Las viejas carpetas catalanas que tendrá que afrontar el nuevo gobierno del 23-J

“Las infraestructuras más estratégicas para la competitividad de la economía catalana y, por tanto, de la española, avanzan a un ritmo muy lento y, en algunos casos, las obras están paradas”. La patronal Foment del Treball, nunca sospechosa de tesis soberanistas, volvió a alzar la voz el pasado mes de junio para denunciar un problema endémico en Cataluña: el déficit de inversión en obra pública, sobre todo por parte del Estado. No es baladí que en el último ejercicio de pragmatismo político que ha protagonizado ERC, ya al final de esta campaña electoral, dos de las tres condiciones fijadas por los republicanos para volver a investir presidente a Pedro Sánchez estén directamente relacionadas: reducir el denunciado déficit fiscal que sufre Cataluña y el traspaso completo de Rodalies, principal fuente de incidencias del transporte público en la comunidad. Son las principales carpetas catalanas, sin tener en cuenta la del conflicto político ―mantener viva la mesa de diálogo es el tercer requisito de ERC―, con las que tendrá que bregar el gobierno que salga de las elecciones de este domingo y no son muy diferentes de las que ya se encontró Sánchez en 2019 tras su elección.

En plena campaña, el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, ha licitado diversos proyectos que muestran la intención de enmienda. Uno es el estudio informativo para desdoblar la vía de Rodalies entre La Garriga y Centelles, relevante porque supone asegurar el inicio de los trabajos preparatorios para la doble vía en la línea R3 que conecta Barcelona con Vic y Puigcerdà, una de las que más fallan de Cataluña, aunque no hay ninguna que no sufra constantes incidencias técnicas.

Pese a que la ejecución presupuestaria en Cataluña se ha mantenido muy por debajo de lo presupuestado durante este mandato, el Gobierno ha abierto los procesos de ejecución de proyectos en muchas obras de la red ferroviaria que esperaban en los últimos años. Desde la remodelación de la estación de Plaça Catalunya, hasta la de Sants, e incluso la vasta operación de l’Hospitalet de Llobregat, que servirá para descongestionar la actual red barcelonesa y a la vez acabar con la división en el municipio que provocan las vías. Acabar la estación de La Sagrera es otro hito pendiente. La gran cuestión es que el nuevo Ejecutivo en marcha no dilate los trabajos y, una vez listos, los consigne presupuestariamente y ordene el inicio de unos trabajos que pueden prolongarse al menos hasta final de esta década

Por si acaso, el Govern aprieta para cerrar un traspaso completo de la red de Rodalies y superar la actual situación, en la que apenas controla el control de los horarios. Eso supondría que la Generalitat asumiera la infraestructura y el control de las vías, como sucede con FGC, pero quiere asegurarse que antes el Estado no le traspase deuda y asegure las inversiones pendientes para no encontrarse así con la situación a la que se ha visto sometida la red ferroviaria.

Otro proyecto ya casi en fase de elaboración es el de construir un carril adicional en la ronda Litoral, entre Can Tunis y el Morrot. La actuación debe reducir la presión en una vía que sufre constantes periodos al día de circulación lenta y agilizar la entrada y salida de camiones del puerto de Barcelona.

El Govern deberá negociar asimismo con La Moncloa la prolongación del Cuarto Cinturón o B-40, que ahora finaliza en Terrassa, pero que hace unas semanas las diferentes administraciones implicadas ―municipales, autonómicas y estatales― lograron desencallar para hacerlo llegar hasta la vecina Sabadell. Según el protocolo firmado este julio, en unos meses Generalitat y Estado deberían firmar un convenio e iniciar los trámites para su construcción. Pero un cambio de Gobierno puede hacer “tambalear” el acuerdo actual ―según fuentes de la negociación―, en que el Estado, titular de la vía, cede a la Generalitat la redacción del proyecto y la definición del trazado, una concesión que está por ver si el PP respeta.

Aunque ninguno de esos proyectos mencionados ha atraído tanto la atención del empresariado, y la oposición de una parte de la población, como la posible ampliación del aeropuerto de El Prat para que pueda operar con mayor agilidad los despegues y aterrizajes de aviones que vuelan rutas transoceánicas. Generalitat y Estado tenían que crear una comisión técnica ―y no lo han hecho― que debatiera si era necesaria esa ampliación y la inversión de 1.700 millones prometidos por el propietario de la instalación, Aena, pero la controversia que rodea al proyecto lo ha dejado apartado durante el periplo electoral iniciado con las elecciones municipales de mayo.

Modelo de financiación

La otra cuestión, más compleja, es el modelo de financiación. Ni Mariano Rajoy ni Sánchez se han atrevido a abrir la caja de los truenos, pese a que el actual sistema está caduco. Y ningún gobierno independentista ha querido liderar ninguna negociación, al considerar el desgaste que comporta y que, por convicciones soberanistas, sería traicionar el discurso de demanda del Estado propio.

En todo caso, Aragonès sí ha señalado a Sánchez que, si quiere su apoyo, tendrá que comprometerse a reducir el déficit fiscal que sufre Cataluña ―entre 14.000 y 20.000 millones de euros, según el último cálculo de la Generalitat―, lo que supone más recursos directos para la Generalitat o bien incrementar la partida de inversiones en Cataluña o las transferencias para algunas competencias, como la sanitaria.

El capítulo barcelonés

El entonces ministro de Cultura, Jorge Semprún, anunció en 1989 la voluntad del Gobierno central de construir una biblioteca de grandes dimensiones en Barcelona. Hasta este 2023 no se ha derribado el edificio donde se construirá la infraestructura cultural al lado de la estación de Francia. Se prevé una inversión de 55 millones, pero no se inaugurará, al menos, hasta 2027. Las sucesivas partes del proyecto las deberá aprobar el nuevo Gobierno.

El edificio de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona es otra de las instalaciones que o bien sigue su función relacionada con la seguridad o se transforma en una biblioteca o memorial sobre la tortura ejercida en las instalaciones durante el régimen franquista. Lo que suceda en esta comisaría depende mucho de los pactos de gobierno que se alcancen o de los apoyos a según que candidaturas.

Si en algún ámbito el Govern teme la llegada de un Gobierno PP-Vox es en el educativo y, especialmente, en la lengua. Se espera que una de las primeras acciones de un eventual nuevo Ejecutivo conservador sea la elaboración de una nueva ley orgánica educativa que aumente la presencia del castellano en las aulas catalanas. La actual, la Lomloe, y por intervención de ERC, no establece porcentajes y permite que el peso de cada lengua cooficial se module, según la realidad de cada centro, siempre que al final de la ESO se logre el pleno dominio de ambas, una línea que han seguido las posteriores normativas catalanas.

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