La propuesta de Cataluña de transportar agua en barcos por la sequía tensiona a otras comunidades

La tensión en Cataluña por la gestión de la peor sequía del último siglo empieza a salpicar a otras comunidades. Salvo que unas imprevistas lluvias lo remedien, la Generalitat ha anunciado que recurrirá después de marzo a barcos con cargamentos de agua que podrían proceder de Tarragona, Palma, Murcia o Marsella, para garantizar así el abastecimiento de Barcelona. Esta posibilidad la lanzó la semana pasada el consejero de Acción Climática, David Mascort, en rueda de prensa. La medida (aún “en estudio”, enfatiza el Govern), ya ha despertado, sin embargo, las reticencias del Gobierno de Baleares (gobernada por el PP con el apoyo externo de Vox) y la Región de Murcia (una coalición PP-Vox). Según fuentes consultadas por este diario, ambos ejecutivos se muestran, por el momento, reacios y esgrimen que ellos ya libran su propia batalla contra la sequía. “¿De dónde pretenden sacar el agua?”, cuestionan fuentes de la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia.

El president, Pere Aragonès, ratificó durante su viaje a Corea del Sur el anuncio de Mascort: “Estamos cerca de tener que traer agua en barco a Cataluña y es indispensable la colaboración del Gobierno”. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que, por el momento, en las reuniones que se están manteniendo con la Generalitat para la gestión de la sequía no se ha tratado un hipotético traslado de agua en barcos, sino que estas han versado sobre la construcción y ampliación pendientes de desaladoras en Cataluña.

La mayoría de desaladoras de Murcia y Baleares son de titularidad estatal. La maniobra de traer agua con barcos es el último recurso que maneja la Generalitat cuando se declare el escenario de emergencia del Plan Especial de Sequía, si en el próximo período de precipitaciones, entre marzo y mayo, no llueve lo suficiente y los embalses bajan del 16% de su capacidad (en la actualidad, al 17,7%). Casi seis millones de catalanes ya conviven con las restricciones domésticas, agrícolas e industriales. Esta realidad de traer agua desde otros puertos, cada vez más cercana, revive el fantasma de la sequía de 2008, cuando la comunidad tuvo que recurrir a dos barcos con más de 20.000 metros cúbicos de agua procedentes de Tarragona y Marsella. También se estaba preparando entonces un buque desde el puerto de Almería con agua de desaladora de la planta de las Carboneras, gestionada por el Gobierno central, pero nunca zarpó porque un frente de precipitaciones acabó finalmente con la sequía.

La operación desde el puerto de Almería, autorizada por la entonces ministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se firmó en convenio junto a la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE (ahora lo hace el PP). En aquellos años, el tripartito (PSOE-ERC e Iniciativa) gestionaba Cataluña bajo la presidencia del socialista José Montilla. Que las tres administraciones estuvieran bajo el mismo color político facilitó la colaboración, pero no evitó la tensión con la oposición. Mariano Rajoy, líder de la oposición de entonces, tildó de “esperpéntico” el posible envío de agua desalada desde Almería a Cataluña.

Mascort no hizo referencia el pasado martes, sin embargo, a un posible envío de agua desde Andalucía, territorio que preside Juan Manuel Moreno (PP). Aunque sí de Murcia, gobernado por el popular Fernando López Miras. En Baleares, también coincide ahora que el Ejecutivo está en manos del Partido Popular, con Marga Prohens. A pesar de que el Ejecutivo catalán no ha confirmado de dónde pretende obtener el agua, fuentes de la Generalitat aseguran que “se están analizando todos los escenarios para elegir la mejor opción”. El Ejecutivo catalán ya ha comenzado las obras de los puertos de Barcelona y Tarragona.

La opción de que se puedan utilizar los recursos hídricos de la Región de Murcia genera sorpresa en la comunidad. Envuelta desde hace décadas en una lucha con Castilla-La Mancha por el trasvase Tajo-Segura, la situación de sequía que vive es también muy compleja. Murcia cuenta con cinco grandes desaladoras, de las cuales cuatro (Valdelentisco, Águilas, El Mojón y San Pedro del Pinatar) están gestionadas por la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. “Desconocemos por completo de qué se trata esa posibilidad que estarían estudiando. Pero con la situación que tenemos aquí, lejos de ofrecer, lo que necesitamos son nuevos y permanentes aportes de agua”, afirma la Consejería de Agricultura de Murcia, que ha invitado a la Generalitat a que se sume en sus reivindicaciones para que el Gobierno español impulse un Plan Hidrológico Nacional que resuelva “las demandas de todas las comunidades y ofrezca certidumbre a los consumidores”.

Baleares, comunidad pionera en la desalación de agua debido a la enorme presión turística que recibe en verano, cuenta con nueve desaladoras entre las cuatro islas (una en Formentera, tres en Mallorca, tres en Menorca y dos en Ibiza). El Gobierno central es titular de las desaladoras de Mallorca, Menorca y Formentera, mientras que el Ejecutivo autonómico gestiona las dos de Ibiza. La declaración de intenciones del conseller catalán Mascort también pilló por sorpresa al Ejecutivo balear. “Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna solicitud por parte de la Generalitat en relación con la venta o el suministro de agua mediante barcos”, enfatiza una portavoz de la Consejería del Mar y del Ciclo del Agua. Estas mismas fuentes añaden: “En el actual contexto, Baleares no cuenta con las condiciones para efectuar una venta de agua de esta magnitud. Ahora mismo, nuestra infraestructura y recursos hídricos están diseñados y gestionados para satisfacer las necesidades de nuestra propia comunidad autónoma”.

El Ebro, lo más viable

Desde el Govern destacan que los barcos pueden proceder de varias localizaciones y que del río Ebro, la opción más viable, según las declaraciones de Mascort, transportarían la cantidad sobrante. “No cogeríamos agua de un lugar en el que la necesitan”, enfatizan fuentes de la Generalitat. Pero las revisiones y reformas en el puerto de Tarragona están generando también muchos recelos en Las Tierras del Ebro. La Plataforma en Defensa del Ebro critica las posibles desigualdades territoriales que podría conllevar el transporte de agua de una zona a otra. “Yo he sido alcalde de mi pueblo muchos años, y si mi vecino tiene un problema y le puedo ayudar, no lo dudaría”, aseguró ayer Mascort en una entrevista para la emisora RAC1.

La Generalitat ha volcado todos sus esfuerzos en la ampliación de las infraestructuras de regeneración y depuración de agua para paliar los efectos de la sequía. Solo en esta primera fase, que incluye las reformas de las plantas de Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat y Besòs, se han invertido 100 millones. La idea es no depender de barcos con cargamentos de agua para abastecer a la población y satisfacer la demanda industrial. Aunque, sin haber iniciado las conversaciones con los actores involucrados, como afirmó el consejero de Acción Climática, el Ejecutivo catalán ha comenzado las obras de los puertos de Barcelona y Tarragona.

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