Salud paró la vacunación contra la covid a policías y guardias civiles cuando ya estaban citados y con las dosis listas

El Departamento de Salud suspendió en marzo de 2021 la vacunación contra la covid a los colectivos esenciales 24 horas antes de reiniciar el 25 de marzo la inmunización a policías nacionales y guardias civiles, según ha podido saber EL PAÍS. La cancelación se realizó con citas confirmadas y con buena parte de las dosis trasladadas a los puntos acordados.

La justicia investiga desde hace meses el caso tras la denuncia de los cuerpos policiales, que consideran que sufrieron un agravio respecto a los cuerpos de seguridad catalanes. El 24 de marzo del 2021, cuando Salud acordó cancelar la vacunación a los colectivos esenciales, el 2,9% de los agentes de Guardia Civil y el 3,6% de Policía Nacional estaban protegidos contra el virus, frente al 77% de los de los Mossos y la Guardia Urbana. Un día antes, el 23, los dirigentes de la policía confirmaron a responsables de Salud que contaban vacunarse el día 25, como les habían trasladado los “coordinadores” de zona.

La autoría de la cancelación es uno de los grandes interrogantes dos años y medio después. Marc Ramentol, exsecretario general de Salud y número dos de la exconsejera Alba Vergés, defendió en mayo ante el juez que la orden se “debatió y consensuó” con otros altos cargos del Departamento, entre ellos, la propia consejera Alba Vergés, el exsecretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y el entonces responsable del CatSalut, Adrià Comella. La defensa de Argimon rechaza este planteamiento. Según una batería de whatsapp que presentó su abogada, Argimon y la exsubdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas, responsable del proceso de vacunación en Cataluña, defendieron ante sus responsables “mantener” la inmunización a los policías y “compaginarla” con la vacunación a la población general.

La documentación presentada plantea que Vergés dictó parar la vacunación a la policía después de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud acordara ampliar hasta los 65 años el límite de edad para su administración. Cataluña entonces vacunaba por franjas de edad de mayor a menor y tenía las puertas abiertas únicamente para las personas de 60 años o más. El colectivo de policías en activo de esta edad era muy reducido, lo que indignó a los dirigentes policiales, que vieron que la vacunación volvió a retrasarse a pesar de tener la cita confirmada para el día después. La orden también afectó al resto de colectivos esenciales (maestros, farmacéuticos, etc) porque el Departamento priorizó dirigir las dosis a la población general.

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