Los Ayuntamientos suben las tarifas del agua para combatir la sequía

Uno de los anuncios de mayor repercusión del nuevo alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, en sus 100 primeros días de mandato es que subirá el precio de la factura del agua una media del 30% para combatir el incremento de los costes derivados de la sequía. No es el único, pocos días antes, su homólogo malagueño, Francisco de la Torre, también advertía de que el recibo se encarecería un 42%, aunque él lo justificaba también en la necesidad de hacer frente a los 100 millones de euros de inversión de la empresa municipal para acometer inversiones en el mantenimiento y mejora del suministro. Zaragoza, también gobernada por el PP, también incrementará su tasa en un 8,5% para compensar el incremento de los costes energéticos y el impacto de la falta de agua.

En todos estos casos, además, se alega que el precio del agua lleva muchos años congelado —desde 2013 en el caso de Sevilla y Zaragoza y 2016 en el de Málaga― y que la subida es necesaria para actualizar el coste, en función de la inflación y compensar, en el caso de la capital andaluza, el resultado negativo de la empresa municipal que suministra el agua, Emasesa. La empresa ha propuesto una subida que oscilará entre el 22% para las familias que tengan un consumo normal, en un 31% las que lo tengan alto y un 46% para los que lo tengan muy alto y se aplicará gradualmente —el 30% este año, el 20% en 2024 y el 10% en 2025―. El alcalde hasta ahora había hablado del 30%, pero no se descarta aplicar las subidas que propone Emasesa.

El 70% del territorio nacional sufre estrés hídrico severo. El cambio climático y un aumento de la prevalencia de la sequía no contribuyen a paliar esta situación. España es, pese a ello, uno de los países de la Unión Europea con mayor nivel de consumo medio de agua por habitante, si bien ese consumo se focaliza sobre todo en el sector agrario. En lo que se refiere al uso doméstico, que supone la mayor parte del consumo del agua urbana, España, de acuerdo con los datos manejados por la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y (AEAS), es uno de los territorios donde ese consumo es menor. Entre 120 y 140 litros por persona al día, según los datos de AEAS, y una media de 133, de acuerdo con el INE.

En cuanto a las tarifas, como apunta el presidente de AEAS, Pascual Fernández, “son sorprendentemente bajas cuando las comparamos con nuestro entorno”. La media de la UE es de 3,5 euros el metro cúbico, mientras que en España se sitúa en torno a los 2,10 euros. “Es en los países nórdicos, con menos problemas de sequía, donde los precios son más elevados, siete euros en Dinamarca o seis en Alemania, porque han acostumbrado al consumidor a que parte del precio se destina a políticas medioambientales”, indica.

“Emasesa tiene el metro cúbico de agua más barato de la provincia de Sevilla porque no se actualiza desde 2013, y en 2023 llega con un presupuesto muy limitado por la reducción del consumo del agua que están haciendo los sevillanos, por el encarecimiento del precio del coste que supone tratar el agua por el tema de la sequía, y la empresa no puede afrontar un nuevo plan de inversiones si no se acomete una subida de tarifas”, defendió el alcalde hispalense esta semana, sobre su iniciativa que supone un incremento de casi ocho euros mensuales por vivienda, en el caso de un consumo muy alto y cinco en el del 30% —el precio medio es de 22― “Anunciar una subida del coste del agua por la sequía, más parece una excusa que una realidad”, apunta Abel Lacalle, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Almería y presidente de la junta rectora de la Fundación Nueva Cultura del Agua. “Debería haber habido previsión, tener listos pozos de emergencia, haberse adoptado tratamientos del agua, cuando se sabe que cuando hay menos es más densa... Si hay que gastar en depuración, habría que haber contemplado que si la depuración fuera sostenible, el gasto sería muy poco”, añade.

Para Fernández, más allá de la sequía, el problema fundamental reside en la congelación generalizada de las tarifas, que ha impedido a las empresas que gestionan el servicio acometer las inversiones necesarias para el abastecimiento o el mantenimiento de las infraestructuras, en un contexto generalizado de reducción del consumo por parte de los ciudadanos, lo que también reduce los ingresos que perciben. “Llevamos 10, 12, 15 años con el esquema general del mantenimiento de la tarifa porque subir el precio se identifica con que la decisión la toma el alcalde de la ciudad y es una medida impopular, pero eso es como culpar al presidente del Gobierno de la subida del petróleo”, señala. “Se ha incrementado el coste de la energía, pero el único sector en el que no se ha repercutido es en el servicio público del agua y eso ha generado agujeros, muchas empresas no tienen las cuentas equilibradas y eso al final se traslada a la necesidad de subir las tarifas. Lo que está haciendo la sequía es extremar la situación financiera de las empresas de agua”.

Compensar una inversión de 100 millones de euros por parte de la empresa municipal de agua de Málaga, Emasa, es la principal justificación que ha dado el Ayuntamiento malagueño para incrementar hasta en un 42% el precio de la tarifa. “No son gran cosa”, señaló el alcalde, en referencia a la subida de 6,21 euros en el recibo —cada vivienda pasará de abonar 14,59 a 20,80 euros—, para justificar a continuación que ese incremento permitirá compensar la inversión de 100 millones que se destinará a aumentar la eficiencia en la producción de agua potable, renovar las redes, eliminar puntos críticos en caso de inundaciones, reducir un 80% los residuos arrojados al mar, producir y distribuir agua regenerada y renovar instalaciones, además de ampliar y crear nuevos colectores.

Variabilidad de tarifas y políticas

El anuncio de esa subida ha exasperado a la oposición del PSOE, que ha advertido de que el “tarifazo” perjudicará a las familias, en especial a las más vulnerables. En esta línea va la iniciativa que el PSOE valenciano ha presentado en el Parlamento autonómico para que se suprima el incremento de 20 euros en la factura del agua de todos los hogares de la comunidad que entró en vigor el 31 de agosto de este año y que se prolongará hasta 2025. Se da la circunstancia de que esta subida fue autorizada por el anterior Gobierno de la Generalitat valenciana de Ximo Puig, que decidió poner fin a la suspensión del canon del agua autonómico que él mismo había decretado para combatir la inflación. El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, no se plantea subir más la tasa, que lleva congelada desde 2020.

Barcelona y su área metropolitana acometieron un incremento de la factura del agua del 4,02% (media de 60 céntimos factura) en mayo de 2022, antes de que se adoptaran medidas de emergencia por la sequía. Toledo también ha confirmado que subirá la tarifa del agua, aunque no ha concretado en cuánto, en cumplimiento de una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo que condena al Consistorio a revisar el precio. Otros grandes ayuntamientos situados en comunidades autónomas sin aparentes problemas de sequía, como los gallegos, los vascos o los de Castilla y León, no prevén subidas en las tasas. El Canal de Isabel II, que abastece a la Comunidad de Madrid, recalca su absoluta oposición a un incremento. “Llevamos casi 10 años sin subida de la tarifa, incrementando las bonificaciones y en este momento es algo que no está encima de la mesa”, sostienen fuentes de la entidad.

En España la variabilidad de las tarifas entre municipios y comunidades autónomas es extremadamente diverso y en muchas ocasiones las tarifas tampoco reflejan el estrés hídrico al que están sujetas, una circunstancia que en muchas ocasiones no incentiva el ahorro en el consumo. “Hay municipios que tienen una tarifa fija y hay otros pequeños donde el acceso al agua es gratis y eso no es lo más adecuado”, señala Fernández. Los expertos coinciden en que los precios del agua urbana son insuficientes, en relación con los países de su entorno. Marta Suárez-Varela, economista del Banco de España, en un estudio sobre Las Políticas de tarifas urbanas del agua en España, publicado por Fedea, advierte de que las tarifas siguen sin cubrir los costes financieros de la provisión del servicio y se encuentran muy alejadas de la recuperación de los costes medioambientales y de uso del recurso. “Hay que repercutir el coste sobre la tarifa: el petróleo ha subido, los costes laborales han suido, los químicos para la depuración…”, abunda Fernádez. Lacalle, que comparte que los costes del servicio se repercutan sobre las personas, exige, sin embargo, “transparencia y participación para que los usuarios sepan a qué fines se destina el precio que abonan en la factura y que no vaya a que las empresas incrementen sus beneficios”.

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