El exconsejero catalán de Salud se desmarca de la decisión del Govern de retrasar la vacunación contra la covid a policías y guardias civiles

El exconsejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, se ha desmarcado ante el juez de la decisión del Govern de suspender la vacunación contra la covid-19 de los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña entre febrero y marzo del 2021 y ha alegado que el calendario de inmunización no era responsabilidad suya. Argimon, que era secretario de Salud Pública durante la pandemia, y Marc Ramentol, ex secretario general del Departamento en las mismas fechas, han declarado este jueves como investigados ante el juez que instruye la querella presentada por diferentes sindicatos de policías y guardias civiles por el retraso en la vacunación de agentes de esos cuerpos destinados a Cataluña.

La denuncia sostiene que la Generalitat inició “injustificadamente” tarde la vacunación de los guardias civiles y policías nacionales; y que después la paralizó. En abril del 2021, el TSJC urgió al Govern a vacunar de forma “inmediata” a agentes de esos cuerpos hasta alcanzar la misma proporción de agentes vacunados que en los Mossos d’Esquadra. La policía catalana tenía una cobertura próxima al 60% de sus trabajadores, por menos del 15% de los cuerpos de seguridad estatales. La Generalitat justificó entonces que los cuerpos de Seguridad del Estado enviaron “con retraso” el censo de las personas registradas para vacunarse como profesionales esenciales, uno de los grupos prioritarios en el proceso de protección contra la covid; y la Delegación del Gobierno en Cataluña defendió inicialmente una tesis similar.

Las autoridades sanitarias decidieron además limitar la vacuna AstraZeneca a los usuarios de entre 60 y 65 años, y no a los menores de esta edad, como se realizaba inicialmente, y el Gobierno catalán consideró que la mayoría de policías no cumplía los requisitos para recibir la inoculación. “La vacunación empezó en dos grupos móviles, y poco después llegó la suspensión cautelar de la vacuna de AstraZeneca”, dijo entonces Argimon como secretario de Salud Pública de la Generalitat.

Los investigados han respondido este jueves únicamente a las preguntas de sus defensas y no han concretado de quién fue la decisión de suspender la vacunación de policías nacionales y guardias civiles que acabó provocando el retraso en su inmunización. Argimon, que fue consejero de Salud entre mayo del 2021 y octubre del 2022, cuando Junts abandonó el Govern, se ha escudado ante el juez en que, como secretario de Salud Pública, no era responsabilidad suya decidir cuándo se paralizaba o reactivaba la vacunación de los agentes estatales. Tras insistir en que su responsabilidad se ceñía a garantizar que las vacunas contra el coronavirus llegaran a Cataluña, el exresponsable sanitario ha apuntado asimismo que no compartía la decisión de paralizar la inmunización de los agentes de la policía nacional y la guardia civil.

Argimon se mostró entonces contrario al ultimátum del TSJC, y dio a entender que la vacunación a personas de menor riesgo en un momento en el que la Generalitat disponía de pocas dosis no era lo adecuado a nivel sanitario: “Cumpliremos, pero para ello retrasaremos vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo”.

Tampoco Ramentol ha aclarado quién acordó paralizar la vacunación de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, ante la insistencia del juez instructor, se ha escudado en que fue una “decisión colegiada” que obedecía a criterios “técnicos y científicos”, sin dar más precisiones.

Ante el juez han declarado asimismo esta mañana, en calidad de testigos, un teniente coronel de la Guardia Civil responsable de la vacunación en Cataluña y el mando policial que coordinaba el proceso en la Policía Nacional. Ambos han precisado que su interlocutor en la Generalitat era el entonces director de Servicios de Salud Francesc Xavier Rodríguez y que este les dio hasta tres explicaciones distintas de los retrasos: problemas administrativos, falta de dosis y paralización en la vacunación con Astra Zeneca a los menores de 60 años por posibles efectos secundarios.

En este procedimiento judicial ya han comparecido como investigados otros cuatro cargos de Salud de la época: la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, el director del Servicio Catalán de la Salud, Adrià Comella, la directora del Área de organizaciones y Profesionales del CatSalut, Sara Manjón, y el propio Francesc Xavier Rodríguez.

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