28-M en Sabadell | La ciudad que surfea sobre la sombra de la corrupción

Una gran piscina de olas artificiales de 140 metros de largo y una superficie de 5.500 metros cuadrados. Es el plan que impulsa el gobierno municipal de Sabadell (PSC) para revitalizar la ciudad y atraer grandes inversiones, pero que ha generado críticas de la oposición y de los ecologistas. El proyecto se está convirtiendo en un caballo de batalla en esta campaña electoral en que los socialistas buscan revalidar victoria, mientras el resto de partidos intenta sacar rédito del caso Mercurio, de corrupción generalizada en el Ayuntamiento durante la etapa del también socialista Manuel Bustos.

En marzo del pasado año, la alcaldesa Marta Farrés sorprendía con el anuncio de la futura construcción de una piscina de olas artificiales para surfistas. Bautizado como SurfCity, ocupará un terreno de 30.000 metros cuadrados junto a otros equipamientos deportivos de la ciudad como la Bassa de Sant Oleguer o la pista cubierta de atletismo. La piscina en sí tendrá unos 140 metros de largo y 35 de ancho, y será capaz de generar olas de dos metros cada 15 segundos.

El proyecto es una iniciativa privada del empresario Jorge Quiñoa -vinculado al sector hotelero- que se compromete a invertir 14 millones de euros en su construcción y que deberá abonar al Ayuntamiento un canon anual de 41.700 euros durante 40 años -1,67 millones en total-. Los promotores estiman que el equipamiento podría recibir unos 160.000 usuarios al año, de los que 65.000 serían surfistas.

En cuanto al impacto ambiental, el inversor y el Ayuntamiento defienden que la energía que alimente la instalación provendrá de fuentes renovables, y que el agua utilizada será de las capas freáticas, que no se usan para el consumo humano. Precisamente los argumentos medioambientales son los que arguye la Plataforma en Defensa del riu Ripoll -formada por entidades ecologistas como Adenc y asociaciones de vecinos- para oponerse frontalmente al proyecto.

La plataforma asegura que “es una irresponsabilidad y menosprecio absoluto” tirar adelante una iniciativa de este tipo en el contexto de sequía y crisis climática, y alerta del impacto que tendrá ya la simple construcción del equipamiento, justo al lado de “una zona tan sensible como el río Ripoll”. Además, lamenta que no se haya hecho un estudio previo del impacto ambiental que tendrá y esgrime que la ciudad no necesita una infraestructura de estas características.

Ante las dudas y el volumen de alegaciones en este sentido recibidas, el Gobierno municipal anunció en febrero que encargaría a la Generalitat una evaluación ambiental, un trámite al que no está obligado, pero cuyas conclusiones el Consistorio se ha comprometido a acatar. Contando unos 18 meses de trámites administrativos y unos 15 meses de obras, el proyecto tardará en ser una realidad casi tres años. Eso, si al final se ejecuta, ya que no es la primera vez que el Ayuntamiento -entonces en manos de Manuel Bustos, amigo de macroproyectos urbanísticos- acaba archivando grandes planes, como el zoo o la Ciudad de la Música.

De momento, el pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el pasado julio la cesión del terreno al promotor, aunque este mes de mayo el Gobierno del PSC se quedó solo y perdió una moción que pedía su paralización, precisamente por este impacto ambiental. Y es que el proyecto se está convirtiendo en el caballo de batalla de esta campaña electoral. “El 28-M es un referéndum sobre el SurfCity”, sintetizó en el último pleno el alcaldable por ERC, Gabriel Fernàndez, principal partido de la oposición.

El hecho es que el polémico proyecto ha convulsionado el mismo equipo de gobierno. La segunda teniente de alcalde y concejal no adscrita -expulsada de Podem-, Marta Morell, cuyo voto dio la Alcaldía hace cuatro años a la socialista Marta Farrés, ha votado en contra del proyecto. Asimismo, la proximidad de las elecciones hizo que Junts -que sostiene también el Gobierno en minoría del PSC- y Ciudadanos se distanciaran y cambiaran su voto, de afirmativo hace un año a una abstención en el pleno de mayo.

Pero este proyecto no es el único que divide a los partidos. Sobre la mesa también tienen la prolongación del polémico Cuarto Cinturón, que actualmente muere en Terrassa, pero que la mayoría de formaciones -excepto ERC, los comunes o la CUP- quien hacer llegar a Sabadell, y si puede ser a Granollers, para crear una autovía orbital.

Los socialistas lograron hace cuatro años 10 de los 27 concejales del pleno, aunque ahora cuentan con uno menos tras la expulsión de un regidor -al que la alcaldesa acusa de amenazas y coacción, mientras él asegura tener pruebas de irregularidades en el Ayuntamiento-. Los republicanos son el segundo grupo -siete concejales-, a la espera de consolidar el crecimiento generalizado de hace cuatro años, mientras que el resto de partidos no supera los tres representantes. Farrés ha sorteado el mandato con la ayuda clave de los tres concejales de Junts -a cambio de cargos secundarios en el gobierno-, y busca mantener uno de los enclaves fuertes para el PSC, como es la quinta ciudad catalana más poblada, después de perderlo en el mandato anterior -en que ERC y la Crida (CUP) se repartieron la alcaldía-, a raíz del caso Mercurio.

Y es que la sombra de la corrupción en el Ayuntamiento que presidió durante casi 14 años Manuel Bustos -que cumple condena de tres años, aunque en semilibertad actualmente- todavía planea sobre el Consistorio. Y mientras todavía falta por juzgar las piezas de más enjundia, los partidos de la oposición buscan debilitar a su principal oponente -el PSC- vinculando el Gobierno de Marta Farrés -durante años concejala de Bustos-, con los resquicios de la corrupción de su predecesor.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal