Los municipios afectados por las nucleares catalanas solo han recibido 174.000 euros del fondo de 100 millones prometido por la Generalitat

El dinero del fondo de transición nuclear no llega a los municipios que están bajo la influencia de las centrales de Ascó y Vandellòs (Tarragona). En los últimos cuatro años la Generalitat ha podido disponer de más de 600 millones en concepto de la ecotasa energética que ideó en el año 2020, pero el reparto no baja los peldaños que van desde la Administración autonómica a la local. El impacto por el tributo es millonario, pero los consistorios que integran la zona delimitada en el plan de emergencia nuclear exterior (Penta) han recibido un solo pago de 174.000 euros.

La situación choca con el compromiso que asumió el Govern de la Generalitat en 2021, cuando Pere Aragonès y Esquerra gobernaban en alianza con Junts, para inyectar dinero en el territorio afectado por el cercano cierre de las nucleares. Se fijó como baremo un 20% de la recaudación anual por la ecotasa, calculada entonces en un mínimo de 120 millones anuales. En realidad, ha crecido la recaudación y una corrección normativa eleva la aportación del 20% hasta el 50%, pero los recursos no fluyen. “La manera como se haga el reparto es un tema técnico que no es de nuestra competencia, pero por descontado que nos interesa que se reinvierta en las poblaciones del entorno”, manifiesta Paulo Santos, director general de Anav, la sociedad que gestiona los complejos nucleares de Ascó y Vandellòs. “Uno de los acuerdos avalado por el Parlament prevé que en el año 2023 se tenía que repartir el dinero entre los municipios, y lo que tratamos de hacer ahora es ejecutarlo”, manifiesta Jaume Baró, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat.

La empresa que está al frente de las nucleares de Tarragona ha pagado en cuatro años 658 millones de euros a la Generalitat en concepto del gravamen catalán sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. De esa tasa se alimenta el fondo de transición nuclear, cuyo fundamento original es habilitar un canal de ayudas para la reindustrialización y mitigar el impacto económico y laboral que supone el cierre de las plantas de Ascó y Vandellòs. Ambos complejos nucleares son desde hace 40 años un vigoroso motor de actividad para una zona interior del sur de Cataluña que sufre especialmente los efectos de la despoblación y el paro. En función de la proximidad con las centrales, se definen dos zonas de influjo, Penta I y Penta II, donde hay englobados un total de 96 municipios que, en teoría, son beneficiarios del fondo para poder afrontar mejoras en infraestructuras o habilitar zonas industriales. Hasta el momento, la Generalitat ha transferido un único pago de 174.000 euros a cada ayuntamiento, con independencia de su cercanía con los reactores. Sobre el papel, durante este segundo semestre del año tienen que recibir otro abono: de 276.000 euros los del Penta II, y de 1,8 millones de euros los del Penta I. Pero el ingreso sigue sin llegar.

La cantidad total que ha derivado la Generalitat hacia los consistorios, algo más de 16 millones, no alcanza ni el mínimo anual del 20% que estipuló inicialmente la propia Generalitat cuando creó la hucha nuclear. Una posterior modificación normativa eleva la aportación hasta el 50% de la ecotasa, lo que pone aún más distancia entre la norma y la realidad. Roger Torrent, consejero de Empresa que avaló la creación del paquete de ayudas, alega que “el origen del fondo de transición nuclear es la generación de actividad económica y eso pasa fundamentalmente por las empresas y los autónomos. El reparto institucional era una solución inicial, para cuando no había iniciativas aprobadas”. Torrent argumenta que ha habido “desacuerdo entre municipios” sobre como efectuar el reparto, y dice que las mismas discrepancias surgieron a la hora de configurar el órgano de gobierno que encauza el reparto del dinero.

El órgano de gobierno de los fondos está comandado por el secretario del Departamento de Empresa de la Generalitat y cuenta con los consistorios de Ascó y Vandellòs, más representantes de los consejos comarcales, de las cámaras de comercio, de las asociaciones empresariales y de los sindicatos. Fuentes de este órgano de gobierno mantienen que la única convocatoria específica para empresas del territorio que ha ejecutado la Generalitat fue una partida de 4 millones de euros, salidos de la recaudación del año 2023. Y el Departamento de Empresa la hizo, indican las mismas fuentes, sin la obligatoria supervisión de los miembros del órgano de gobierno de los fondos.

El propio Roger Torrent reconoció en su día que el “deseado” cierre de las nucleares “provocará la pérdida de una media de 3.000 puestos de trabajo directos y afectará al tejido económico de las comarcas del entorno”.

El fondo de transición nuclear quedó definido inicialmente como una competencia propia y exclusiva del Departamento de Empresa, que ahora comanda Miquel Sàmper. Sin embargo, en sus primeros días al frente de la consejería de Economía, Alícia Romero decidió asumir un rol de control del reparto de dinero derivado de la ecotasa nuclear. Fuentes del órgano de gobierno del fondo de transición ponen de manifiesto que Economía se ha reservado las funciones de coordinación para dar más claridad a la gestión de los recursos.

Anav revela que este año ha hecho inversiones de 31 millones de euros en Ascó I y 26 millones en Ascó II. En el caso de Vandellòs II, la cantidad asciende a 42 millones. La empresa, propiedad de las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola, mantiene que el previsto apagón nuclear no altera sus planes. “Estamos preparados y queremos seguir preparándonos para operar a largo plazo”, sostiene Paulo Santos. Desde el sector se defiende que no tiene sentido poner fecha de caducidad a los reactores porque son una fuente de energía limpia y segura, en plena cruzada por la descarbonización.

Reactores prejubilados y una plantilla con 46 años de media

Los dos reactores de Ascó se tienen que desconectar entre 2030 y 2032 y la unidad que opera en Vandellòs II tiene margen hasta 2035. Según datos de Anav, en las instalaciones nucleares trabajan de manera directa 1.900 personas que tienen una edad media de 46 años. El impacto laboral de la nuclear traspasa la plantilla regular de las plantas, porque cuando hay operaciones de recarga o de mantenimiento se incorporan un millar de trabajadores. Fue en diciembre de 2021 cuando la Generalitat hizo un anuncio para informar de la creación de un fondo de transición nuclear “dotado con 24 millones de euros anuales para el desarrollo socioeconómico y la transición justa”.

Se presentó como un mecanismo de apoyo financiero para los municipios que quedan afectados por el anunciado cierre de las plantas nucleares. El entonces consejero de Empresa manifestó que el fondo tenía que servir “para transformar el tejido productivo de la zona, para diversificar la economía y generar oportunidades laborales para cuando llegue el momento tan esperado del cierre de las nucleares”. Teresa Jordà, que era consejera de Acción Climática, también destacó que “el firme compromiso del Govern para desnuclearizar Cataluña antes de 2040 se tiene que hacer de forma justa y sin dejar a nadie atrás”.

Cuando presentó el fondo de transición nuclear y acotó las ayudas a un número concreto de municipios, la Generalitat pidió un “compromiso de país” para dar impulso a “unos territorios que han sido extraordinariamente solidarios y generosos” al acoger unas instalaciones que han actuado como motor energético de Cataluña. Según el reporte del Instituto Catalán de la Energía (Icaen), más del 50% de la demanda eléctrica de Cataluña se abastece con la actividad de las plantas nucleares.