Un juez pide investigar si el Govern prevaricó al descartar vacunar a policías y guardia civiles

Un juez de Barcelona ha encargado a los Mossos d’Esquadra que investiguen si la Generalitat prevaricó al no vacunar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña con el mismo porcentaje que a la policía autonómica hasta que en abril pasado se lo ordenó la justicia. Así lo ha acordado el titular del Juzgado de instrucción número 17 de Barcelona en un auto, adelantado por El Mundo, en el que acuerda incoar diligencias previas a raíz de la denuncia contra la Generalitat interpuesta por el sindicato de la Policía Nacional Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil, por los delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores.

Además de encargar la investigación a los Mossos, el juez también ha decidido remitir estas denuncias a la Fiscalía para que solicite las diligencias que estime oportunas para determinar si la Generalitat incurrió en algún delito en el proceso de vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó el pasado 27 de abril a la Generalitat que “sin excusa alguna” garantizara “de inmediato y sin dilaciones” la vacunación a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, para que en diez días alcanzara la misma proporción que en los Mossos, como finalmente acabó ocurriendo.

La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC urgió a la Generalitat al estimar la medida cautelar solicitada por Jupol y Jucil para que la Consellería de Salud, entonces liderada por la republicana Alba Vergés, empezara a vacunar contra la covid de forma inmediata y generalizada a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. El alto tribunal catalán apreció entonces una “apariencia de discriminación” en perjuicio de los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el proceso de vacunación contra el coronavirus en Cataluña.

Para el TSJC, eran “elocuentes” los datos aportados por la Generalitat en este proceso, en que la conselleria de Salud detalló que el 22 de abril estaban vacunados en Cataluña el 80,3 % de los efectivos de los Mossos d’Esquadra, el 79,1 % de la Guardia Urbana de Barcelona, el 71,2 % de las policías locales, el 9,9 % de la Policía Nacional y el 6,3 % de la Guardia Civil. De hecho, la Fiscalía Superior de Cataluña había instado al TSJC a ordenar la reanudación de la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles que ejercen en esta comunidad, al considerar que sufrían una “clara e injustificada situación de discriminación” respecto a los Mossos.

En un informe remitido al TSJC, la Fiscalía apoyó la petición de Jupol y Jucil para que se dictasen medidas cautelares que ordenaran a la Generalitat proseguir con la vacunación de los agentes de esos cuerpos. Jupol y Jucil denunciaron que se había frenado el proceso de vacunación de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña, a diferencia del de Mossos d’Esquadra y Bomberos, lo que a su parecer vulneraba el derecho fundamental “a la igualdad y la no discriminación”.

Según sostuvo entonces la Fiscalía, de ser ciertos los hechos alegados por Jupol y Jucil, “se habría causado —o se estaría causando— además de un patente incumplimiento normativo, una clara e injustificada situación de discriminación por parte de la administración sanitaria catalana”. La Generalitat acató la orden del TSJC y el 8 de mayo ya había vacunado a más de 3.700 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, equiparando su situación a la de los Mossos d’Esquadra.