Psicología de catástrofe contra los desahucios: “Mi hijo no quiere dormir sin zapatos”

En Ciutat Meridiana, la periferia de la periferia de Barcelona, sigue habiendo tantos desahucios que, cuando la prensa va a cubrir uno, resulta que hay dos. Así fue este martes. A las 9.50 de la mañana estaba previsto el alzamiento de Raquel, David y sus dos hijos. El tercer desahucio, este por ocupación, al que se enfrentaba Raquel: hondureña, siete años en España y cuidadora de una mujer que tenía previsto regularizar su situación legal, pero falleció durante la pandemia. La comitiva judicial llegó puntualísima, pero la presencia de menores en el caso y los servicios sociales detuvieron el desahucio. “Dos meses más” suspiraba Raquel abrazándose a las 50 vecinas, sobre todo mujeres, que se acercaron a apoyarla ante el número 85 de la avenida Rasos de Peguera.

Casi simultáneamente, más abajo en este empinado barrio, hubo otro desahucio. Una pareja de adultos sin hijos. Bajaron sus cosas a la calle dispuestos a marcharse. Y en ese mismo momento, una familia con un hijo se metió en el piso que acababan de dejar: lo ocuparon, una secuencia habitual, pero no con esta rapidez. “No lo había visto nunca”, explicaba la directora del centro de servicios sociales del barrio, Marta Casas, que las ha visto de todos los colores en este barrio de 10.000 vecinos donde la renta familiar es de 38 sobre una media de la ciudad de 100 (el último dato, de 2018).

Un día más, en la calle se congregaron los habituales. Los profesionales de los servicios sociales. El presidente de la Asociación de Vecinos, Fili Bravo, que el lunes bajó al distrito para hablar de la “hecatombe y la indefensión” y exigir más apoyo y medios como una oficina específica al regidor, Xavier Marcé y técnicos municipales. Cada semana hay entre cinco y seis desahucios el barrio, de los que se ejecutan uno o dos, indica Bravo.

También estaban las vecinas que en algún momento han pasado por la experiencia un desahucio y tienen claro que “igual que la gente me ayudó a mí, me toca ayudar a la gente”. Lo decía Nassira que después de dos veces sentenciaba: “Aquí no puedes vivir de alquiler, porque lo que piden no existe: dos nóminas y un contrato fijo”. El barrio vive varios desahucios a la semana desde que pinchó la burbuja del ladrillo: primero fueron por impago de hipoteca, luego de alquiler, ahora muchos son ocupaciones de pisos de grandes tenedores.

Estaba también Mariano Hernando, de los Salesianos. Y el psicólogo Lluís Domingo, del Colectivo Sísifo, contratado por el Ayuntamiento en el marco del Plan de Barrios después de cuatro años haciendo de voluntario. Hace “asistencia psicológica de emergencia en vulnerabilidad residencial”. “Esto es una catástrofe social. Con 10.000 vecinos hay casi 300 familias ocupando. De éstas, el 85%, con la pandemia, han tenido una caída de ingresos del 50%, y eran informales [en negro]. Esto es poner a la población contra la pared. Aquí intervenimos con un modelo de la OMS que se emplea en catástrofes, cuando se afronta un trauma”, dice. “Antes del covid la situación ya era muy dramática, ahora se ha desmadrado. Porque incluso las familias que iban tirando, con contratos y empleos fijos, muchos en el sector servicios, ahora la han perdido y no pueden pagar la vivienda”, prosigue.

El 80% de las personas que atiende (a veces en el centro cívico, otras en el local de la asociación de vecinos, otras dando un paseo) tiene problemas de salud mental: “Lo que llamamos nicho prepatológico: duermen mal, tienen problemas de salud mental, angustia, depresión, adicciones, hay situaciones de violencia de género. El peligro es que se cronifique y se vuelva patológica. Y ten en cuenta que por sus países de procedencia, con situaciones muy duras y con servicios públicos débiles, la población del barrio es muy resiliente”. El 31,6% de los vecinos de Ciutat Meridiana nació en el extranjero.

Raro fue que no estuviera en la concentración de ayer Alba Luz, que sí estuvo protestando el lunes en la sede el distrito y recordando como su desahucio, ejecutado en 2019 cuando había salido a trabajar, impactó en su hijo de cuatro años: “Desde el día del desahucio quiere dormir con los zapatos puestos, por si viene la policía a echarnos”. Ahora viven en una habitación realquilada.

Fili Bravo está indignado con una situación que, dice, va a peor y no se frena pese a las moratorias y decretos para aplazar desahucios de familias vulnerables durante el Estado de Alarma por la pandemia: “El día 24 de abril echaron a una familia de forma muy violenta. Los decretos incluyen también a las familias que ocupan, no entendemos qué está pasando, tenemos cinco o seis desahucios cada semana, de los que se ejecuta uno o dos”. Bravo exige a la Generalitat y el Ayuntamiento que adjudiquen el millar de pisos públicos que, asegura, están vacíos. Y defiende, sobre las viviendas de las entidades financieras: “Son nuestros, ya los hemos pagado, primero con las hipotecas y luego con el rescate a la banca”.

Marta Casas explica que diferentes servicios públicos se han puesto a elaborar un protocolo para trabajar en las escuelas: “La preocupación en el territorio por el impacto de los desahucios en los menores es muy grande y es necesario acompañar su sufrimiento desde la complicidad con las escuelas”. Por ello se incrementarán los tratamientos individuales, pero también “desde lo comunitario se trabajará en las escuelas la idea de qué le pasa al territorio, de qué nos está pasando como sociedad, no solo de forma individual, de justicia social”.

Los presentes aseguraban que la situación es límite y temen que en algún momento derive en violencia. “Cuando te dan muy duro, se te puede ir la cabeza y estallar, o quedarte en un rincón”, alertaba Lluís. En la mente de todo el barrio está el desahucio, por parte de los Mossos, de una familia con tres niños de noche, el pasado octubre.