El independentismo enfría el plan del PSOE de una investidura de Sánchez antes de noviembre

Al independentismo catalán le ha gustado siempre tomarse su tiempo a la hora de pactar gobiernos y sus representantes dan señales de que, en el caso de la posible investidura de Pedro Sánchez, se seguirá la misma senda. Contrario a las fechas más optimistas barajadas por La Moncloa, que contemplaban, entre otras, una posible celebración del debate en el Congreso entre los días 17 y 24 de octubre, en las filas de ERC y Junts rechazan fijar ahora cualquier calendario y coinciden en señalar que es quien tiene prisa para cerrar un acuerdo el que ha de mover ficha. La única fecha real es el límite legal del 27 de noviembre, cuando, si no hay un presidente del Gobierno, se activa la convocatoria automática de la repetición electoral. Los socialistas y Sumar han querido dar imagen de dinamismo a la reedición del Ejecutivo anunciando que antes de noviembre tendrán sellado su pacto de Gobierno, pero son conscientes de que la rapidez de todo depende realmente de cómo se avance con los secesionistas para pactar una ley de amnistía a los encausados del procés.

ERC y Junts tardaron casi 100 días tras las elecciones autonómicas de 2021 en pactar el Ejecutivo de coalición en la Generalitat. La bendición de los liderados entonces por Carles Puigdemont a la investidura de Pere Aragonès llegó a seis días del límite que obligaba a repetir elecciones y tras someterlo a un primer debate fallido. El choque de la semana pasada, a cuenta de la decisión de los republicanos de agitar la autodeterminación para intentar marcar relato ante Junts, certificó que la lucha por dar la imagen de ser el más exigente en la negociación con PSOE y Sumar es un elemento clave. Y ahí la dilatación de los tiempos es una herramienta que está al alcance de la mano.

ERC volvió a insistir el miércoles en el Parlament en sus tres condiciones para apoyar a Pedro Sánchez, aunque rebajando el tono duro de días anteriores. “Amnistía, un proceso de resolución del conflicto que nos permita fijar las bases de un referéndum y bienestar para la gente del país”, enumeró el presidente de la bancada republicana, Josep María Jové. El president Pere Aragonès, por su parte, reivindicó la mesa de diálogo entre gobiernos, pero ve necesario que Sánchez mueva ficha. “Tenemos un conflicto con el Estado porque se aplica un Estatut que no es el que hemos votado. ¿Cuál es la propuesta de la otra parte? Reina el silencio. Ese es el problema que hay para entrar en un diálogo real”, dijo.

Aunque Junts y ERC comparten el objetivo de la amnistía, sus estrategias de negociación son distintas. El expresident Carles Puigdemont dejó claro en su conferencia en Bruselas, hace un mes, que la aprobación de esa ley orgánica era requisito “previo” para sentarse con los socialistas a hablar de la investidura. Mientras tanto, los republicanos han ido variando su discurso después de que inicialmente la diputada Teresa Jordà diera a entender que solo con un compromiso de que se lograría su tramitación les bastaba. Jaume Asens, exdiputado de En Comú Podem y que está haciendo de interlocutor de los partidos independentistas y el Gobierno, dijo el miércoles en RNE que “lo más probable es que haya una parte del acuerdo que pueda materializarse antes de la investidura” aunque prácticamente descarta que el articulado esté en vigencia.

Asens, en otra intervención en TV3, llegó a postergar el calendario del debate de investidura hasta la primera o segunda semana de noviembre, aunque dijo ver “reconducido” el choque entre el Gobierno y los independentistas de la semana pasada. La presión para que la condición de la autodeterminación también sea abordada en la negociación del voto a Sánchez desapareció ayer miércoles de las intervenciones durante la sesión de control al Govern en el Parlament. “Es un tanto temerario o frívolo, o en todo caso un error, poner todas las carpetas en el mismo momento”, advirtió el exdiputado respecto a la resolución aprobada hace una semana en esa misma Cámara.

Sesión de control

El Parlament, donde las negociaciones para la investidura volvieron a sobrevolar la sesión de control al Govern, deja entrever que aún hay otros temas, más de carácter sectorial, que tendrían que abordarse. Pere Aragonès, de hecho, ha anunciado que pedirá a la Cámara la celebración de un pleno monográfico sobre la situación de Rodalies —las Cercanías catalanas— y el traspaso integral del servicio. El movimiento, que coincidió con una jornada más de averías en el servicio y dejó otra imagen de largas colas en las estaciones, busca presionar un acuerdo en una de las condiciones adicionales que los republicanos ponen sobre la mesa si el PSOE quiere su voto positivo.

Otro asunto que de entrada alarga los tiempos es la vida interna de los partidos. La decisión del Consell per la República, el Govern paralelo que Puigdemont preside desde Bruselas, de someter a votación si apuesta por bloquear un eventual pacto con Sánchez añade presión al ecosistema independentista en Cataluña. La consulta a sus asociados se hará entre el 17 y el 23 de octubre. Aunque no tenga capacidad real de bloqueo —la Assemblea Nacional Catalana, por ejemplo, se opone a la negociación— sí obliga a Junts a explicar cómo piensa consultar a sus bases sobre un acuerdo tan trascendente. En julio pasado, el portavoz, Josep Rius, no especificó cuál sería el mecanismo. El Consell Nacional de ERC sí ha aprobado una consulta, pero sin aclarar el cuándo.

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