La defensa de Argimon señala a la exconsejera Vergés por el retraso de las vacunación de la covid a policías y guardias civiles

La decisión de parar la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil residentes en Cataluña a finales de marzo del 2021 fue de la entonces consejera de Salud, Alba Vergés, y su equipo; y no se tomó de forma consensuada con otros cargos del Departamento. Así lo argumenta la abogada del exconsejero Josep Maria Argimon, entonces secretario de Salud Pública, y la exsubdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas, responsable del proceso de vacunación en Cataluña.

La defensa ha presentado una batería de mensajes de whatsapp al juzgado de Barcelona que les investiga por el retraso en la vacunación de los agentes. La documentación llega después de que el exnúmero dos de la consejería de Salud durante la pandemia, Marc Ramentol, implicara a Argimon en las decisiones sobre el calendario de vacunación de policías nacionales y guardias civiles. Según la documentación a la que ha tenido acceso Efe, Vergés dictó parar la vacunación prioritaria a la policía en un contexto en el que la protección se realizaba por franjas de edades ante la escasez de vacunas.

Vergés remitió el 22 de marzo de 2021, una semana después de que el Ministerio de Sanidad suspendiera temporalmente la vacunación de AstraZeneca por dudas científicas, a Argimon un whatsapp en el que le explicaba lo que se debatía en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud: “Todos quieren acabar [la vacunación de] grupos esenciales [policías, maestros, farmacéuticos, etc...]”. Argimon contestó: “Nosotros compaginaremos [grupos esenciales y población general], como hemos hecho siempre”, según consta en los mensajes aportados por su defensa, en los que también apostaba ante la consellera por “recuperar a los colectivos esenciales que quedaban pendientes” en el proceso de vacunación. Ese día, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud acordó reiniciar la vacunación con AstraZeneca (con la que se vacunó a buena parte de los colectivos esenciales como policías, maestros y farmacéuticos, entre otros), en toda España y ampliar hasta los 65 años el límite de edad para su administración. Cataluña entonces vacunaba por franjas de edad de mayor a menor y tenía las puertas abiertas únicamente para las personas de 60 años o más.

El 23 de marzo por la tarde, Judit V., una integrante del gabinete de Vergés, envió un whatsapp a Cabezas, que por su cargo era la responsable de la campaña de vacunación, en la que decía: “De momento hemos decidido no continuar vacunando a los esenciales”. Y añadió: “Hola otra vez ¿Qué hacemos en relación a la GC y PN (en alusión a Guardia Civil y Policía Nacional)? Creo que tendrían que ir con criterio de edad. ¿Cómo lo ves tú?”. Cabezas contestó: “Yo creo que tenemos que hacerlos todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras CCAA y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces a los centros a vacunarlos”.

Judit V. le envió entonces a Cabezas un correo para valorar en qué casos se tendría que “saltar” los criterios de edad y añadió: “Carmen, hablando con HC (en alusión a Vergés como Honorable Consellera) y SC (en referencia a Ramentol como Secretario General), no ven GC y PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65″. Al día siguiente, 24 de marzo de 2021, Cabezas recibió otro mensaje de Judit V., insistiendo: “Otra vez, la consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Lo tendríamos que parar”, a lo que ésta respondió: “Vosotros mandáis”, y posteriormente pidió que se lo comunicaran por correo electrónico al Departamento de Salud Pública liderado entonces por Argimon.

“Esto no quiere decir que no lo retomemos en breve”, agregó Judit V., ante lo que Cabezas preguntó: “¿Entiendo que se pide que no se vacune a nadie de estos colectivos?”, y la miembro del gabinete de Vergés zanjó: “No, los de 60 a 65 sí, como el resto”. Ese mismo día, Ramentol remitió por la tarde un correo electrónico al área de Salud Pública en el que comunicaba que quedaba suspendida la vacunación a los colectivos priorizados entre 18 y 60 años.

Ante la nueva documentación, la Fiscalía ha pedido al juez instructor que remita la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que abra una investigación a Alba Vergés, que es aforada, ante los indicios que la incriminan. La investigación se deriva de una denuncia que presentaron los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC por el retraso en la vacunación de los agentes estatales, entre el 10 de febrero y el 24 de marzo, cuando el 77% de los agentes de los Mossos y la Guardia Urbana estaba vacunada, frente al 2,9% de Guardia Civil y el 3,6% de Policía Nacional

En su declaración como investigado el pasado 4 de mayo, Ramentol aseguró que la decisión adoptada el 24 de marzo de 2021 de suspender la vacunación a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña fue “dialogada, debatida y discutida” con varias personas de la consejera, entre ellos Argimon y el exdirector del Servicio Catalán de la Salud Adrià Comella. Tras esa declaración, la abogada de Argimon, Olga Tubau, ha presentado un escrito al juzgado con el objetivo de demostrar la manifestación de Ramentol de que participaron en la decisión de detener la vacunación a los agentes estatales es “falsa”.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal