Cataluña vuelve a cambiar de rumbo frente a la sequía: de agua con buques a una desaladora portátil en el mar de Barcelona

En noviembre de 2023, el Govern abrió por primera vez la posibilidad de traer agua en barco a partir de verano para abastecer en Barcelona ante la grave sequía. Era la primera vez que la Generalitat abría la puerta a esta medida de emergencia, que si bien no era inédita (en la gran sequía de 2008 el Ejecutivo tripartito de PSC,ERC e Iniciativa tuvieron que recurrir ya a ella) sí parecía cosa del pasado: cuando en noviembre de 2022 se declaró la primera alerta por sequía, desde el Ejecutivo catalán se insistía en que “esto no era 2008″ y que la comunidad estaba mucho más preparada que entonces para afrontar una larga crisis hídrica sin recurrir a medidas tan excepcionales. La realidad climática, sin embargo, fue más testaruda y finalmente el Govern anunció un año después la llegada de barcos a partir del verano. Ayer, la Generalitat, sin embargo, dio marcha atrás a esa medida para anunciar que había dado con una solución mejor: una desaladora portátil flotante a partir de octubre con la que garantizar el agua en la segunda ciudad en población de España. Una alternativa casi distópica para una gran ciudad europea que el Ejecutivo de ERC había mantenido en secreto pese a que llevaba negociando desde hacía meses.

La tecnología salvará el consumo doméstico de Cataluña. Además de la infraestructura de Barcelona (aportará cerca de 40.000 metros cúbicos diarios, el equivalente al 6% del consumo del área metropolitana), el Ejecutivo catalán instalará 12 desaladoras móviles en la Costa Brava. “Aseguramos el acceso a agua de toda la población en las actuales condiciones de emergencia”, afirmó ayer el consejero de Acción Climática, David Mascort, que descartó nuevas restricciones en los 239 municipios que se encuentran en la fase más grave del Plan Especial de Sequía (PES) si se mantiene esta tendencia meteorológica. El Govern afirma que la desaladora portátil podrá dar servicio durante cinco años, hasta que se termine la construcción de las dos desaladoras fijas previstas en Foix (Barcelona) y Tordera (Girona). El coste se elevará por encima de los 100 millones.

El anuncio hace medio año de la Generalitat de que el territorio se preparaba para traer agua en barco desalada desde otros territorios como Murcia o Baleares había tensionado ambas comunidades porque, aseguraban entonces ambos Ejecutivos a este periódico, nadie se había puesto en contacto con ellos antes de plantear esa posibilidad públicamente. “Nos enteramos por la prensa (de la propuesta)”, explicaba entonces a EL PAÍS una fuente del Ejecutivo de Marga Prohens (PP). En Murcia, gobernada por una coalición PP-Vox, la sequía también estaba causando estragos de una manera similar que Cataluña. A partir de ahí, la Generalitat impuso un gran hermetismo y, pese a seguir citando posibles lugares concretos desde donde se traería el suministro, siempre evitó dar detalles sobre los términos en los que se estaba negociando con los territorios y el Gobierno central. En público y en privado, desde el Govern se limitaban a explicar que “lo más importante” era negociar con las navieras, para que, “en caso de ser necesario”, se pudiera traer agua en barco en seguida. El origen del agua, defendía el Ejecutivo, era lo menos importante.

Como opción más probable se apuntó a Tarragona, que bebe del río Ebro. Incluso se realizaron obras en su puerto para prepararlo y poder fletar barcos desde el sur de Cataluña hacia Barcelona. El consejero Mascort había llamado a “la solidaridad territorial” con la sequía, en clara referencia a ese territorio, donde la crisis no estaba causando tantos estragos como en el norte de la comunidad. Las palabras causaron malestar en las Tierras del Ebro, donde la mayoría de las alcaldías pertenecen a ERC y existe un amplio movimiento social contra cualquier desvío de agua tras el proyecto fracasado del trasvase del Ebro del Gobierno de Aznar.

Aparte del agua de Murcia y Palma, el Govern habló también de traerla desde Marsella, pero finalmente la bola cayó en la Comunitat de Valencia, un territorio que nunca había sido citado por el consejero en sus sucesivas ruedas de prensa. El pasado 3 de febrero, ya con la fase de emergencia por sequía declarada y los embalses por debajo del 17%, el Gobierno de España, titular de la instalación, y la Generalitat anunciaron la llegada de agua de la planta desaladora de Sagunto (Valencia) para abastecer Barcelona a partir de verano. El Gobierno pagaría la producción del agua desalinizada, mientras que la Generalitat se encargaría de financiar el transporte mediante barcos. Pese al ofrecimiento de hasta siete hectómetros cúbicos en barco desde Sagunto, la Generalitat siguió sin descartar que se trajeran más barcos desde otros territorios. Todo ha quedado, sin embargo, en papel mojado tras el anuncio de la desaladora portátil.

Llenar la costa de desaladoras portátiles para salvar la temporada turística fue una iniciativa que partió en un principio desde el sector privado en la Costa Brava, zona cero de la sequía catalana y cuya economía depende del turismo. El 7 de marzo, a preguntas de si el Govern podía estar planteando la posibilidad de sufragar desaladoras portátiles, el secretario general del Departamento de Acción Climática, Josep Vidal, dijo: “Estas desaladoras (portátiles) no nos da una compensación entre la inversión y la cantidad de recursos que aporta, pero no es una propuesta que hayamos descartado. La tenemos sobre la mesa”. Ayer, el conseller destacó, sin embargo, que la desaladora de portátil se trata de “una solución más económica y sostenible”. Y subrayó: “Es evidente que no podemos traer un barco cada día”.

Los cerca de 40.000 metros cúbicos diarios que aportará la desalinizadora flotante, el equivalente al 6% del consumo del área metropolitana de Barcelona, se inyectarán directamente a la red de abastecimiento. Según Mascort, esta agua cuesta la mitad (4,4 euros el metro cúbico) que la procedente de un barco (unos 10 euros el metro cúbico), que cargaría con alrededor de 30.000 metros cúbicos. La empresa Abengoa fabricará la desalinizadora flotante.

Sobre el cambio de rumbo de los barcos a la desaladora portátil, el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), Luis Babiano, cree que demuestra que el escenario “de pánico” y de “supervivencia” ahora ya “se ve un poco más lejano” en la comunidad. La llegada de barcos, cree Babiano, se trata siempre del último escenario, el “más límite”. “La experiencia en Mallorca durante los años 90, cuando la isla tuvo que recurrir al agua de Tarragona, dejó una deuda económica que tuvo que afrontarse durante años. Esa historia está presente y cualquier otra decisión que se tome para hacer frente a una sequía da la sensación de más control “, dice Babiano, que llama a “seguir haciendo los deberes” para afrontar las futuras sequías que azotarán el mediterráneo.

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