Anna Erra: una cuidadora de las esencias independentistas para enterrar la etapa Borràs en el Parlament

Anna Erra (57 años) trabajó dando clases en una escuela concertada de Vic (Barcelona) durante dos décadas y ha escrito libros de texto para impartir docencia en secundaria. En política, ha encadenado ocho años como alcaldesa y acumula el doble de tiempo como concejal. Exjugadora de baloncesto y madre de tres hijos, está acostumbrada a dar instrucciones, pero para alcanzar la presidencia del Parlament se ha tenido que esmerar en no levantar demasiado la voz. Llega al mando de la cámara catalana de puntillas, tras esquivar un reguero de minas que han ayudado a sembrar algunos de sus propios compañeros de partido. El caso Laura Borràs, su antecesora, ha sumido a la institución en un vacío de poder durante casi un año y finiquitar la interinidad ha supuesto un dilema. Erra tendrá asignado un sueldo de unos 155.000 euros anuales.

Desde este viernes ya hay nueva presidenta del Parlament, la cuarta mujer que ocupa el cargo en democracia, por siete hombres, y desde el primer minuto Erra sabe que la va a perseguir la mirada fiscalizadora de Laura Borràs. La líder de Junts aceptó liberar la silla, pero con un encargo. Le manda a Erra derogar una disposición del reglamento del Parlament, en concreto, el artículo que motivó su suspensión como diputada cuando se le abrió la causa judicial por corrupción.

Durante la campaña electoral de las pasadas municipales, Junts per Catalunya hizo el acto final en Vic. La ciudad, burguesa y tradicionalista, no llega a los 50.000 habitantes, pero es un bastión del catalanismo conservador. Como antes hizo Convergència i Unió, Junts siente que juega en casa y gestiona Vic sin muchos sobresaltos. Erra ha resguardado bien la parcela, y el partido la mira con buen ojo. Fue la segunda dirigente de JxCat que más apoyos obtuvo en el congreso celebrado en julio de 2022, únicamente por detrás del secretario general, Jordi Turull.

La presidenta entrante no oculta su independentismo, pero tiene una manera de proceder que prioriza la constancia a la gestualidad, cuando suelta una estridencia, parece un accidente. Siendo diputada en el Parlament, a propósito de una campaña en defensa del uso del catalán, Erra reclamó a los “catalanes autóctonos” que no usaran el castellano ante personas que “por su acento o su aspecto físico” no parecen “catalanes”. Luego pidió disculpas y manifestó que no había pretendido sonar racista.

Erra reaccionó con sorpresa y desagrado cuando, en otoño de 2018, en plena agitación posterior al referéndum del 1-O, la Fiscalía le abrió una investigación porque, cada día, la megafonía de la plaza mayor de Vic emitía un recordatorio que a muchos resultaba chocante: “No normalicemos la situación de excepcionalidad y urgencia nacional. Recordemos cada día que hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro camino: la independencia de Cataluña”. La investigación quedó archivada. También permitió que se plantaran más de 2.000 cruces amarillas delante del Ayuntamiento, en lo que quería ser una acción de protesta por el encarcelamiento de los líderes del procés. El montaje terminó destrozado cuando un coche entró a la carrera en la plaza para arrollar las cruces.

Durante la campaña por las municipales del 28 de mayo, Anna Erra coprotagonizó un vídeo con Albert Castells, quien estaba designado para sucederla en la Alcaldía. La filmación trataba de pregonar que llegaba la hora de un relevo sin traumas en el Consistorio. Castells perdió la mayoría, pero podrá seguir mandando. Más apuros ha tenido que afrontar la alcaldesa saliente para tomar el relevo de Laura Borràs al frente del Parlament. Ocupar la silla de la jefa del partido le ha supuesto tener que meterse en la trinchera de la primera línea política y protegerse de las balas, a veces disparadas desde su propia retaguardia. Borràs avisó de que no estaba dispuesta a dejar la pista libre, alegando que resolver su expulsión del Parlament con un reemplazo ordinario supone acatar una “aberración democrática”.

Pese a estar condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad, Borràs insiste en que su causa judicial es una persecución política. Pretendía dejar la silla vacía como gesto de protesta, y cuando Jordi Turull le puso de manifiesto la inconveniencia que supone renunciar voluntariamente a cuotas de poder, Borràs trató de condicionar el relevo. Alegó que podía haber mejores opciones, pese a que Erra generaba consenso en el partido. Dentro de la dirección, se interpreta que la presidenta trató de sumar exigencias para acabar asegurándose unas contrapartidas. Por ejemplo, se mantiene en la cúpula de mando de Junts pese a la condena judicial que ha caído sobre ella y conserva cierta capacidad de influencia para decidir cargos y candidatos. Mientras, Erra estrena una nueva etapa.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal