Embrollos políticos y presupuestos

La ruleta ha acabado con los presupuestos para 2024. Y ese es un mal dato en un país que viene del agitado decenio del procés y en el que las políticas sociales han tenido un carácter meramente retórico, pues el soberanismo hegemónico las ha limitado a alimentar el mantra populista de que la independencia acabaría a con todos los males.

Lo cierto es que la pobreza crece mientras en la campaña electoral hay quienes siguen agitando el reclamo de esa Arcadia tan feliz como inalcanzable. En Cataluña, según la estadística de la propia Generalitat (Idescat), el 8,9% de la población se halla en situación de pobreza social y material severa lo que supone 80.000 personas más que en 2022. En Cataluña hay más de 700.000 pobres, según datos de 2023.

Y pese a esas cifras, entre enero del año pasado hasta febrero de 2024 el número de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) –tanto íntegra como complementaria– ha menguado: ha pasado de 165.371 a 157.520. Es decir, la Generalitat apenas da cobertura al 20% de la población que según ella misma está en situación de pobreza severa.

Por añadidura, el accidentado fin de legislatura ha dado al traste con la modificación de la ley que regula la citada renta, reforma en teoría apoyada por toda la izquierda y que en la práctica se dilata en el tiempo una y otra vez. El embrollo de convocar elecciones anticipadas y estar sin presupuestos tiene consecuencias. Y, más allá del cálculo político, para la ciudadanía resulta incomprensible. Los agentes sociales, que ya expresaron su perplejidad ante la no aprobación de las cuentas de la Generalitat, ahora ven como se esfuman 800 millones de euros en sanidad, como se posterga la rebaja de las tasas universitarias o como quedan en el cajón de los buenos propósitos los 1.700 pisos sociales previstos en Barcelona. No es que las cuentas permitieran declarar el estado de felicidad permanente, pero no tenerlas por meros cálculos políticos es peor.

PSC y Esquerra culpan de todo ello a los comunes y recuerdan que dieron luz verde a dos presupuestos –en 2022 y 2023– en los que figuraba el desarrollo del macro-casino Hard Rock e incluso se llegaba a incluir una partida de 120 millones de euros para el polémico complejo de juego. Eso tan cierto como que el PSC quiso que Hard Rock, la ampliación del aeropuerto del Prat y la construcción de la B-40 entre Sabadell y Terrassa figuraran como condiciones sine qua non para aprobar los presupuestos. Se trata de un catálogo de macroproyectos en una Cataluña en crisis climática. Con restricciones a la vista para el consumo de agua de boca, el Hard Rock emplearía 15.000 millones de litros anuales. Eso sí, la gran piscina del complejo de Salou -de ampliarse el aeropuerto del Prat– podría albergar las aves expulsadas del delta del Llobregat y evocar de esta forma los manglares de la Florida del Hard Rock. La política de vuelo gallináceo del independentismo está contagiando gravemente a la izquierda.

No deja de ser paradójico que cierto progresismo catalán –que arquea preocupado la ceja ante lo que considera chalaneo para conseguir prestaciones sociales– aborde con suma indulgencia el negocio urbanístico con 104 hectáreas del Hard Rock, que la Caixa compró a 30 euros el metro cuadrado en régimen de expropiación forzosa y ahora se prevé que sean adquiridas por la Generalitat por 115 euros el metro cuadrado. En la Cataluña del postprocés y sin presupuestos lo único que sigue su camino sin pestañear es el macrocasino de Salou.

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