Los maestros se plantan contra los desahucios que afectan a sus alumnos: “Un niño sin nido no puede aprender a volar”

Hace unas semanas fueron los maestros de escuelas e institutos de Salt, al lado de Girona, y ahora la iniciativa ha saltado a Barcelona. Agrupados en las plataformas Docents17190 y Docents 080 (las cifras corresponden a los códigos postales de las dos ciudades), los docentes han dicho basta y se han plantado contra los desahucios y el impacto que tienen sobre sus alumnos y el día a día en las escuelas. Los profesores hablan de “vulneración de los derechos básicos” que no tienen respuesta por parte de las administraciones: familias viviendo tras los desahucios en habitaciones de pensiones y sin cocina, sin lugar para estudiar o aislarse, angustia por el riesgo de perder la vivienda, con impacto en la salud mental tanto de los menores como sus familias... situaciones que se cuelan en la escuela. En Barcelona, en solo una mañana y sin haber presentado el manifiesto públicamente, de profe a profe, este lunes recogieron más de 400 firmas de maestros a título individual, de claustros de escuelas y entidades, relata uno de sus impulsores, Joan Artigal, ex director y ahora maestro del Instituto Escuela Trinitat Nova de Nou Barris.

“Lo que queremos es dejar de invisibilizar los desahucios en las escuelas, porque actuamos pensando que no podemos hacer nada más que acoger el malestar en la vida del aula y del alumno, porque el sistema ya deriva. Y los profesionales que sí hacen algo, como acudir a parar un desahucio, hasta ahora lo han hecho en silencio”, explica Artigal que considera que un desahucio, con fecha y hora, “es un maltrato institucional programado hacia los niños”. “Tenemos protocolos para todo, pero la administración tiene programado que un niño se puede quedar sin casa y sin escuela porque se irá a otro lado, y no hacemos nada, nadie ampara sus derechos y tenemos una responsabilidad como docentes. La vivienda y la educación son un derecho”, añade.

Con más de 20 años como maestra en el barrio de Ciutat Meridiana, donde hay desahucios semana sí y semana también, Noemí Rocabert, ya jubilada, no se lo pensó a la hora de firmar. “Un niño sin un nido no puede aprender a volar. La vulnerabilidad residencial les afecta muchísimo: tienen mucha dificultad para trabajar en casa y digerir lo que han aprendido, o viven en una habitación, o están rodeados de angustia. Se nota en todo, en cómo se alimentan, visten, imagínate las neveras de un piso compartido con otras familias, los niños están cansados, irritables”, lamenta. Y asegura que en sus casi dos décadas de directora de la escuela Mestre Morera había clases donde los niños con estabilidad afectiva, residencial y económica eran apenas cuatro alumnos. “Un niño triste, angustiado o asustado no puede aprender, está en otras cosas, y las clases se ven muy afectadas, es un fuego que se cuece lento y estalla en forma de poca formación y pobreza”, alerta. En Ciutat Meridiana, a veces los menores van a la escuela el día que desahucian a su familia, pero otras están en casa con sus padres. Muchos de los lanzamientos son en viviendas ocupadas, con lo que ya llevan mochila de haber perdido otra casa.

Desgaste para los equipos docentes

Rocabert también alerta del “desgaste para los equipos docentes” que suponen estas situaciones y explica que trabajar en barrios tan vulnerables “es como pedalear en una bicicleta estática: no paras nunca, pero los profesores y los niños cambian por oleadas”. Tanto esta veterana como Joan Artigal reclaman que en las escuelas haya profesionales de los servicios sociales o la psicología en los centros: “Porque son manos y porque aportan miradas distintas que ayudan a atender a los alumnos de manera más saludable”.

Una maestra que pide que no aparezca su nombre pidió traslado desde un barrio de Nou Barris a Ciutat Vella, entre otras razones por la impotencia que sentía. “En los barrios más duros y periféricos se llega a normalizar que haya desahucios, que un porcentaje de alumnos viva en hostales, o no ver nunca a sus padres porque de la escuela no van a su casa, sino que son atendidos por entidades sociales o fundaciones”, explica esta profesora que describe un ambiente escolar en el que “el malestar y la crispación entre los niños se intensifica y sube, de manera que acaba tomando la escuela”. Tras más de diez años en primera línea de la vulnerabilidad escolar, en su nuevo destino, más céntrico y estable, recuerda aulas donde “es imposible que los alumnos lean en silencio, trabajen en grupo, escuchen o propongan”.

En Salt, población con altos índices de vulnerabilidad, fueron una escuela y un instituto de alta complejidad los que lanzaron la alarma hace unas semanas y presentaron su manifiesto en público. Jordi Bosch, de la plataforma local, explica que los desahucios no son algo nuevo en Salt, pero sí la presencia policial, con antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. “Cada vez hay más policía y situaciones más violentas, de manera que todo el mundo se entera de quién es la familia desahuciada: se pierde el derecho a la intimidad de los niños, ya no pueden llevarlo en silencio si quieren”, lamenta y se extraña de que en Barcelona la comunidad educativa haya tardado tanto en levantar la voz. “Si nosotros pedimos a las familias que se impliquen con la escuela, cómo no vamos a ayudarles a ellos el día que llegan con la carta y la fecha del desahucio”, argumenta.

Los manifiestos subrayan datos como que Barcelona es la provincia donde más desahucios hubo en 2023, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que muchos desahucios los afrontan madres solas con desahucios, que otras familias no pueden pedir pisos de emergencia porque son migrantes en situación irregular, o que las entidades sociales alertan del aumento de familias que viven realquiladas o en infraviviendas. En Salt, el 63% no puede pagar un alquiler medio, 1.800 viviendas pertenecen a fondos de inversión y hay mil familias registradas como solicitantes de vivienda social, mientras centenares ocupan pisos vacíos muchas veces sin suministros básicos. Los docentes exigen a las administraciones que se apliquen los protocolos y leyes de protección a la infancia, asegurar suministros básicos, finalizar con la presencia de agentes antidisturbios en los lanzamientos, más políticas de acceso a la vivienda y parque público, “luchar contra el racismo inmobiliario” y “contra la segregación residencial y escolar”, y más profesionales para los equipos educativos. “No creemos que las administraciones no puedan hacer nada más allá de acatar con fatalismo la situación permitiendo que niños y adolescentes queden sin techo”, advierte el texto de los maestros de Salt. “La vivienda es un derecho y no lo podemos desligar de la educación”, zanja el de Barcelona.