Renunciar a productos frescos y no poner la calefacción: así impacta la inflación en las familias más vulnerables de Barcelona

El alza de precios impacta en casi todos los aspectos del día a día, pero para algunos el efecto es devastador: ya no es solo notar que en el supermercado pagas más por lo mismo, sino tener que decidir no comprar tantos alimentos; o ya no solo se trata de hacer un esfuerzo para pagar los gastos de la vivienda y suministros, sino tener que cambiar de piso o vivir bajo la amenaza de quedarse en la calle. Así lo constata la entidad Cáritas Diocesana de Barcelona, que este miércoles ha presentado los resultados de una encuesta hecha entre sus usuarios sobre el impacto de la inflación. El informe muestra que nueve de cada 10 familias atendidas se han visto obligadas a reducir su gasto en alimentación, y que el 55% no puede mantener su casa a una temperatura adecuada —el porcentaje con respecto al conjunto de la población es del 15,9%, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat de 2021—. “La desigualdad forma parte de nuestro modelo económico. En poco tiempo hemos vivido tres crisis, la de 2008, la pandemia y ahora la crisis de precios, y después de cada una de ellas los colectivos más desfavorecidos han salido peor parados”, ha denunciado el director de la entidad, Salvador Busquets.

Uno de los ejemplos lo da Luz, una mujer que llegó a España en junio con su pareja y su hijo, huyendo de la violencia de su país de origen. Como recuerda Busquets, mientras que muchas de las personas atendidas por Cáritas son originarias de Cataluña —”pero no quieren hacer pública su situación porque tienen conocidos que no saben que están pidiendo ayuda”, explica—, otras muchas vienen de países del centro o del sur de América. En buena parte de los casos la razón de su emigración es intentar salir de las espirales de violencia, aunque a veces estas llegan hasta aquí, puesto que reciben amenazas desde su país de origen, motivo por el que no quieren que su identificación sea completamente pública.

Luz vive desde agosto en un piso de emergencia de la entidad, y ha notado los precios altos en muchos aspectos de la vida, uno de ellos en las actividades para su hijo: “Siempre intento mostrarle que el mundo es un sitio feliz, y ahora por ejemplo quiere ir al acuario. Le digo que sí, que iremos, pero tenemos que reunir el dinero”. Según la encuesta, el 70% de las familias atendidas no puede pagar ninguna actividad extraescolar o de ocio para sus pequeños. “Tampoco tenemos juguetes, porque no tenemos un lugar estable donde vivir, y por suerte nos los da Cáritas” añade Luz a través de un vídeo proyectado durante la presentación. Otra usuaria, Katherine, es de Perú y vive en un piso con su pareja y cuatro niños. Acude a un centro de la entidad donde puede poner lavadoras y ahorrarse así la subida de la factura de la luz: “Al menos eso lo puedo destinar a la alimentación de los niños, pero en el supermercado me pasa que compro lo mismo que antes y ahora es demasiado caro”. Katherine González, otra de las personas atendidas por la entidad, explica que vive en una habitación realquilada y tiene algunos trabajos en negro para cubrir algunos gastos, pero que necesita pedir ayuda.

En todos los casos confluyen una serie de factores que describen la realidad de la pobreza en Cataluña: una falta de recursos para hacer frente a todas las necesidades básicas; una situación que se agrava por las dificultades de acceso a la vivienda, que en muchas ocasiones lleva a las familias a optar por una habitación de realquiler; y una pobreza identificada en mujeres a cargo de niños pequeños o adolescentes. “Es por eso que pedimos tres medidas básicas: una política de ingresos mínimos eficiente, una política de vivienda a largo plazo, y políticas de apoyo a la familia y los niños y adolescentes”, ha señalado Busquets.

El informe (elaborado a partir de una encuesta a 1.000 familias sobre una muestra de los 8.000 hogares atendidos que viven en habitaciones realquiladas, y a partir de datos del informe Foessa) indica que la mitad de los hogares atendidos no pueden pagar los gastos relacionados con la vivienda, y que cuatro de cada 10 familias han tenido que cambiarse de piso por no poder afrontar estos pagos. La inflación ya tiene un impacto importante en la alimentación y la salud de las personas más vulnerables: 7.000 hogares (nueve de cada 10) han reducido los gastos en alimentos, y un 65% ha dejado de comprar alimentos frescos. “Tenemos familias que nos dicen que algunos días tienen que no comer para pagar otras cosas, así que tienen que pasar hambre”, ha dicho Míriam Feu, jefa de análisis social e incidencia de la entidad. En comparación con la pandemia, ha explicado Feu, ahora hay más familias que han tenido que cambiar de vivienda, hay más dificultades para comprar alimentos o medicamentos, y más familias se han tenido que endeudar.

Esto ha tenido un impacto en la actividad de Cáritas Barcelona (que atiende a familias de la Diócesis de Barcelona, formada por la capital, parte del área metropolitana y por la zona del Maresme). La entidad ha tenido que aumentar en un 36% las ayudas económicas para alimentos y un 28% las ayudas para pagar las habitaciones de realquiler. El año se cerrará con 2,5 millones de euros destinados a ayudas a las familias, un 13% más que en 2021, y se habrá atendido a 21.400 personas, un 2% más que el año pasado. Feu y Busquets han destacado que la entidad también está sufriendo el aumento de los costes, y han hecho un llamamiento que haya más donativos para poder seguir con su actividad.

El director de la entidad ha lamentado que en cada una de las crisis, los gobiernos han actuado de forma reactiva y nunca preventiva. Busquets ha recordado que herramientas como la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital no son aún efectivas porque, en el caso de la primera, solo cubre el 28% de la pobreza severa. Y, aunque ha celebrado el compromiso de aumentar el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), el baremo que mide esta ayuda social, ha manifestado su preocupación por que salgan adelante los presupuestos autonómicos. También ha pedido un pacto político para hacer políticas de vivienda estables y a largo plazo, recordando que el pacto nacional de la vivienda de 2007 marcaba como objetivo que en 2025 se llegaría a un 15% de vivienda social, y solo se ha llegado a un 1,5%.

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