La antigua central térmica de Cercs: de símbolo industrial a amenaza ecológica

La que un día fue una central térmica símbolo del apogeo industrial de Cataluña, ahora amaga con convertirse en una amenaza ecológica. La población de Cercs (Barcelona) ha exigido al Gobierno central el desmantelamiento definitivo de la antigua infraestructura eléctrica. Desde que la central cerró en 2011, la Plataforma Anti-Incineradora ha denunciado el deterioro de las instalaciones abandonadas, que acumulan residuos, algunos tóxicos, como el fuel, el fibrocemento o el ácido sulfúrico. “Es un peligro público y puede provocar una catástrofe ecológica en el territorio”, alerta Martina Marcet, portavoz de la plataforma.

Tanto el Ayuntamiento como entidades ecologistas han advertido del peligro de que se contamine el embalse de la Baells, justo debajo de la central y que abastece al área metropolitana de Barcelona a través del río Llobregat. La planta está conectada con el pantano a través de un torrente. Un cortocircuito o un incendio, denuncian, podría provocar un vertido de los tres tanques de fuel que todavía hay en su interior. Además de la posibilidad del desmoronamiento de alguna de las chimeneas, la población ha denunciado el vandalismo que están sufriendo las instalaciones. “Hay vecinos que viven a menos de 300 metros de la central y un vertido de productos tan corrosivos puede provocar graves accidentes”, ha denunciado Urbici Malagarriga, alcalde de la localidad y miembro de la plataforma.

Durante 40 años la central quemó carbón de muy baja calidad procedente de la misma comarca del Berguedà. Sus emisiones provocaron en 1980 lluvias ácidas que afectaron a 3.000 hectáreas de bosques de pino negro y cultivos. Ese capítulo derivó en 1990 en la primera condena por un delito ecológico en España. El Tribunal Supremo impuso una pena de ocho meses de cárcel y una multa de 1,4 millones de pesetas a su director, Ernest Domingo Ibars. La compañía Fecsa, por entonces propietaria de la central, fue multada con 80 millones de pesetas. La central térmica superó en 35 ocasiones los límites de emisiones de 125 microgramos por metro cúbico que marcaba la legislación catalana. En 2002 se registró el índice más elevado: 262 microgramos. El fantasma de la nube ácida vuelve a sobrevolar el territorio, pero también la posibilidad de que se repita una catástrofe como la explosión de la petroquímica de Tarragona en 2020.

El Ayuntamiento se reunió el pasado junio en Madrid con el órgano competente, el Ministerio de Energía y Minas. En el encuentro, el Gobierno trasladó a Malagarriga su desconocimiento por completo del mal estado de la central térmica, cuya propiedad es de la promotora catalana EmSpain Waste & Treatment. La formación política Som Cercs, que se presentó de forma independiente en las últimas elecciones municipales, ha demandado la renaturalización del espacio y la recuperación del estado original de los terrenos, que son patrimonio comunitario del municipio.

13 años sin proyecto para la central

En 2018 cuatro emprendedores dieron a la central abandonada protagonismo a nivel mundial al convertirla en el primer parque temático del terror del sur de Europa. Lo bautizaron como Horrorland y después de crear sensación durante tres años, el parque abandonó el Berguedà para trasladarse al Maresme (Barcelona).

En ese proceso, en 2019 EM Spain Waste & Treatment hizo pública la compra de las instalaciones. Desde entonces la empresa con sede en Manresa ha intentado varias veces darle una segunda vida a la central. La compañía pretendía invertir 130 millones de euros en transformar la central de Cercs en una planta incineradora que produjese energía mediante la quema de desechos industriales como vehículos, reciclaje y papel. En ese contexto nació la Plataforma Anti-Incineradora, que se opuso frontalmente al proyecto por el impacto ambiental que suponía. La Fiscalía investigó las obras y finalmente el Gobierno y la Generalitat tumbaron el plan.

Tras años de negociaciones frustradas, la promotora decidió en 2023 reorientar su propuesta hacia un nuevo proyecto de economía circular enfocado al desarrollo del turismo, la promoción del medio ambiente y las energías limpias. La alternativa consistía en construir dos plantas para producir energía renovable a partir de hidrógeno verde, un museo, un hotel, un restaurante y un parque natural. Esto provocó otro terremoto de oposición ciudadana en toda la comarca del Berguedà.

El gerente de EM Spain, Lluís Basiana, justificó la propuesta alegando que contribuía al crecimiento económico de la zona y que crea puestos de trabajo, pero la opinión de algunos vecinos de Cercs es otra: “No creo que esos puestos de trabajo compensen el impacto ambiental. Además, los directivos e ingenieros seguro que serían de ciudades como Barcelona y de la comarca solo saldría mano de obra barata”, afirma Albert López, vecino que trabajó en el mantenimiento de la antigua central hasta su cierre.

El agua como principal conflicto

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà y la Plataforma Anti-Incineradora ven escandalosa la cantidad de agua que se necesita para la planta de hidrógeno verde. La promotora ha defendido que tiene licencia para extraer hasta tres millones de metros cúbicos de un acuífero del cual tiene la concesión. Sin embargo, Marcet, ha alertado de que el uso de esta agua en plena sequía y emergencia climática debería ser de gestión pública. La empresa alegó que para producir el hidrógeno verde usaría energía solar, pero Marcet está convencida de que no sería suficiente y se necesitaría también energía hidroeléctrica. “El acuífero es un recurso que en una situación de sequía como el actual puede ser fundamental para el consumo comunitario”, asegura.

El proyecto está ahora completamente parado tras la presentación de la empresa del Plan de Mejora Urbana, ya que la zona es de difícil acceso por la orografía vertical y las instalaciones de la central tienen muchas deficiencias que hay que mejorar. Marcet ha confirmado que la única vía abierta para efectuar el desmantelamiento definitivo de la central es un contencioso administrativo para recuperar los terrenos de uso comunitario y después decidir qué hacer con la explotación de las aguas freáticas.

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