Estado y Generalitat se dan un año para planificar el futuro del aeropuerto de Barcelona

La comisión técnica integrada por representantes del Ministerio de Transportes y del Departamento de Territorio de la Generalitat ha arrancado este jueves los trabajos para decidir cómo se configura el futuro del aeropuerto de El Prat, sobre todo en lo que se refiere a la ampliación de sus pistas y la consecución de mayor capacidad operativas. Ambas partes se han dado hasta final de año para llegar a una posición de consenso, justo antes de que se celebren las elecciones autonómicas. Después llegará la negociación política que acabará de definir lo que Aena, el gestor aeroportuario español, incluye en su documento de inversiones de 2027. La decisión final debería estar lista en 2025.

La primera reunión sirvió para modelar el funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo, que todavía no estarían totalmente definidos. La Generalitat ha pedido tres. El primero se centra en decidir si es necesaria la ampliación y en el caso de que esta se apruebe, decidir las diferentes propuestas para ganar esa capacidad para el despegue y aterrizaje de aviones y la gestión de sus pasajeros, que pasa básicamente por decidir la prolongación de pistas para dar más cabida a aviones de gran fuselaje (los que cubren rutas transoceánicas) y la forma de compensar el impacto que esas inversiones tendrán sobre las zonas verdes y protegidas que hay a un extremo y otro de las dos pistas principales del aeropuerto.

La segunda trata de la conexión a través de trenes de alta velocidad del aeropuerto de El Prat con los de Reus y Girona, con la que el Govern cree poder impulsar la descongestión de las instalaciones barcelonesas. El tercer subgrupo versaría sobre gobernanza: ver cómo la Generalitat puede tener una presencia más activa en la gestión de los tres aeropuertos.

Fuentes del Ministerio de Fomento explicaron que los tres grupos de trabajo no están creados. Se escudan en la dificultad legal de dar mano a la Generalitat en la gestión que corresponde a una empresa semipública, pero sobre todo cotizada como es Aena. Asimismo, el Gobierno central no ve claro crear una comisión sobre alta velocidad, al considerar que trabaja desde 2019 en la llegada de vías de ancho internacional, sobre las que circulan los AVE, a los aeropuertos de Reus y Girona.

Ambas partes intercambiaron documentación y ahora se tendrán que poner nombres a los integrantes de cada una de las comisiones que se decida finalmente crear.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal