Los amnistiables del ‘procés’, entre la esperanza y el escepticismo: “Hasta que no vea la causa archivada...”

El acuerdo político para la aprobación de la ley de amnistía ha despertado sentimientos encontrados entre algunas de las personas investigadas o juzgadas por el procés independentista catalán. Los beneficiarios de esta medida excepcional se mueven entre la esperanza de dejar atrás sus problemas judiciales y el escepticismo que les genera la previsible resistencia que encontrará su aplicación por parte de algunos jueces. “La sensación es de cierto alivio, pero soy prudente, porque quienes tienen que acabar aplicando la ley son los jueces. Hasta que no vea la causa archivada, no echo las campanas al vuelo”, resume Albert Royo, de 46 años, que en 2017 era responsable del órgano de acción exterior del Govern y lleva seis años inmerso en diversos procesos judiciales que amenazan con llevarle a prisión y dejarle en la ruina económica.

Después de semanas de incertidumbre, PSOE, Junts y ERC han acordado un redactado definitivo que espera la luz verde del Congreso de los Diputados. El preámbulo del texto explica que el objetivo es extinguir la responsabilidad penal y administrativa de “todas las personas, sin excepción”, por delitos vinculados al proceso independentista en Cataluña. Pero después es en el articulado en el que se especifica las condiciones, y ese articulado es el que aplicarán los jueces. El consenso alcanzado ha sido recibido con buenos ojos en una comunidad autónoma donde, a diferencia del resto de España, la amnistía cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. Según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat del pasado noviembre —en plenas negociaciones entre los grupos—, el 60% de los catalanes está a favor de la norma y el 31%, en contra.

“Que haya un acuerdo político es una gran noticia, porque supone desescalar el conflicto y devolverlo a la política, de donde nunca debió haber salido”, subraya Royo, que es una de las 372 personas que, según cálculos del Gobierno, podrán beneficiarse de la amnistía; la mayoría son activistas independentistas, aunque también hay policías y guardias civiles investigados por cargas desproporcionadas durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O. Royo, que no pertenece a ningún partido, está investigado por malversación en una causa penal que afecta a más de 20 dirigentes de ERC y Junts que ayudaron a organizar el referéndum. En paralelo, está inmerso también en un procedimiento contable sobre los gastos de la consulta por el que el Tribunal de Cuentas reclama 3,5 millones. Aún siente sobre su cabeza la doble amenaza, puesto que, aunque cree que “la ley es suficientemente clara”, la pelota está sobre el tejado de los jueces.

La claridad del texto la subraya Josep Pagès, uno de los juristas que ha participado en su redactado. Diputado en el Congreso la pasada legislatura, se muestra más optimista. “Los jueces que no apliquen la amnistía a todos los acusados por terrorismo en el procés estarán prevaricando, no hay margen para la duda”, dice sobre uno de los caballos de batalla de la amnistía: el delito de terrorismo, por el que está investigado en el caso Tsunami el expresident Carles Puigdemont, que se marchó en 2017 para evitar ser juzgado. El propio Pagès es uno de los posibles beneficiarios de la amnistía: la Fiscalía pedía dos años y nueve meses de cárcel para él y para otras cuatro personas que actuaron como síndicos electorales el 1-O, por desobediencia y usurpación de funciones. Fueron absueltos en primera instancia, pero la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio, que está pendiente de celebrarse.

“La ley se ha de aplicar de forma completa, integral e inmediata. Si no, no hay amnistía”, dice Pagès, que exige a los jueces “no actuar en favor de una determinada idea de España”. “Hay cosas que pueden escapar a nuestro control, como que los magistrados planteen una cuestión prejudicial o tomen alguna decisión surrealista sobre hechos que no han ocurrido. Pero, en lo que hemos podido controlar, esta ley es la mejor posible y cubre todas las expectativas de las personas represaliadas”, agrega. El jurista sostiene que la causa judicial contra él no le ha afectado en absoluto en su vida personal (”fui represaliado por una causa que creo justa y hubiese asumido otras consecuencias”), pero reconoce que su caso es más leve que el de otros independentistas investigados o pendientes de juicio.

Sergi Marcén, que era delegado de la Generalitat en Londres en el otoño de 2017 y a quien el Tribunal de Cuentas investiga por usar dinero público para publicitar el procés en el exterior, confía en que “el seny llegue al mundo judicial y la ley se aplique con normalidad”. A este militante de ERC, la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la fallida declaración unilateral de independencia le trastocó la vida. “De un día para otro perdí el trabajo y tuve que volver a Barcelona. Mis hijas estaban escolarizadas en Reino Unido, mi mujer trabajaba allí...” Pronto se convirtió en uno de los investigados por el Tribunal de Cuentas. Inicialmente le reclamaban 300.000 euros, el presupuesto de toda la delegación. “No fue una situación fácil, pero siempre me he sentido apoyado por Esquerra”, explica Marcén, que ha regresado a su plaza pública como experto en transformación digital y se mueve, como otros encausados, entre la “incertidumbre” por la reacción judicial y la “confianza” en que la ley ofrece un blindaje a prueba de resoluciones judiciales.

El Gobierno calcula que 372 personas podrán beneficiarse de la amnistía. Entre ellos no solo hay dirigentes políticos y cargos públicos, sino también personas anónimas que dieron su apoyo al procés. Es el caso, sobre todo, de los detenidos por su presunta participación en las protestas y disturbios, algunos violentos, que siguieron a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes políticos y sociales del 1-O. Esas protestas tuvieron su punto álgido en octubre de 2019. Aunque Barcelona fue el principal escenario, también hubo movilizaciones en Madrid. En una de ellas participó Dani Gallardo, un madrileño que es el primer condenado a prisión por las protestas del procés. La Audiencia de Madrid le ha puesto en busca y captura para cumplir la pena (cuatro años de cárcel). Gallardo pidió la paralización de ese procedimiento argumentando que el Gobierno estaba ultimando la amnistía, pero el tribunal rechazó la solicitud.

Una “victoria” para Òmnium

Òmnium, cuyo entonces presidente, Jordi Cuixart fue condenado a nueve años de cárcel por sedición e indultado tras pasar 44 meses en prisión, considera que la amnistía es “una conquista de la sociedad catalana ante el Estado” y que este reconoce, al aprobarla, “que votar y protestar nunca puede ser delito”. Òmnium fue la primera entidad que abogó por la amnistía: inició una campaña apenas cuatro meses después de la sentencia del procés en 2019. Xavier Antich, actual presidente de la entidad, afirma que no han dejado de trabajar para combatir “toda” la represión. “Hoy es un paso, la amnistía es una victoria. Estaremos atentos a su aplicación, a cada multa, a cada tribunal”, sostiene. La entidad ha creado una página web (Antirepressiva) con una relación de imputados y sus causas. Según su recuento, son 1.432 las personas con causas por el proces, tanto penales como administrativas. Su balance de posibles beneficiados es superior al del Gobierno: según los datos de Òmnium, 387 tenían una causa penal abierta, 113 ya habían sido condenadas y 17 aguardaban sentencia. Otras 35 estaban pendientes de la sentencia del Tribunal de Cuentas y 880 recibieron sanciones administrativas.

En las antípodas, Elda Mata, presidenta del Societat Civil —que convocó en octubre una manifestación en contra de la amnistía— ha tildado la ley de “aberración” y “vergüenza”. “En lugar de recordar los episodios vergonzosos de 2017 para no repetirlos, los desvirtuamos para blanquearlos y que se olvide el delito. Así no aprendemos”, dice. Mata sostiene que aún queda mucho recorrido legal y tiene serias dudas de que la amnistía llegue a ser una realidad por mucho que “los voceros” de Junts, critica, digan que Puigdemont —que se marchó de España en 2017 para no ser juzgado— regresará en julio. “Si eso pasa, estaríamos en una España posdemocrática. Vamos a hacer lo posible para que esta barbaridad no llegue a buen puerto”, afirma. La presidenta confía en que no decaigan las causas que Sociedad Civil ha impulsado en el Tribunal de Cuentas por “flagrante malversación” durante el procés.

El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, señala por su parte que el pacto sobre la amnistía es “un falso acuerdo” porque falta el PP. Domingo sostiene que la amnistía “ha servido para levantar un muro entre españoles y también entre catalanes” y denuncia que su objetivo no es “el reencuentro” sino “hacer posible que Gobierne Sánchez y solucionar la complicada situación judicial de los independentistas en un momento en que la UE y la sociedad en general estaba empezando a darles la espalda”. El presidente de la plataforma asegura que la “deslegitimación del poder judicial pasará factura institucional” y lamenta que “los futuros amnistiados no han tenido ni la más mínima sensibilidad” hacia las “víctimas” del procés.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal