, lo que, según Artigal, compromete el derecho a la educación de los menores. “En una habitación que no reúne las condiciones básicas, ¿dónde hacen los deberes? ¿en la cama?”, ha cuestionado.

El profesor de matemáticas del instituto de alta complejidad Consell de Cent del Poble Sec, Nahuel Quimasó, se ha adherido a la plataforma porque cree indispensable trabajar en dos direcciones: la elaboración de un protocolo de detección de menores en situación de vulnerabilidad y la activación de una campaña de visualización de toda la comunidad educativa. En la misma línea, Ana Pérez, miembro del equipo directivo del instituto Jacint Verdaguer, también en el Poble Sec, ve necesario un mapeo o registro de los menores en riesgo de ser desahuciados. “Nos estamos planteando llegar al Síndic de Greuges para ver si así las administraciones toman cartas en el asunto. Es una tarea que le corresponde a la Generalitat”, ha apostillado.

Los objetivos de Docents 080 se corresponden con las exigencias de la multitudinaria manifestación del pasado noviembre por la vivienda en Barcelona. “Es necesario que el alumnado y las familias vivan los centros educativos como espacios seguros y de confianza”, ha reclamado Pérez. Otra línea de actuación es la modificación legislativa cuando se producen desahucios con menores. “Es intolerable que la policía mande agentes antidisturbios. Hay que regular el precio de los alquileres, acabar con la infravivienda y aumentar el parque de vivienda pública”, ha defendido. Artigal ha lamentado que un alumno de cinco años del Instituto Escuela de Trinitat Nova fue desahuciado dos veces en el castigado barrio de Ciutat Meridiana. En uno de esos lanzamientos, dice, la madre no estaba en casa. Fue entonces cuando los Mossos d’Esquadra entraron en el piso y lo sacaron cuando estaba descalzo. Ahora, según cuenta Artigal, duerme siempre con zapatos.

El manifiesto de la plataforma contiene datos como que Barcelona es la provincia donde se produjeron más desahucios en 2023, según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De los 5.302 desahucios ejecutados en Cataluña ese año, 1.255 fueron en esta provincia. O que en la Mesa de emergencias del Consorcio de Vivienda de Barcelona del mes de abril de 2024 se valoraron 739 casos de pérdida de vivienda. Solo se adjudicó vivienda en 54 de ellos. Otro problema que preocupa a los maestros es el perfil de los desahuciados. En 2023, más de 39.000 personas formalizaron la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial en la capital catalana. Según la entidad, muchas de las familias de las escuelas no pueden hacer la solicitud porque están en situación administrativa irregular.

La saturación de los docentes se ha palpado en la asamblea posterior a la lectura del manifiesto, en la que han definido las principales líneas de actuación. Adrián, profesor de secundaria en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y militante del Sindicat d’Habitatge de Badalona, ha remarcado que la formación del profesorado no es suficiente. “Debemos huir de la visión asistencialista y promover que los sindicatos entren en las escuelas para visibilizar esta realidad”, ha subrayado. Actualmente, en Barcelona hay 37.831 alumnos en situación de vulnerabilidad, según los datos de 2024 del Consorci d’Educació de Barcelona y del Ayuntamiento. En Cataluña son ya 436.400 niños y niñas en riesgo de pobreza, como señala el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat.