Cataluña tiene 50.000 niños y adolescentes pobres más que hace cinco años

La pobreza infantil sigue siendo una lacra para Cataluña, donde las sucesivas crisis han arrastrado a 400.400 niños y adolescentes a estar en riesgo de pobreza. Esta cifra, de 2021, es un 14,9% mayor que cinco años antes, con lo que hay algo más de 50.000 menores de edad que en estos años han engrosado la lista de personas vulnerables, un dato que no cuenta con los efectos que la crisis de precios pueda haber tenido sobre este colectivo durante este último año. El informe anual sobre los derechos de los niños, que la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha entregado este viernes al Parlament, indica además que el número de menores con un expediente abierto por riesgo grave en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha subido un 19,6% desde 2016 hasta agosto de este año, y alerta de que la falta de recursos en el servicio de protección al menor impide que haya políticas de acompañamiento a las familias que permitirían evitar situaciones de desamparo. La Síndica manda también un aviso sobre la efectividad de ayudas públicas como la Renta Garantizada de Ciudadanía o las becas comedor: siete de cada diez niños pobres no reciben la primera, y la segunda no cubre ni la mitad del colectivo.

El aumento de las desigualdades tras la crisis financiera de 2008 no ha hecho más que agravarse, especialmente tras la pandemia de coronavirus y ahora con la crisis energética y la inflación desatada en parte por la guerra en Ucrania. El informe de la Síndica de Greuges señala que el impacto en los menores de edad es importante. Lo muestran los principales indicadores con respecto a 2016: un 14,9% más de menores en riesgo de pobreza; un 64,2% más de menores de 16 años que sufren de privaciones materiales severas (123.000 niños que sufren los efectos derivados de que sus familias no puedan pagar el alquiler o los suministros, no puedan poner la calefacción o tengan que privarse de comprar carne o pescado); o un aumento del 3% de los usuarios de servicios sociales, la mayoría familias con menores a cargo.

Estos datos se trasladan al ámbito social, el educativo o el de la salud. De entrada, han aumentado los expedientes de la DGAIA (un 19,6% por riesgo grave y un 94,3% los menores que están en estudio por situación de desamparo), algo que se explica en buena parte por el aumento de la llegada de menores extranjeros no acompañados (973 a 2.948 hasta agosto). La Síndica también señala problemas estructurales del sistema de protección a la infancia, y da como muestra de ello el hecho de que el 57% de los menores tutelados estén en centros residenciales, cuando debería ser el último recurso y se debería priorizar la acogida en familias. El informe dice que, pese a que en cinco años el presupuesto a políticas de infancia ha incrementado un 36%, la mayoría de los recursos se han destinado al ámbito educativo, de manera que los recursos no han llegado exclusivamente a los menores vulnerables. Según la Síndica, faltan recursos para acompañar a las familias: “Más de 10.000 menores se encuentran en situación de riesgo grave o en situación de estudio, con la posibilidad de ser tutelados, y no siempre se trabaja suficientemente con las familias para evitar esta posibilidad”, asevera el informe.

Otro de los indicadores que más ha crecido es el de las denuncias por violencia sexual con víctimas menores de edad, que ha incrementado un 51,3% en cinco años (hasta las 1.463 denuncias), mientras que las denuncias por violencia doméstica hacia los menores han subido de 1.827 a 1.977. En el ámbito de la salud, se ha doblado la probabilidad de que los menores sufran una enfermedad de salud mental, hasta el 9,4%. Tampoco ayudan las listas de espera en los servicios de salud: el pasado mes de septiembre había más de 50.000 niños y adolescentes pendientes de consultas externas, más de 4.500 pendientes de pruebas diagnósticas y más de 12.000 que esperaban intervenciones de cirujía. También hay 57 niños pendientes de acceder a plazas en residencias para personas con discapacidad, y los centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP) atienden al 11,1% de los menores de seis años, cuando los estudios indican que la prevalencia de problemas en esta etapa es del 20%. En el caso de los centros de salud mental para menores (CSMIJ), estos atienden al 5,4% pese a que la prevalencia de estos problemas está sobre el 10%.

Ayudas ineficientes

La Síndica celebra que en los últimos cinco años haya aumentado la cobertura de las ayudas sociales, pero alerta de que no son suficientes. La Renta Garantizada de Ciudadanía solo llega al 31,8% de los menores en situación de pobreza. Si se cuentan los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, todavía queda más de un tercio que no recibe ninguna de las dos prestaciones. El Servicio de Atención Socioeducativa solo cubre el 14,4% de los menores pobres. Y las becas comedor solo llegan a poco más de la mitad de los menores en situación de riesgo de pobreza, en parte, señala el informe, porque la mayoría de institutos no cuentan con este servicio. Con todo ello, señala la Síndica, las políticas de transferencias sociales solo reducen el riesgo de pobreza infantil un 30,9%, mientras que la media europea es del 43,1%.

Aunque hay datos positivos, como que se ha reducido el abandono escololar en casi cuatro puntos en estos cinco años, hasta el 14,8%, quedan tareas pendientes, como el hecho de que más de seis de cada diez menores no participan ni de extraescolares no deportivas ni de actividades durante el verano.

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