La Generalitat de Cataluña sube el precio del agua un 33% por la sequía

La falta de agua va ampliando rápidamente su impacto sobre ciudadanos y empresas. En julio de 2022 empezaron las primeras restricciones de riego, en abril pasado se cerró el Canal d’Urgell condenando buena parte de las cosechas de grano y fruta de Lleida y este agosto la Generalitat estrenó la emergencia en un puñado de los municipios, limitando el consumo diario a 200 litros por habitante. El próximo episodio será un golpe directo a los bolsillos de los contribuyentes, que verán cómo a partir del próximo año se encarece la factura del agua, cuyo aprovisionamiento requiere cada vez más del uso de procesos de desalación o de regeneración.

El primer paso en esa senda lo ha dado este martes la Agencia Catalana del Agua (ACA), con el visto bueno para que Aguas Ter-Llobregat (ATL) suba sus tarifas el próximo año un 33%. La compañía pública ATL es una suerte de mayorista del agua. Capta el fluido en cabeceras en ríos y embalses, la potabiliza y la lleva hasta los depósitos de cabecera municipales. Ahí la captan empresas proveedoras como Agbar, que tienen otras fuentes de suministro de menor volumen como pozos, para acabarla llevando hasta hogares y empresas. De ahí que el precio de ese agua vendida al por mayor vaya a condicionar el precio que pagan los ciudadanos.

Según los datos facilitados este martes por ATL, el metro cúbico de agua pasará de costar 0,74 euros a 0,99 euros. Ese encarecimiento tendrá una repercusión, según sus cálculos, de al menos un euro por persona y mes, aunque es una cifra que puede ser mayor, porque los problemas que argumenta tener la empresa pública son comunes al resto de la actividad económica y sería lógico que las proveedoras trasladaran a sus clientes también parte del encarecimiento de los precios.

Es la primera vez que ATL, controlada por la Generalitat, sube la tarifa del agua desde 2017, medida que considera necesaria “para garantizar el servicio de abastecimiento” y los costes derivados. La empresa pública argumenta que el IPC se ha disparado un 21% en los últimos seis años, aumento que ha tenido una repercusión directa sobre costes eléctricos, de personal y de aprovisionamientos. Según la compañía pública, la tarifa no ha logrado equilibrar gastos con ingresos desde 2019, justamente cuando la Administración autonómica recuperó la titularidad de la compañía después de que la justicia anulara su privatización.

Esos costes se incrementarán de nuevo este año, puesto que el nuevo contrato de suministro de electricidadq de la empresa para el periodo 2023-25 supone elevar un 50% el precio por kilovatio hora (KWh), a causa del encarecimiento generalizado de la energía iniciado antes de la guerra de Ucrania e intensificado después. En ese caso, sin embargo, el problema únicamente no es el precio, sino el incremento de la demanda que justamente está afrontando ATL ante la necesidad de poner en funcionamiento al máximo de su potencia las desalinizadoras de El Prat y Tordera, dos grandes consumidoras de electricidad para hacer apta para el consumo el agua captada del mar.

Otra novedad en el cálculo de la tarifa de 2024 puede también afectar al encarecimiento del agua: se trata de la denominada Cuota Fija Regional, que tiene en cuenta los volúmenes de agua que cada municipio compra a la red ATL y que tiene como objetivo que los entes locales mejoren la eficiencia de sus redes.

De ahí que la decisión de subir tarifas tendrá un efecto directo sobre las tarifas. En las próximas semanas llegará al Área Metropolitana de Barcelona la propuesta de Aguas de Barcelona, que sirve a la mayoría de los 36 municipios que la conforman, para actualizar las tarifas del próximo año. A partir de ahí el ente supramunicipal decidirá si aprueba la propuesta o la tumba, como había sucedido en años anteriores, protagonizados por el enfrentamiento entre el Gobierno de Ada Colau y la empresa semipública pero controlada por Agbar. El año pasado el AMB permitió su primera subida en siete años, del 4,02% de la tarifa metropolitana (ante un aumento superior al 7% demandado por la empresa), cuyo impacto era de 0,6 euros mensuales en la factura. En aquel aumento ya se asumía el aumento de precios laborales, del IPC y del encarecimiento energético.

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