Desahucios en Barcelona pese a la moratoria: “Cumplía las condiciones, pero les da igual”

La moratoria de desahucios que el Gobierno dictó al inicio del Estado de alarma durante la pandemia, en marzo de 2020, sigue vigente tras sucesivas prórrogas y la inmensa mayoría de órdenes que incluye se frenan. Pero hay un (pequeño) porcentaje de desahucios que sí se ejecutan. No se conoce la cifra, y las publicadas no distinguen por ciudades, ni si es una vivienda, un local o un garaje. En la última semana, en Barcelona han sido tres, tiene constancia este diario. Pueden ser más: familias que no acuden a servicios sociales ni a entidades como la PAH o asociaciones de barrio y nadie se entera de sus casos. Pero ¿quiénes son las familias que son desahuciadas? ¿Por qué se ejecutan sus órdenes de lanzamiento si en algunos casos cumplen los requisitos para acogerse a la moratoria?

Las situaciones son dos: familias que no cumplen los requisitos que fija la suspensión, o bien casos que sí entrarían, pero donde el juez tiene margen para interpretar y tiene la última palabra. Lo explican los afectados, entidades, servicios sociales y el Ayuntamiento. El 80% de los desahucios que se ejecutaron en 2021 (última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) fue por impago de alquiler u ocupaciones. La moratoria no contempla los desahucios por impago de hipoteca.

Esta semana hubo un desahucio, el jueves, en el castigado barrio de Ciutat Meridiana (Nou Barris): una familia que había ocupado un piso vacío de un banco dos semanas antes y no cumplía los requisitos para entrar en la moratoria. Les habían echado de otro piso por no pagar el alquiler y no se habían empadronado ni habían avisado a servicios sociales. Se concentraron una decena de vecinos. Pero la pareja, Alan y Blanca, había asumido que tendrían que marcharse. Fue muy rápido y casi sin gritos. Tienen dos hijos de 11 y siete años. Llegó la comitiva judicial, los cerrajeros, un instalador de alarmas, dos trabajadoras de emergencias sociales y tres patrullas de los Mossos. La familia lo tenía todo recogido, lo sacaron a la calle y rechazaron la pensión que les ofreció el Ayuntamiento, porque la madre de ella, todos de origen hondureño, vive también en el barrio. La presencia de los dos niños, a los que fueron a recoger al colegio al llegar la comitiva, no cambió la situación. A Alan, descompuesto, daba reparo preguntarle. Blanca, bastante entera dada la situación, se mantuvo firme: “No quiero llorar delante de los niños”.

Capas de precariedad

Son historias que acumulan capas de situaciones de precariedad: la migración; la situación irregular y la imposibilidad de trabajar en el mercado legal; enfermedades derivadas de trabajos informales; la dificultad de acceder a ayudas.; no poder pagar una vivienda; familias en una habitación; los estragos de la pandemia para los que trabajaban en negro. Y, en este caso, tras haber conseguido papeles y trabajo, cuando Blanca tenía que renovarlos no pudo porque le constaban antecedentes fruto de un desahucio anterior ejecutado por la vía penal, narraba el jueves.

En la misma calle, el viernes 13 desahuciaron a Carla y sus dos hijos (10 y dos años). También en un piso ocupado de un gran tenedor. Aquel día se ejecutaron dos lanzamientos: el otro, con cuatro menores. Con decenas de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. “Tenía la esperanza de la moratoria, cumplía los requisitos: tengo padrón, certificado de vulnerabilidad, menores a cargo y el piso es de un gran propietario, pero el juez no hizo caso de la documentación, no cumplen las leyes, les da igual”, lamenta Carla y señala hacia el quinceavo piso donde vivía: “Si por lo menos ahora viviera alguien, pero el barrio está lleno de pisos vacíos”. “Perdí la cuenta de las órdenes de desahucio, creo que fueron nueve, cinco veces parados en la puerta, horrible”. También es hondureña y lleva seis años en España, donde el nacimiento del hijo pequeño le permitió regularizar su situación (estuvo tiempo de interna) y trabajar contratada. Pero tuvo un accidente laboral (empaquetaba colonias) y le han denegado la baja, explica. Esta semana tiene cita para reclamar. “Intenté pagar un alquiler a la propiedad, la Unión de Créditos Inmobiliarios, pero no hubo forma”, relata. La empresa ha respondido que “no” puede ofrecer información sobre el caso. Carla y sus hijos están provisionalmente en casa de una amiga.

Alquileres sociales que no se hacen

El incumplimiento de los grandes propietarios de la obligación de ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables que dejan de pagar u ocupan es clave en estos casos, como en los impagos de alquiler. En Cataluña la ley 24/2015 les obliga, pero si no lo hacen solo se enfrentan a multas si les sanciona la Generalitat o los Ayuntamientos. El de Barcelona inició el año pasado 36 expedientes sancionadores: 17 tienen la sanción fijada, pero están en trámite (30.000 euros de media); tres se han cobrado (23.000 euros de media cada uno) y 10 acabaron ofreciendo alquiler social.

“Si se hicieran alquileres, la mitad de casos estarían resueltos, porque se quedarían en los pisos. No tiene sentido tener equipos desbordados acudiendo a los desahucios cuando deberían dedicarse a mediar con los propietarios para hacer alquileres”, apunta la concejal de Vivienda, Lucía Martín. La edil lamenta que “la ley catalana es débil ante los juzgados, que atienden a la ley de enjuiciamiento civil o a la moratoria”. “El Ayuntamiento prefiere pagar alquileres o ayudas a pensiones para gente que pierde la casa”, añade. El año pasado la ciudad gastó 60.000 euros al día en pagar pensiones. “Necesitamos ya la Ley estatal de Vivienda, la moratoria evita desahucios pero no se puede prorrogar tanto tiempo una medida excepcional, necesitamos una norma más estructural”, defiende.

Sobre los desahucios que se están ejecutando en los últimos meses, la concejal de Vivienda, responsable también de la unidad antidesahucios que creó la alcaldesa Ada Colau, detalla que muchos son casos que se han aplazado varias veces con anterioridad: “Vemos que antes los juzgados eran estrictos aplicando la moratoria y ahora prima más el criterio por el que el juez tiene la última palabra”. “El margen de interpretación del juez es muy grande. A veces no ven justificada la vulnerabilidad de la familia. O si falta documentación, que se podría subsanar con una declaración jurada, hay juzgados que no aceptan, encuentran grietas para no parar los desahucios”, indica una fuente del área.

“Ahora hay pocos casos. O son familias sin papeles que son engañadas y compran llaves de pisos ocupados, o desahucios que se han parado muchas veces y el juzgado dice ‘hasta aquí hemos llegado’”, añade una trabajadora social tras relatar los dos casos que ha tenido en los dos últimos meses.

Desde la PAH, la abogada y activista Paula Cardona señala que las sucesivas actualizaciones y prórrogas del texto original de la moratoria lleva a confusión entre los artículos originales y modificados. Por ejemplo, inicialmente la situación de vulnerabilidad debía ser derivada de la pandemia y ahora no. O el procedimiento para acreditar la vulnerabilidad: “Es un galimatías, el juzgado puede pedir documentación y si ve indicios la remite a servicios sociales; si estos la ratifican, suspende. Pero hay personas en situación irregular que no pueden tener documentación del paro, o gente sin clave pin que no puede presentar su vida laboral”. “En otros casos vamos directamente a servicios sociales y remitimos la información al juzgado, pero nos han respondido que ‘el informe de vulnerabilidad no la acredita por sí mismo’. Tienes constancia de un órgano oficial que acredita vulnerabilidad, una normativa que la protege y ejecutas por aspectos técnicos, es una falta de respeto por los servicios sociales”, resume Cardona. “Hay decisiones judiciales que son contrarias al sentido común de la normativa y habría que analizar si podrían constituir prevaricación”, opina.

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