El ‘streamer’ TheGrefg pide a la justicia desahuciar a una anciana de su piso en Andorra
La mujer denuncia que las obras en el edificio que compró la empresa del ‘streamer’ han hecho su casa “inhabitable”. Él denuncia la “ocupación abusiva” de la vecina
Grefito, la empresa inmobiliaria del popular streamer The Grefg, pretende desahuciar a una mujer de 80 años del piso en el que vive de alquiler en Escaldes, un municipio de Andorra. En el verano de 2020, la sociedad del youtuber, cuyo nombre real es David Cánovas, compró un bloque de viviendas y dejó de renovar los contratos de los pocos inquilinos que quedaban. Salvo el de la anciana, que era anterior a la normativa andorrana sobre arrendamientos. La mujer denunció que las obras acometidas por la empresa en el edificio han hecho de su piso un lugar inhabitable. The Grefg, uno de los youtubers que se han mudado a Andorra en los últimos años, reaccionó acudiendo a los tribunales: pidió que la mujer sea desahuciada y la justicia le ha dado la razón, aunque el caso está pendiente de recurso. Además, asegura que ni administra ni dirige la sociedad que compró el inmueble y que la vecina hace una “ocupación abusiva” de la vivienda.
La mujer vive de alquiler en un piso de la calle Obac, en el municipio de Escaldes-Engordany, desde 1989. Aunque era un contrato verbal, sin tiempo definido, sus problemas comenzaron cuando la propiedad del bloque cambió de manos. Grefito, el vehículo inmobiliario del polémico streamer, compró el edificio y poco a poco se fue deshaciendo de los vecinos. A diferencia de la afectada, el resto de los contratos estaban bajo la ley de arrendamientos del país (aprobada en 1993) y vencían anualmente, de modo que la empresa pudo extinguirlos con relativa facilidad.
Mientras la mujer seguía en su piso, la empresa empezó las obras para sacar provecho económico de las viviendas. Los trabajadores arrancaron los cierres y ventanales, de manera que las corrientes de aire penetraban en el edificio y lo convirtieron “en una nevera”, describe Pere Cristòfol, su abogado. Cuando llegó el invierno, las tuberías de agua se congelaron y la vecina se quedó sin agua corriente. Empezó entonces su batalla para seguir manteniendo una vida digna mientras permaneciera en la vivienda. En Andorra, el elevado precio de los alquileres ha convertido la vivienda en uno de los principales problemas del país y obliga a muchos de sus trabajadores a marchar a la vecina La Seu d’Urgell, en Cataluña.
La empresa solucionó parcialmente algunos problemas, pero luego volvió a desentenderse del asunto, señala Cristòfol, que interpuso una demanda ante los juzgados (la Batllia) de Andorra. En octubre de 2021, una juez le dio la razón y dictó medidas cautelares en las que ordenaba a la sociedad reponer los cierres, garantizar el suministro de agua y reparar unos apliques de luz en la entrada de la vivienda. Grefito recurrió la decisión, pero una instancia superior la ratificó con palabras duras hacia el proceder de la empresa: “La sociedad está perturbando la posesión que legitima a la señora, pues en una finca sin cierres y que queda a la intemperie se la perjudica. El auto llega a decir que la actuación de la firma podría comportar “responsabilidades distintas a las civiles”, a pesar de que el delito de acoso inmobiliario no existe en la legislación andorrana.
Mientras el tribunal resolvía sobre el fondo de la demanda (más allá de las medidas cautelares), la propiedad decidió pasar al ataque y, en abril de 2023, presentó una demanda de desahucio. La jueza la admitió y acordó el desahucio en agosto, aunque no se fijó ninguna fecha para el lanzamiento porque la decisión ha sido recurrida por el abogado de la mujer. La sentencia admite que se trataba de un contrato verbal, pero aduce que se renovaba año tras año en base a la declaración del antiguo propietario del bloque, que indicó en su declaración que la clienta se había “comprometido” a abandonar la finca.
El abogado niega que existiera ese compromiso y critica que la sentencia no ha tenido en cuenta las disposiciones adicionales de la ley de arrendamientos. Cristòfol sostiene que cuando se inició el alquiler, en 1989, sin una ley específica, rige el derecho romano. Y este establece que en un contrato verbal en finca urbana la duración es “indefinida”, mientras se resida en ese lugar. “El contrato ni se ha acabado ni le son de aplicación las diferentes leyes que se han ido aprobando, porque no ha habido renovación de contratos”. El caso quedó visto para sentencia la semana pasada.
TheGrefg denuncia la “ocupación abusiva” de la vecina
La noche del lunes, TheGrefg emitió un extenso comunicado a través de X (antiguo Twitter) en el que da su versión de los hechos. Tras asegurar que ni administra ni dirige la sociedad que compró el inmueble, asegura que la arrendataria ya no vive en el edificio sino que reside junto su hijo en otro municipio de Andorra. Admite que la empresa es de su propiedad y que compró el bloque de viviendas, pero sostiene que el anterior propietario “ya había comunicado a todos los arrendatarios que vendía el edificio” lo que “hacía necesario que lo dejasen vacía”. El streamer señala que todos los arrendatarios se fueron “salvo una señora”, que es la perjudicada, cuya permanencia en la vivienda tilda de “ocupación abusiva”.
La inquilina tenía alquilados “dos pisos conjuntos de 130 metros cuadrados” y unas “pretensiones totalmente fuera de lugar”, según The Grefg, lo que llevó a instar el desahucio. El comunicado carga contra la vecina: asegura que era “perfectamente consciente” de que tenía que marcharse, critica que no ha pagado el alquiler en los últimos tres años, la acusa de haber actuado para causar daño a su “figura pública” y deja caer que la mujer es “conocida en el país y de una familia acomodada”. El youtuber acaba el comunicado con ironía dirigida contra las personas que han escrito mensajes en su contra en redes en las últimas horas: “Me gusta maltratar señoras mayores, de hecho me gusta comérmelas”.
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