La receta de Cataluña para mejorar la educación: más personal en las escuelas más vulnerables y más aulas de acogida

Aumentar la plantilla de docentes y de personal educativo en las escuelas con más alumnos vulnerables, o incrementar las aulas de acogida para alumnos inmigrantes que llegan a medio curso. Son algunas de las medidas prioritarias que plantea el grupo de expertos creado hace un par de meses para diseñar un plan de choque para mejorar el sistema educativo en Cataluña tras los malos resultados académicos de los últimos años. El grupo ha finalizado su trabajo y este miércoles han presentado sus conclusiones, en forma de 54 medidas, a la consejera de Educación, Anna Simó.

La creación de este grupo de expertos nace a raíz de la alerta generada en diciembre por el fiasco de resultados que reveló el informe internacional PISA, con una gran caída en matemáticas y lectura. A partir de ello, se convocó una cumbre entre Govern y partidos políticos celebrada el pasado 19 de diciembre en que se acordó la formación de dicho grupo, formado por 18 personas, básicamente docentes en activo, de diferentes sectores y territorios, de las diferentes etapas educativas y de centros tanto públicos como concertados. La idea fue que los profesores, que son los que conocen la realidad de las aulas de primera mano, pusieran sobre la mesa las propuestas que ellos consideran que pueden mejorar el nivel académico de los alumnos.

El comité de expertos, que empezó su trabajo en enero, ha presentado este miércoles un dosier de 127 páginas, donde desgrana seis líneas generales de actuación, y que se concreta en 54 medidas, de las cuales, 18 prioritarias. La mayoría, no obstante, están focalizadas en el profesorado. Entre las más concretas destacan el aumento de docentes y de personal de refuerzo educativo (educadores, integradores sociales, psicólogos…) en los centros con más alumnos vulnerables, además de crear un sistema de incentivos para los profesores que trabajan estas escuelas (y así evitar la alta rotación de personal que tienen), fijar un porcentaje máximo de renovación de plantilla en cada centro o incrementar las aulas de acogida.

Asimismo, se incluyen otras medidas como incentivar la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje, que la formación del profesorado se realice dentro de las horas de permanencia en el centro o reducir la burocracia. Pero entre la lista de propuestas urgentes también hay de carácter filosófico o general, como promover un pacto nacional para la inclusión y la equidad, trabajar en red contra el abandono escolar o mejorar la comunicación con las familias.

Del conjunto de medidas, pocas tienen un perfil pedagógico, y las que constan, tienen un carácter general, como la necesidad de definir los aprendizajes básicos para cada etapa educativa, elaborar una lista de estrategias para mejorar la forma de enseñar las matemáticas o crear la figura de profesor orientador para reforzar la lectura. Tampoco se hace mención de la posibilidad de recuperar la sexta hora escolar en la pública, para equiparar los horarios con la concertada.

Uno de los motivos que explica este carácter genérico de las medidas es la heterogeneidad de sus miembros y el hecho de que las propuestas han sido seleccionadas por consenso. “Son personas que no siempre piensan lo mismo, pero que han sido capaces de llegar al consenso”, ha destacado el coordinador del grupo, Jesús Vinyes. “Tampoco creemos en medidas universales porque no creemos que las medidas funcionen igual en todos los centros”, ha añadido.

A partir de ahora, el departamento estudiará el documento y espera tener “en unas semanas” el detalle de las medidas con su coste y su calendario de aplicación, incluyendo las que deben arrancar ya en septiembre. “Ahora necesitamos un tiempo prudencial para ver el impacto económico, el encaje normativo y la complejidad para su puesta en marcha”, ha apuntado Simó.

Para poner en marcha las medidas, Educación ha reservado una partida de 50 millones en los Presupuestos de 2024. Unas cuentas, actualmente en el aire, así que Simó ha hecho un toque de atención a los partidos. “Sin presupuestos no podremos aplicar, al menos, una parte de las propuestas que han hecho los propios partidos”, ha terciado. Con todo, la consejera ha subrayado que muchas de las medidas ya van en la línea del departamento, de manera que cuentan con financiación. “Hay otras que no requerirán de una partida y si lo requieren, pues se irán desplegando de forma más lenta”, ha admitido.

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