Aragonès mantiene la intervención de los antidisturbios en los desahucios de riesgo

El Departamento de Interior, que dirige Joan Ignasi Elena (ERC), mantiene la intervención de los antidisturbios en los desahucios de riesgo. La medida, recogida en el nuevo protocolo de actuación policial presentado este jueves, supone incumplir el preacuerdo electoral que ERC firmó con la CUP para la investidura de Pere Aragonès. El documento explicitaba el veto de ARRO y BRIMO (las dos unidades especializadas en orden público) en los lanzamientos de familias vulnerables. El consejero ha defendido que el plan de trabajo respeta la filosofía del pacto y se centra en la proporcionalidad, mientras que la CUP critica que el Departamento incumple sistemáticamente lo acordado. La relación de la Generalitat con los anticapitalistas está rota, hasta el punto de que han plantado al Govern en la negociación de los presupuestos.

Los desahucios han marcado la legislatura con ERC al frente por primera vez del Departamento de Interior. Sus compromisos con los anticapitalistas despertaron los recelos policiales. Uno de los motivos de fricción del consejero con el exjefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero fue precisamente la negociación del protocolo de desahucios, que no existía hasta el momento, y que se había trabajado en la etapa previa al desembarco de los republicanos. El punto más delicado eran los criterios de intervención de la BRIMO. La versión final del PNT -como se conoce internamente el Protocolo Normalizado de Trabajo- es prácticamente la misma que proponía entonces Trapero y que el Departamento frenó inicialmente.

La diferencia más sustancial entre las 11 páginas del actual protocolo y las 12 del de Trapero corresponde al apartado de “planificación y gestión del dispositivo”. En el nuevo documento desaparecen las referencias explícitas a la intervención de ARRO y la BRIMO que recogía la anterior propuesta, y que vinculaba a los tres niveles previstos de desahucios, en función de su posible conflictividad. Pero operativamente, el procedimiento finalmente aprobado mantiene que el responsable policial del dispositivo de un lanzamiento es quien, en función del riesgo, decidirá si se envía a los antidisturbios para poder ejecutarlo. La pretensión del Departamento de Interior, según diversas fuentes policiales, era limitar la actuación de los especialistas de orden público exclusivamente a cuando un juez lo ordenase. Pero los mandos de los Mossos se negaron a esa posibilidad, que consideraban que suponía una dejación de sus funciones como policía.

La voluntad final del protocolo de desahucios, junto a un segundo de ocupaciones, es “estandarizar” la intervención de la policía catalana, según explicó el comisario jefe del cuerpo, Eduard Sallent. También destacó el esfuerzo por buscar un equilibrio entre los derechos de los propietarios de lo inmuebles y el de las personas que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad. El consejero Elena destacó que la policía catalana apenas interviene en un 20% de los desahucios (73.000 desde 2016), y que solo en menos de un 1% (601) se producen incidentes. Asimismo anunciaron la nueva Unidad Central de Intervención en Conflictos de Vivienda, creada en 2021. El documento técnico de trabajo incluye la activación de los especialistas de mediación cuando puedan darse situaciones conflictivas, así como la obligación de recabar con los servicios sociales municipales la situación de las personas a desahuciar, y comunicar a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAiA) en el caso de que haya menores implicados.

La presentación excepcional de un protocolo interno, técnico, de la policía catalana despertó también críticas de mandos de los cuerpos. “Es una clara muestra de una injerencia política más”, criticaron fuentes de los Mossos d’Esquadra. El Departamento que dirige ERC se mantiene en un conflicto con algunos sectores de la operativa policial sobre hasta dónde debe llegar la legítima dirección de la cartera de Interior. Las fuentes policiales consultadas aseguran que la intromisión y presentación a la prensa de un protocolo técnico es una línea roja. Ese enfrentamiento ha llevado a la destitución en menos de un año de dos comisarios jefes, Josep Lluís Trapero y posteriormente el comisario Josep Maria Estela, a quién eligió y destituyó nueve meses después el propio consejero.

Preguntados por la crisis interna abierta en los Mossos d’Esquadra en la primera comparecencia pública del consejero y el nuevo comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, desde que EL PAÍS destapase en septiembre la fractura de la cúpula, ambos declinaron responder las preguntas de los medios. El consejero Elena se limitó a negar que el anterior comisario jefe, Josep Maria Estela, fuese finalmente destituido porque no se le dejaba hacer su trabajo. El comisario Sallent, acusado por el exjefe de investigación de los Mossos de pretender interferir en investigaciones sobre corrupción, y señalado también por su antecesor por sus supuestas deslealtades, evitó polemizar. “Estamos para lo que estamos”, afirmó, sobre los protocolos de desahucios y ocupaciones, a los que dijo que no pretendía “quitarles ni un minuto” de protagonismo por lo que optó por “el más absoluto silencio” sobre su persona.

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