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Junts amenaza con rechazar la ley de amnistía porque no da garantías

El partido de Carles Puigdemont exige al PSOE cambios en el redactado para evitar que la norma excluya a algunos encausados

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, este martes en el Congreso.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, este martes en el Congreso.Álvaro García
Marc Rovira

La propuesta de ley de amnistía amenaza con embarrancar ya desde la salida. Junts per Catalunya ha convocado de urgencia este martes por la mañana a su órgano de dirección y en una reunión telemática se ha acordado que, si el redactado no incluye retoques de última hora, el partido no votará a favor del texto en el Congreso, en el pleno que está previsto para esta tarde, a partir de las 15:00. “Aún se está negociando y vamos a negociar hasta el último minuto”, ha manifestado Junts en un comunicado, que termina con una sentencia rotunda: “Si los cambios no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley”.

El partido que lidera Carles Puigdemont, llamado a ser uno de los principales beneficiarios de la amnistía, sostiene que es una prioridad que la ley dé cobertura a todas las causas judiciales abiertas por el procés. Se calcula que el total de implicados puede ascender a unas 400 personas. Además, Junts insiste en que el carpetazo judicial tiene que darse sin tardanza, “de aplicación inmediata”. Tras reunir a su ejecutiva esta mañana para valorar cómo afrontan la votación los siete diputados que tiene la formación en el Congreso, se ha llegado a la conclusión que no hay garantías para “los dos objetivos” fijados, que incluya a todo el mundo y que sea de aplicación inmediata.

Sin los votos de Junts la tramitación de la ley de amnistía no tiene posibilidades de prosperar esta tarde en el Congreso. El revés no supondría un mazazo definitivo para la ley, pero sí una lenta marcha atrás. Obligaría a devolver el texto a la Comisión de Justicia para tratar de rediseñar un articulado que pudiera sumar todos los consensos posibles para garantizar una posterior aprobación en la Cámara baja. Recomenzar una negociación por la ley es posible, pero se intuye una tarea complicada, toda vez que la confianza entre partidos ya está muy erosionada.

El presidente catalán, que ha evitado pronunciarse sobre Junts, ha pedido que se apruebe la norma. “La ley de amnistía es una ley robusta, en la que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar para superar la represión que en estos momentos está coartando las libertades en Cataluña”, ha asegurado este martes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de visita en Bruselas para defender la normativa en las instituciones así como la oficialización del catalán, informa Silvia Ayuso.

Junts plantea sus reclamaciones de última hora tras los movimientos judiciales que han sembrado de incertidumbre el futuro de Puigdemont. La investigación que el magistrado García-Castellón realiza del caso Tsunami abre la puerta a que el expresident sea inculpado por terrorismo, lo que multiplica las dudas sobre la posibilidad de acogerse a la amnistía. Lo mismo pasa con la reactivación de la instrucción en un juzgado de Barcelona de la trama rusa del procés. La posibilidad de que Puigdemont termine siendo relacionado con un delito de traición al Estado reduce sus opciones de acogerse a la medida de gracia.

Los partidos independentistas catalanes se presentan ante su público como los principales impulsores de una ley que pueda tirar arena sobre toda la maraña judicial que generó el procés y el desafío separatista de 2017. Pese a la coincidencia en el objetivo, Junts y Esquerra han abordado la negociación desde posturas desiguales. El partido que manda en la Generalitat ha planteado los retoques a la ley desde un plano resultadista, con perfil bajo y sin estridencias. Por su parte, Junts lo ha tratado de plantear como un pulso con el Gobierno. El pasado septiembre, en una conferencia en Bruselas, Carles Puigdemont desglosó que las condiciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez pasaban por arrancarle al PSOE un paquete de concesiones, y reclamó “cobrar por adelantado”.

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