Un juez investiga a dos altos cargos de la Generalitat por el retraso en la vacunación contra la covid a la Guardia Civil
Los denunciantes acusan a los responsables sanitarios de dilatar la inoculación de forma “injustificada”
El juez instructor ha citado a declarar como investigados a cuatro cargos o excargos del departamento de Salud, entre ellos a la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas; y el exdirector del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), Adrià Comella, en la causa abierta por el retraso en la vacunación contra la covid de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplazados a Cataluña. Según el Tribunal Superior de Justicia (TSJC), aún no se ha establecido una fecha determianda.
La decisión llega tras la denuncia interpuesta por el Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, Justicia Policial (Jupol) y por la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (Jucil) en la que denuncian una discriminación en el proceso de vacunación contra la covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en la comunidad. Los denunciantes consideran que la Generalitat retrasó “injustificadamente” la inoculación a estos cuerpos policiales tras haber vacunado a los Mossos d’Esquadra.
La citación fue notificada a las partes el pasado lunes, advirtiendo de que cabía interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en el de cinco días ante el mismo Juzgado que propone la citación.
De esta forma, según informa Jucil, ahora el magistrado juez ha decidido que presten declaración en calidad de investigados Carmen Cabezas, que entonces era la subdirectora general de Promoción de la Salud; Comella, actual gerente del hospital Sant Pau de Barcelona; Sara Manjón, exdirectora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud; Xavier Rodríguez Guasch, exdirector de Servicios del Departamento de Salud.
El pasado mes de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sostuvo mediante sentencia que hubo discriminación hacia estos cuerpos policiales porque “la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria” que con los Mossos d’Esquadra y policías locales. Los sindicatos habían denunciado que en el proceso de vacunación, gestionado por las comunidades autónomas, no se había vacunado en Catalunya a Policía Nacional ni Guardia Civil, “salvo a aquellos que, además de estar en activo o en reserva, tuvieran una edad de entre 60 y 65 años”. Las quejas provocaron la intervención de los ministerios del Interior y Sanidad, que reconocieron retrasos en el ritmo de vacunación.
“La sentencia no solo nos daba la razón, sino que además, a ojos de la Justicia y de la sociedad en general, quedaba fundamentado que la Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones poniendo excusas”, ha valorado la secretaria provincial de Jucil en Barcelona, Milagros Cívico, a través del comunicado.
Con fecha de 4 de mayo, el Tribunal Supremo acordó inadmitir a trámite el recurso de casación que presentó el Govern contra la sentencia del TSJC por la que se determinó que el plan de vacunación de la Generalitat fue “discriminatorio” por resultar contrario al artículo 14 de la Constitución.
La actual investigación refleja, según Jucil, “la situación de abandono institucional y el ambiente de odio en el que se ven inmersos para llevar a cabo su labor los guardias civiles y policías nacionales, con la consiguiente estigmatización que sufren tanto ellos en su tarea como sus familias en su vida diaria”. Esta situación, justifica Jucil, argumenta que Cataluña “sea considerada como Zona de Especial Singularidad para el trabajo de estos empleados públicos”
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