Las universidades catalanas han perdido cerca de 400 millones para inversiones desde los recortes

La crisis y los recortes de hace una década supusieron pasar la tijera por todos los niveles de las universidades. También en mantenimiento e inversiones, una partida clave para tener en buen estado unos edificios que en algunos campus ya son centenarios. Este año, el Departamento de Universidades ha inyectado a los siete campus públicos 53 millones dentro del Plan de Inversiones Universitarias (PIU), una cifra que no se veía desde 2009. Si durante este tiempo se hubiera mantenido este nivel de financiación, las universidades habrían recibido 400 millones más de lo que realmente han ingresado. Y ello, ha tenido un efecto directo: “Los edificios no están en las condiciones de mantenimiento que deberían estar”, admite la gerente de la Universidad de Barcelona, Glòria Matalí.

Bajo el paraguas del PIU, las universidades reciben fondos destinados específicamente a la inversión en tecnología, al mantenimiento de los edificios, así como para financiar nuevos proyectos constructivos. El plan había llegado a repartir la suculenta cifra de 76 millones en 2008 y 57 en 2009. Pero en 2010 la cifra cayó en picado hasta los 28 millones y se quedó fija en 16 millones anuales durante el periodo 2014-19. En 2020 empezó a recuperarse progresivamente hasta los 51 millones actuales. Según fuentes de las universidades, el plan podría dotarse con cerca de 70 millones en 2024, pero la cifra no se concretará hasta la negociación y aprobación de los Presupuestos de la Generalitat.

Las más damnificadas de esta falta de financiación son las universidades grandes, que son las que cuentan con edificios más antiguos. El caso más paradigmático es la Universidad de Barcelona: el edificio histórico, que alberga el rectorado, celebró el pasado curso los 150 años del inicio de su construcción; pero los orígenes de la facultad de Farmacia se remontan a 1845 y la de Bellas Artes, a 1775. La UB ha estado siete años, tras el estallido de la crisis, recibiendo unos cinco exiguos millones para mantener su amplio e histórico patrimonio, lejos de los 12 que recibió en 2010.

“¿Qué podíamos hacer con cinco millones? Nada, simplemente sobrevivir e ir tapando agujeros de seguridad, como cambiar un ascensor o una instalación eléctrica que se quema”, cuestiona Glòria Matalí, gerente de la UB. Matalí admite que en estos años lo que más ha sufrido es el estado de conservación de los edificios. “Tenemos edificios muy antiguos y se han deteriorado mucho. Ahora nos costará mucho más arreglarlos que no si lo hubiéramos hecho poco a poco estos años”.

Este 2023 el PIU se ha recuperado a niveles anteriores a la crisis y la universidad ha recibido 14,6 millones, cifra aún insuficiente para el campus. “Los hemos dedicado a inversión en tecnología, eficiencia energética y a actuaciones de urgencia como cambiar pilares o ventanas que se caen. Pero no podemos hacer previsión de obras nuevas”, lamenta Matalí. La UB tiene en su agenda como actuaciones prioritarias la ampliación de la facultad de Bellas Artes o la construcción de una nueva de Farmacia (la que está en peor estado), pero ello tiene un coste de 40 y 140 millones, respectivamente.

Como los fondos que llegan del PIU no dan para llevar a cabo estos nuevos proyectos, la UB ha tenido que buscar vías alternativas de financiación, como crear un derecho de superficie en favor del Incasòl, de modo que este organismo se encarga de la construcción y posteriormente la universidad retorna la inversión en forma de alquiler durante 50 años. Este es el modelo que, por ejemplo, se ha seguido para tirar adelante la nueva facultad de Matemáticas, con un coste de 50 millones, pero también lo están aplicando otras universidades, como la Pompeu Fabra con el Mercat del Peix o el campus Besòs de la Politécnica.

Y es que las cifras de la UPC también reflejan el drama de los recortes. Antes de la crisis, la universidad percibía alrededor de los 15 millones en el marco del PIU, pero en 2011 la cifra se hundió hasta los cuatro millones, y tocó fondo dos años después, con dos millones. La inversión se empezó a recuperar en 2020 hasta los 10 millones actuales. “Hemos dejado de planificar, vas a tapar agujeros, pero tapas lo más urgente, aquello que supone un riesgo”, explica el rector, Daniel Crespo, y detalla que una de estas emergencias se produjo en la escuela de Arquitectura de Barcelona cuando se empezaron a descolgar las placas del techo.

En este tiempo de vacas flacas, el rector asegura que se han centrado en reducir el consumo energético, mejorando el aislamiento de unos edificios que datan de mediados del siglo pasado, además del edificio modernista y catalogado del campus de Terrassa. Ahora que empieza a recuperarse el PIU, Crespo fija las prioridades en la nueva facultad de industriales en Barcelona, pero también en pequeñas actuaciones en el resto de escuelas, como arreglar goteras.

La Universidad Autónoma, otro de los campus con edificios de más de 50 años, también ha sufrido las consecuencias de los recortes. Los casi 20 millones que recibían antes de la crisis se quedaron en apenas tres durante ocho años; en 2020 empezó a remontar hasta los 10,5 de este último año. “Ha sufrido todo. La casa se nos ha hecho más vieja porque hemos estado muchos años sin hacer lo que se tenía que hacer”, resume el rector Javier Lafuente. Pero aquí, la gran víctima ha sido el sistema informático. “No se han cambiado los servidores, los ordenadores van más lentos y no puedes cambiar los que quedan obsoletos. Y tienes más agujeros de seguridad”, apunta el rector. La UAB sufrió en 2021 un grave ciberataque que le afectó gravemente y del que tardó tiempo en recuperarse.

Como en los años de recortes el PIU no daba para grandes inversiones, el campus de Bellaterra optó por poner los esfuerzos en la eficiencia energética, y de paso hacer malabarismos presupuestarios. “A lo mejor con una inversión de 10.000 euros ahorras 50.000 en energía. Y entonces, este ahorro lo puedes destinar al mantenimiento de infraestructuras”, relata Lafuente. De los 10 millones que reciben actualmente con el PIU, principalmente se destinan a estos planes energéticos, incluyendo la colocación de placas solares y a pequeñas actuaciones. “Todavía no hay suficiente dinero como para pensar en nuevas facultades”, admite.

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