La Generalitat recurrirá al déficit para abordar las mejoras salariales de los sanitarios
“Los maestros tendrán que esperar” , asegura el presidente de la Generalitat ante la falta de presupuestos
![Manifestación conjunta de médicos y profesores en Barcelona, en 2019.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KAT3A4CFF2B55F7FGWUPOHNG4I.jpg?auth=57b4e9e867c1182825e4b8e39a3f514d311397b5463d8bf60523597f91fa3c92&width=414)
El bloqueo de los presupuestos y la convocatoria de elecciones —que implica un cambio de gobierno y una ralentización de la gestión— echa por tierra muchas iniciativas y avances que el Govern había estado trabajando durante la legislatura con el objetivo de apagar dos de los principales focos de conflicto social con los que ha tenido que lidiar: las protestas de médicos y la de los maestros. Largas y duras negociaciones que acabaron en unos acuerdos de las mejoras laborales, que dependían de unas cuentas que ya no verán la luz. La Generalitat tendrá que tirar de déficit para cumplir con algunos acuerdos. La lista de iniciativas que quedan paralizadas o en el limbo —pendientes de lograr recursos con créditos extraordinarios, por ejemplo— en el ámbito social es mucho más larga.
Educación. Las mejoras educativas, sin recursos
El Departamento de Educación debía contar este año con 7.500 millones, lo que suponía unos 700 millones más (un incremento del 10%). Las cifras más altas de su historia con las que pretendía afrontar los múltiples e importantes retos del sistema educativo, empezando por intentar lograr la paz social que el profesorado.
Hace dos meses, la consejera Anna Simó lograba firmar con parte de los sindicatos un acuerdo que suponía acabar con los últimos recortes que quedaban pendientes de hacía una década. En concreto, el pacto suponía recuperar el complemento salarial de los sexenios, la reducción de dos horas lectivas a los docentes mayores de 55 años o la equiparación salarial del profesorado de FP con el de secundaria. Las medidas beneficiaban a 43.400 docentes y suponían un coste de 67 millones. El presidente Pere Aragonès ha sido este jueves meridianamente claro: “Los maestros tendrán que esperar”, ha afirmado en una entrevista a Rac1. El principal sindicato educativo, Ustec —que se negó a firmar el acuerdo y que el miércoles se manifestaba con otras organizaciones en contra de los presupuestos— ha exigido este jueves al Govern que apruebe un decreto de urgencia para recuperar estas condiciones laborales.
A nivel de personal, también se pierden las partidas para equiparar los salarios del profesorado de la concertada con la pública o para contratar 1.900 maestros nuevos y casi 500 trabajadores administrativos y de apoyo educativo.
También desaparece la partida de 50 millones que se había reservado para empezar a aplicar, a partir de septiembre, las mejoras propuestas por el comité de expertos para revertir los malos resultados educativos. La pasada semana, durante la presentación de las medidas, Simó ya advertía: “Sin presupuestos no podremos aplicar, al menos, una parte de las propuestas que han hecho los propios partidos. Hay otras que no requerirán de una partida y si lo requieren, pues se irán desplegando de forma más lenta”.
Educación tampoco podrá contar con el aumento de 35 millones para la escuela inclusiva o los fondos para la construcción o ampliación de edificios, digitalización de las aulas o aportación a la financiación de la plaza en las guarderías. Con todo, el departamento estudia ahora con detalle a qué tendrá que renunciar y qué podrá rescatar con fondos extraordinarios.
Salud. Salarios actualizados a base de déficit
La Generalitat tenía previsto incorporar 424 millones de euros más (un crecimiento anual del 3,6%) que permitían alcanzar una cifra récord de 12.132. La mayor parte del aumento (207,4 millones) estaba destinado a la mejora de los salarios de los profesionales acordados para este 2024. Esta partida está “garantizada” sin las nuevas cuentas, explican fuentes de Salud, aunque la vía para garantizar los pagos sea aumentando el déficit, una necesidad permanente en el Departamento.
Salud y la mayoría de grandes sindicatos pactaron el año pasado aumentos retributivos para todo el sector, concertado y público. Estas mejoras garantizaban entre 2.000 y 5.000 euros para médicos y enfermeras. El problema es que parte de los profesionales aún no han cobrado la totalidad de las mensualidades actualizadas en estos primeros meses de año, y el fracaso de los presupuestos generó dudas entre los trabajadores. “Los acuerdos se cumplirán”, remarcan desde la consejería.
Las remodelaciones y obras estructurales previstas son una de las partida más afectada. Todas aquellas intervenciones y construcciones que ya están en marcha seguirán los plazos previstos, pero Salud admite que no podrá iniciar nuevas obras sin presupuestos. También queda en el aire la capacidad del sistema para absorber la demanda de la población. El Departamento contaba con abonar 285 millones de euros (la mayor variación anual) en la compra de servicios sanitarios, cifra a la que no podrá llegar sin pedir más crédito.
Universidades. Paralizado el traspaso de becas
Muchos planes de las universidades también se verán truncados, empezando por la reducción de los precios de las matrículas que había anunciado el departamento. Los presupuestos del área que dirige Joaquim Nadal -que ascendían a 1.682 millones, un 7% más (102 millones)- incluían una partida de siete millones para compensar la reducción de los precios de grados -que se unificaban, cogiendo como base el importe de los más baratos- y el de másteres que habilitan para ejercer una profesión (profesores de secundaria, abogados o ingenieros). También se habían reservado cinco millones para ampliar los descuentos a las familias monoparentales. Asimismo, se pierde la partida de 70 millones adiciones para mejorar la financiación de las universidades públicas y de 12 millones para los centros de investigación, así como el nuevo fondo de 150 millones para proyectos de investigación. También quedan paralizadas las negociaciones con el Gobierno central para lograr el traspaso de la gestión de las becas universitarias.
El tercer sector social ve un retroceso al decaer los presupuestos
La convocatoria de elecciones anticipadas y el rechazo a los presupuestos ha caído como un jarro de agua fría en el ámbito del Tercer Sector Social. No solo porque el proyecto permitía al departamento de Derechos Sociales elevar su gasto en 290,3 millones de euros (lo que suponía llegar a 3.612,3 millones de euros, un 8,7% más), sino porque el fin abrupto de la legislatura paraliza iniciativas y normas que tenían que servir para reforzar a este ámbito del Estado del Bienestar, siempre más olvidado que Salud o Educación. En un comunicado, la Taula d'Entitats del Tercer Sector y La Confederació, que es la patronal del sector, lamentan que con legislaturas tan cortas e inestables "Es imposible desarrollar y consolidar políticas sociales de lucha contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades, garantizar la sostenibilidad de las entidades sociales y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores". Entre las medidas que decaen, quedan paralizadas o se retrasan está el traspaso del ingreso mínimo vital a la Generalitat, que tiene que integrarlo con la renta garantizada de ciudadanía para mejorar estas prestaciones y que lleguen a más gente; la proposición de ley del Tercer Sector; el despliegue por el territorio de los planes de vivienda pública y de políticas activas de ocupación; la condonación de la deuda de familias en situación de vulnerabilidad energética; o las iniciativas en materia de la lucha contra la pobreza infantil, entre otras cosas. Sindicatos y entidades confían en que otras iniciativas ya acordadas, como el incremento del 5,4% del indicador para medir las ayudas sociales, se llevarán a cabo igualmente, pero hay muchos aspectos del presupuesto que peligran, como por ejemplo el incremento de 1.000 plazas más en las residencias de gente mayor y los centros de día.
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