Los alquileres desorbitados de Andorra provocan un éxodo de trabajadores a La Seu d’Urgell

Diego González tiene 28 años, nació en Chile y desde el pasado invierno reside en Andorra. “Vine para trabajar en las pistas de esquí. Después conseguí trabajo en una tienda de deportes. Ahora faltan solo semanas para que comience la temporada de nieve y estoy a punto de quedarme sin la habitación donde vivo. En este país los alquileres están por las nubes”, se queja. González busca y rebusca piso sin conseguir localizar su próximo hogar. “Un estudio en pésimas condiciones supera los 1.000 euros. Una habitación vale entre 400 y 500 euros, mientras que los sueldos son de 1.300 o 1.500 euros. Hay muchos compañeros que han optado por ir a vivir a la Seu d’Urgell”, añade. La Seu d’Urgell, el municipio leridano más cercano al país pirenaico, es ahora la gran víctima de la subida de alquileres en Andorra. El flujo de ciudadanos que optan por residir en España y cruzar la frontera a diario para ir a su puesto de trabajo queda reflejado en el padrón de la localidad, que ha pasado de 12.400 a 12.700 habitantes. La presión sobre La Seu es máxima, puesto que las poblaciones que la rodean son pequeñas y no disponen de bolsa de alquiler.

Según el portal inmobiliario Habitaclia, el metro cuadrado de las viviendas en alquiler en Andorra ascendía a 11,23 euros en enero de 2021. En dos años y medio, se ha duplicado hasta los 20,94 euros. Los precios de venta también están por las nubes: crecieron un 15,5% en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior (de 3.421 a 3.961 euros el metro cuadrado).

La escalada sin freno llevó al gobierno andorrano a congelar los precios de los alquileres. No funcionó. La ley fijaba que, si el propietario acreditaba que el inmueble necesitaba una reforma, podía cancelar el contrato, de modo que muchos reformaban los pisos y luego volvían a sacarlos al mercado a un precio muy superior. A principios este mes, el ejecutivo de Xavier Espot intervino de nuevo y prohibió, temporalmente, comprar pisos y casas a extranjeros. El gobierno justifica la decisión en que necesita unos meses para crear un impuesto que grave esas inversiones inmobiliarias foráneas. La recaudación de esa tasa irá a la construcción de vivienda pública.

Gabriel Ubach, secretario general de la Unión Sindical de Andorra (USdA), denuncia las “políticas neoliberales” que han marcado la política de vivienda del país. “En 2010, el gobierno congeló salarios y pensiones, pero los alquileres siguieron subiendo. Entraron fondos y lobbies extranjeros que compraron edificios. A la vez, comenzaron los alquileres turísticos y fruto de esta tormenta perfecta un piso de tres habitaciones cuesta ahora 2.500 euros”, denuncia. El sindicalista critica que se haya “diseñado un país de millonarios” con trabajadores mileuristas.

El presidente del Colegio Profesional de Gestores y Agentes Inmobiliarios de Andorra (AGIA), Gerard Casellas, no cree que la situación sea excepcional. “En un año hemos pasado de 80.000 a 84.000 residentes. Ha aumentado muy rápido la demanda y la oferta no se ha adaptado. Ni en Madrid ni en Barcelona se ha encontrado una solución a este problema, y Andorra no creo que sea una excepción”, razona.

En verano, la ministra de Economía, Conxita Marsol, aseguró en una entrevista: “No quiero que la gente de Andorra se vaya a vivir a La Seu si no quiere. Pero es verdad que tenemos que ser conscientes de nuestra dimensión, de este bum económico que tenemos y de que está llegando mucha mano de obra, que, si no hay pisos en el país, tendrá que buscarlos fuera”. Las declaraciones indignaron al alcalde de La Seu, Joan Barrera. “No podemos hacer crecer la oferta de alquiler de hoy para mañana”, lamentó.

Efecto rebote en La Seu

La impresión es que La Seu se lleva la peor parte de esta historia. “Tenemos la vivienda cada vez más cara, mientras la economía andorrana crece como una locomotora. Los alquileres son tan elevados que la Generalitat nos ha incluido entre los municipios donde hay que limitar precios porque el mercado residencial está tensionado”, denuncia el alcalde. “Andorra puede hacer lo que quiera, pero estás dinámicas de youtubers o segundas residencias nos acaban afectando”, remacha. El alquiler más barato en la capital del Alt Urgell ronda ahora los 700 euros, cuando hace unos meses estaba en 500.

El portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en Cataluña, Carles Sala, asegura que es pronto para apreciar un cambio significativo en los precios de los alquileres de La Seu d’Urgell. “Lo que pasa en Andorra no es muy diferente a lo que pasa en Vielha, Begur o Ibiza, donde la economía se orienta al turismo y los trabajadores no tienen dónde alojarse”, asegura. “Pero, además, La Seu es un municipio muy acostumbrado a adaptarse a las dinámicas de Andorra. En La Seu, uno de cada tres trabajadores está empleado en el país de los Pirineos”, advierte.

Consultada por EL PAÍS, la ministra andorrana Conxita Marsol (que también lleva la cartera de vivienda) asegura que su gobierno trata de buscar soluciones. “Desde 2012 han llegado a Andorra muchas personas que se han construido segundas residencias, hay inversión extranjera necesitamos mucha mano de obra que viene de fuera. Y en época de nieve requerimos otros 2.000 temporeros. Y hay que añadir todos que que llegan atraídos por el clima, la seguridad, la sanidad, la educación… Ha sido la tormenta perfecta”. Marsol admite que una parte de los inversiones “vino a especular” y que esa práctica debe corregirse. De ahí la intención de crear un impuesto a la inversión extranjera. “En el país hay 2.500 viviendas vacías que deberíamos poder sacar al mercado a un precio de 10 euros metro cuadrado”, añade la ministra, que lanza un guiño a La Seu: “Somos vasos comunicantes y nos tiene que ir bien tanto a Andorra como a La Seu”.

Antònia [nombre ficticio por miedo a las represalias] es andorrana y recibe una pensión por un problema de salud: “Yo fui de las que se tuvo que ir a alquilar a La Seu pero el gobierno andorrano me interceptó y me dijo que si seguía viviendo fuera del país me quitaban la pensión. He vuelto pero no hay pisos ni habitaciones disponibles. Este país está superado. No sé dónde viviré en unos meses, pero no puedo dejar que me quiten la pensión”, se queja.

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