El precio de las matrículas universitarias no bajará finalmente en Cataluña por el adelanto electoral

La falta de Presupuestos en Cataluña impactará directamente en el sector educativo y no permitirá aplicar algunas mejoras que debían beneficiar desde alumnos de infantil a universitarios, como la financiación de las guarderías, el anunciado aumento de dotación para la escuela inclusiva o la reducción del precio de las matrículas universitarias. Pero las consecuencias se notarán especialmente en las medidas que debían sacar al sistema educativo del pozo en que se encuentra y que han puesto de manifiesto tanto los exámenes de evaluación de la Generalitat como el informe internacional PISA.

En concreto, en el ámbito universitario no se reducirá el precio de los grados técnicos y científicos, ni tampoco el de los másteres habilitantes, es decir, los necesarios para ejercer de profesor, ingeniero o abogado. Además, los campus tampoco podrán contar con los cuatro millones adicionales previstos del Plan de Inversiones Universitarias (PIU) destinados a mejorar las instalaciones, según ha confirmado el Departamento de Universidades a este diario. Todas estas eran medidas contempladas por el departamento en las cuentas para este año y que presentó hace un mes, pero que se verán truncadas por falta de Presupuestos de la Generalitat para este año, tumbados por la mayoría parlamentaria.

Joaquim Nadal debía contar este año con 1.682 millones (102 más) para investigación y universidades. Dentro de este aumento se incluían siete millones destinados a los campus para compensar la reducción de los precios de grados y algunos másteres. El objetivo era acabar con la diferencia de precios entre carreras, ya que actualmente, las carreras científicas o las ingenierías cuestan 1.108 euros (teniendo en cuenta la matrícula de 60 créditos durante un curso). El consejero anunció que estas se abaratarían un 4% y su precio se equipararía al resto de grados, que cuestan 1.061 euros por curso.

Lo mismo debía pasar con los másteres habilitantes, que son los que los alumnos han de cursar obligatoriamente si quieren ejercer su profesión; esto sucede en el caso de los profesores de instituto, ingenieros y abogados. El precio de estos posgrados se iba a reducir también un 4% para costar lo mismo que los grados. Esto tampoco sucederá.

Asimismo, tampoco se podrá aplicar a partir del curso que viene la nueva bonificación que iba a beneficiar a las familias monoparentales, a las que se iba a equiparar con las familias numerosas. El departamento había reservado cinco millones a esos descuentos sociales.

El Departamento también confirma que se congela la partida del PIU en los 50 millones de 2023 y no podrá crecer en cuatro millones, tal y como estaba previsto. Esta es una partida clave para los campus, que hace años que reclaman un aumento sustancial, ya que de ella depende el mantenimiento y la mejora de sus instalaciones, pero que sufrió un duro tijeretazo con los recortes de hace una década. Por su parte, los centros de investigación se quedarán con la misma financiación basal que el año pasado.

No obstante, sí se mantiene la partida destinada a personal, lo que incluye los 10 millones adicionales previsto por el plan de choque para estabilizar a los profesores asociados. También se ha salvado la nueva edición del Plan Serra Hunter (de captación de profesorado de prestigio) y las becas APA para los alumnos de comarcas de montaña.

Medidas educativas sin coste

En la cartera que gestiona Anna Simó, la pérdida más importante es la partida de 50 millones que se había reservado para poner en marcha las medidas para mejorar el sistema educativo propuestas por el comité de expertos, creado tras el varapalo recibido en diciembre a raíz del informe internacional PISA, con una gran caída en matemáticas y lectura. El grupo empezó a trabajar en enero y dos meses más tarde presentó un dosier de 127 páginas con 54 medidas a implementar. Entonces, Simó se comprometió a distribuir esas medidas en el calendario, según su complejidad y coste. Pero la falta de Presupuestos y el adelanto electoral han truncado los planes. “La voluntad era aplicar las medidas del grupo impulsor, pero aquellas que suponen un aumento significativo de presupuesto no se podrán llevar a cabo”, ha admitido la consejera este martes durante el pleno del Consejo de Educación de Cataluña.

Simó ha presentado la lista de prioridades, en que básicamente abundan las medidas que no implican inversión, como impulsar planes estratégicos; elaborar guías para definir los aprendizajes básicos de cada etapa y los criterios de evaluación; crear la figura de profesor referente en matemáticas y lenguas; un plan de mejora de estos dos ámbitos en unos 200 centros educativos; reducir la carga burocrática de las direcciones o campañas publicitarias para mejorar el prestigio de la profesión docente. Asimismo, el documento incluye medidas ya anunciadas anteriormente, como el plan para recuperar las bibliotecas escolares, el de acompañamiento y mentoría de los nuevos profesores (el plan Sensei) o el aumento de plazas de la FP.

El Departamento de Educación tenía destinados para este 2024 un total de 7.500 millones de euros, 680 más que el año anterior. De estos millones adicionales, finalmente el departamento ha podido salvar casi la mitad, 312, a través del crédito extraordinario aprobado este martes por el Govern (aunque debe ser refrendado por el Parlament). Este monto servirá para aumentar un 2% el sueldo de los profesores, para incrementar la plantilla de personal el próximo curso (1.914 nuevas dotaciones) o para mantener la ayuda económica a la escolarización que reciben los alumnos más vulnerables. Con todo, Simó ha admitido que la inversión en educación se queda en el 4,21% del PIB, lejos del 6% que reclama la comunidad educativa.

Otra de las víctimas de la ausencia presupuestaria es la reducción del vale escolar. Aunque administrativamente depende de Economía, impacta directamente en las familias y los alumnos. Finalmente, la ayuda tendrá un importe de 60 euros, y no de 70 como se había previsto, tal y como avanzó este diario el sábado. El Govern aprobó este martes la medida, de la que se beneficiarán cerca de 800.000 alumnos de primaria, ESO, la FP básica y los de educación especial, y que tendrá un coste de 50 millones.

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